En España, las niñas fueron jurídicamente invisibles hasta el año 2007, cuando la Ley de Igualdad las reconoce como sujeto explícito de una especial protección. En el último año, la legislación ha avanzado en la protección de sus derechos, pero siguen sin estar reflejadas de forma explícita.
En el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Plan International ha presentado la actualización 2018 del informe ‘Los derechos de las niñas en España’, que analiza la legislación española y la aplicación al derecho nacional de diferentes tratados internacionales para identificar en qué medida el ordenamiento jurídico español considera los derechos y las necesidades específicas de las niñas.
El informe, realizado con el apoyo de expertos de la firma Herbert Smith Freehills, concluye que las niñas fueron prácticamente invisibles en las leyes españolas hasta 2007, cuando se las reconoce por primera vez como sujeto explícito de una especial protección en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pero dentro de la categoría de ‘mujeres con especial vulnerabilidad’, no como sujeto de mayor vulnerabilidad respecto a la mujer. Según la actualización de 2018, en el último año la legislación ha avanzado en la protección de sus derechos, pero siguen sin estar reflejadas de forma explícita pese a sus necesidades específicas.
Debe designarse una relatoría especial de Naciones Unidas que vele por la realización efectiva de sus derechos
Relatoría especial por los derechos de las niñas
Plan International ha lanzado una serie de recomendaciones destinadas a poner fin a la situación de invisibilidad de las niñas en el ordenamiento jurídico. Entre ellas, la creación en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de una relatoría especial sobre los derechos de las niñas que visibilice sus necesidades específicas, emita informes con recomendaciones concretas para que los Estados protejan debidamente sus derechos y pueda realizar misiones a aquellos países donde los derechos de las niñas están más en riesgo.
“Setenta años después de la aprobación de la declaración de derechos humanos, las niñas siguen siendo prácticamente invisibles en el derecho internacional y nacional, por lo que consideramos necesaria una relatoría especial de Naciones Unidas que vele por la realización efectiva de sus derechos en todo el mundo e identifique cómo les impacta la intersección entre la edad y el género”, ha asegurado Concha López, directora general de Plan International.
Además, la organización pide a los Estados que inviertan en la generación de datos desglosados por edad y género, que permitan reflejar adecuadamente las realidades de las niñas y diseñar planes de acción específicos para ellas.
“A pesar de los avances de la legislación española en igualdad de género e infancia, este estudio pone en evidencia que el ordenamiento jurídico nacional generalmente invisibiliza a las niñas como sujeto de especial protección”, ha afirmado Miguel Riaño, socio director de la oficina de Herbert Smith Freehills en Madrid.
Plan International incorpora a la lista de recomendaciones la necesidad de aprobar una Ley integral de protección ante la violencia contra la infancia que contemple acciones y recursos específicos para proteger a las niñas; la aprobación de un Plan Nacional de Acción contra la violencia hacia las niñas y la necesidad de contar con datos desagregados, por sexo y edad, que permitan diseñar e implementar políticas eficaces destinadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Plataforma por los derechos de las niñas
Plan International ha lanzado hoy también la Plataforma de los Derechos de las Niñas en español, un repositorio que permite buscar y consultar 1.300 leyes y tratados internacionales y regionales, convenciones y resoluciones de Naciones Unidas para analizar cómo protegen los derechos humanos de las niñas.
La plataforma online, lanzada en febrero y ahora disponible en español, es una base de datos integral e interactiva sobre derechos humanos que proporciona un fácil acceso a los textos emanados de Naciones Unidas y organismos regionales, tanto vinculantes como no vinculantes, para consulta de políticos, juristas, activistas y otros grupos de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos.
