Honduras eleva a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio

Para Plan International, la lucha contra el matrimonio infantil es una forma estratégica de promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres en diversos ámbitos. En América Latina, varios países, como el Salvador y República Dominicana, pasan por procesos similares.

El Congreso Nacional de la República de Honduras ha prohibido legalmente el matrimonio infantil en el país.  Las Diputadas y Diputados de la Cámara Legislativa aprobaron la eliminación del párrafo tercero del Artículo 16 del Código de Familia, el cual permitía a las niñas contraer matrimonio a los 16 años.

Y las niñas se han hecho sentir a favor de este cambio de ley. De manera decidida, María José, de 15 años, expresó que “en Honduras, el matrimonio infantil ha pasado inadvertido. Hay presión de la familia y de las amistades para que las niñas se casen con personas mayores, por embarazo, por vergüenza o incluso por interés, ya que les dicen que tendrán casa, que las mantendrán o que cuando muera la otra persona se quedarán con su dinero. Realmente las niñas vivimos en condición de vulnerabilidad”.

“Mientras que los daños causados por el matrimonio infantil son inquietantes, los beneficios de poner fin a esta práctica son transformadores y de largo alcance. La lucha contra el matrimonio infantil es una forma estratégica de promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres en diversos ámbitos, como la salud, la educación, el trabajo, la libertad ante la violencia y la participación en la vida pública”, explica Belinda Portillo, directora de Plan International Honduras. 

“El matrimonio forzado y las uniones tempranas son una grave violación de los derechos humanos. Estas prácticas nocivas ponen en riesgo de violencia, abuso, mala salud y embarazo precoz a las niñas. Estas prácticas les roban su infancia, les impiden completar su educación y limita sus posibilidades a futuro”, señala Concha López, directora general de Plan International en España. 

Con esta reforma al Código de Familia presentada por la diputada Fatima Mena, Plan International en Honduras y las instituciones aliadas (Onumujeres, UNFPA, UNICEF) esperan contribuir a la incorporación y permanencia de las niñas en el sistema educativo formal, quienes por contraer matrimonio a temprana edad, unión o embarazo, se ven afectadas en lograr su desarrollo pleno. 

EN LATINOAMERICA

Otros países en la región latinoamericana están el procesos similares. En República Dominicana el congreso debate actualmente una ley que prohibe el matrimonio a los menores de 18 años. Mientras, en El Salvador, mañana 13 de julio el Comité de la Familia se ha comprometido a discutir la reforma para prohibir el matrimonio de niños/as en el Código de Familia como su único tema de agenda. 

La dimensión real de la problemática en la región sigue siendo desconocida por la falta de información de calidad sobre la misma. Visibilizar el problema es el primer paso en la lucha contra esta práctica nociva. Y es que según las cifras manejadas, cada año 15 millones de niñas son víctimas del matrimonio forzado. En América Latina y el Caribe, aproximadamente 1 de cada 4 niñas se casan o contraen una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Niñas provenientes áreas rurales, hogares pobres y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a esta problemática en la región, explica Emma Puig de la Bellacasa, especialista en Género de la Oficina Regional de Plan International para América Latina y el Caribe. 

NUESTRA PROPUESTA

Plan International realiza una investigación sobre las causas y efectos del matrimonio forzado y las uniones tempranas en en varios países de  América Latina y del Caribe, buscando evidencia sobre las prácticas y actitudes sociales y culturales que promueven el matrimonio forzado y las uniones tempranas en la región. 

El programa 18+: Eliminando el matrimonio forzado y las uniones tempranas, desarrollado por Plan International para combatir la problemática, respondE a sus causas subyacentes a todos los niveles. Así, desarrolla estrategias y construye habilidades para que las comunidades donde trabajamos, y especialmente las niñas, puedan gozar de sus derechos. También hace hincapié en movilizar familias y comunidades a cambiar sus valores y normas sociales nocivas que sostienen la discriminación y promueven el acceso a una educación de calidad.