Este martes 18 de diciembre se ha debatido y aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la Proposición no de Ley (PNL) relativa a un Pacto de Estado por la infancia, un acuerdo que reivindicaban Plan International y todas las organizaciones que constituyen la Plataforma de Infancia.
“Este Pacto por la Infancia servirá para garantizar a largo plazo los derechos de todos los niños y niñas, especialmente de los más vulnerables, independientemente del partido de gobierno o la situación económica, acercándonos a un modelo de país que pone a la infancia en el centro de sus políticas”, ha afirmado Concha López, directora general de Plan International.
El pasado 13 de noviembre la mayoría de las fuerzas parlamentarias llegaron a un acuerdo para registrar la Proposición no de Ley para un Pacto por la Infancia a la que, finalmente, se sumaron todos los grupos parlamentarios. La PNL recoge las peticiones que se han trasladado desde la Plataforma de Infancia y sus organizaciones miembros, como Plan International, en materia de inversión en infancia, compromiso con la educación de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, y refuerzo del sistema de protección.
España destina alrededor del 1,3% del PIB a protección de la familia y la infancia, frente a la media europea del 2,4%, según Eurostat. La PNL de Pacto por la Infancia propone incrementarla de manera progresiva hasta alcanzar la media de la Unión Europea. Propone, además, incluir indicadores específicos para garantizar la identificación de las partidas destinadas a la infancia en los presupuestos públicos y mejorar las partidas que más reducen la pobreza infantil, como la prestación por hijo a cargo. Estas medidas beneficiarían a unos 2.485.000 niños y niñas y reduciría las tasas de riesgo de pobreza infantil y de pobreza infantil severa en un en un 18% y un 30%, respectivamente, teniendo un impacto considerable también en las cifras de pobreza de los adultos.
Por otra parte, el sistema educativo en España no logra compensar las desigualdades de origen, de forma que el nivel socioeconómico condiciona la trayectoria y el éxito educativo de niños, niñas y adolescentes, perpetuando la pobreza y la desigualdad. Ejemplo de ello es que el abandono educativo temprano ha caído para todos los niveles de renta entre 2008 y 2015 salvo para el 20% más pobre, en el que el 43% de niños y niñas abandona sus estudios. Por ello la PNL de Pacto por la Infancia propone establecer una cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para financiar conjuntamente la creación de 70.000 plazas públicas en escuelas infantiles que deberán ser gratuitas para las familias con menos recursos. De esta manera la tasa de escolarización en educación infantil se situaría en el 40,26%. Además, se ampliará la inversión en becas y ayudas al estudio para alcanzar la media europea del 0,44 % PIB en 2022.
Además, el Pacto de Estado por la Infancia deberá destinar recursos a reforzar el sistema de protección de la infancia y la adolescencia en nuestro país para garantizar la correcta implementación de los cambios que introdujo la ley 26/2015 del 28 de julio.
