Miles de niñas, niños, jóvenes y docentes se han movilizado en toda España durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) para reclamar una educación digital equitativa que permita sostener el acceso al aprendizaje, especialmente en contextos de emergencia. Bajo el lema “Acción por la Educación: que la emergencia no desconecte el derecho a aprender”, la iniciativa, impulsada por la Campaña Mundial por la Educación (CME) -una coalición liderada en España por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas, Plan International y Madre Coraje-, ha reunido entre el 27 de abril y el 4 de mayo a centros educativos, organizaciones sociales y representantes institucionales en actos celebrados en calles, colegios y parlamentos autonómicos de siete comunidades autónomas. A lo largo de estos días, actos en la calle, centros educativos y parlamentos autonómicos sirvieron para reclamar que, ante conflictos armados, crisis climáticas, emergencias sanitarias o desplazamientos forzosos, la educación —también en su dimensión digital— sea una prioridad garantizada por los Estados. El alumnado reivindicó la educación como herramienta de protección, estabilidad y construcción de futuro incluso en los contextos más adversos. Desde la CME, se ha puesto el foco en un dato alarmante: por lo menos 234 millones de niños, niñas y adolescentes afectados por crisis requieren apoyo educativo urgente para no quedar atrás.  Niñas, niños y jóvenes reclamaron infraestructuras educativas resilientes, apoyo psicosocial, espacios seguros y una educación con enfoque de derechos humanos y de género, recordando que las emergencias amplifican desigualdades ya existentes y afectan con mayor dureza a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente a las niñas y adolescentes. La voz del alumnado llega a parlamentos y espacios públicos Durante la SAME 2026, siete comunidades autónomas acogieron acciones de incidencia y sensibilización. En Navarra, el Parlamento foral abrió su Salón de Plenos al alumnado participante en el acto central de la campaña, donde se dio lectura al manifiesto SAME 2026 y se defendió la necesidad de garantizar el acceso equitativo a la educación digital en situaciones de emergencia. Además, en Tudela, más de 400 niños y niñas se movilizaron para reclamar herramientas que permitan ofrecer continuidad educativa ante cualquier crisis. En Galicia, centros educativos de diferentes municipios impulsaron actividades participativas y simbólicas, como un baile colectivo por la educación en Pontevedra. Más de un centenar de representantes estudiantiles de las cuatro provincias de Galicia se dieron cita en el Parlamento gallego para debatir sobre educación digital. Por su parte, el 30 de abril, en la Comunidad Valenciana, cientos de estudiantes participaron de gincanas, muralismo, reflexiones y una sesión de batucada frente a las Torres de Serranos para defender el derecho a la educación digital. En la tarde, representantes  de la Campaña Mundial por la Educación presentaron en Les Corts el informe Educación Negada, Futuros truncados, acompañado de un coloquio entre representantes políticos y sociedad civil. En Cantabria, Andalucía y Castilla y León, también se impulsaron talleres de artivismo, lecturas públicas del manifiesto, encuentros universitarios y acciones en espacios comunitarios. Las movilizaciones continuarán el 9 con  un acto en Melilla, que reunirá a más de 400 niñas, niños y jóvenes, y también el 19, con un acto de incidencia en la Universidad de Valladolid. Educación digital: una herramienta clave, no un privilegio La CME alertó de una realidad preocupante: mientras las tecnologías educativas continúan creciendo como sector económico, 1 de cada 4 personas en el mundo no tiene acceso a internet, y en los países en desarrollo solo el 29 % de mujeres y niñas dispone de conexión. En este contexto, el Manifiesto SAME 2026, “¡El mundo arde, la educación no se detiene!”, subraya que la educación digital no sustituye a la presencial, pero sí es una herramienta clave para sostener el derecho a la educación cuando las escuelas no son accesibles. “Reimaginar la educación para un mundo en crisis significa entender que el aprendizaje es el puente hacia la justicia global. No podemos permitir que las emergencias decidan quién aprende y quién queda atrás”, afirmó Mariluz Aparicio, coordinadora de la Campaña Mundial por la Educación en España. Con el cierre de la SAME, la comunidad educativa lanza un mensaje inequívoco a las administraciones públicas y a la comunidad internacional: invertir en educación, también en educación digital inclusiva y segura, es invertir en protección, equidad y futuro. Como han recordado miles de estudiantes en toda España durante esta semana, el mundo puede estar en crisis, pero la educación no puede

Un nuevo informe del Integrated Food Security Phase Classification (IPC), respaldado por Naciones Unidas y el Gobierno de Sudán del Sur, alerta de un grave deterioro de la seguridad alimentaria en el país. Según el estudio, 73.000 personas ya se encuentran en situación de hambruna y cuatro zonas del país presentan un riesgo crítico. El informe advierte de que 7,8 millones de personas podrían verse pronto afectadas por condiciones de hambre extrema, mientras que 2,2 millones de niños y niñas sufren desnutrición, en un contexto que sitúa a Sudán del Sur entre las crisis alimentarias más graves del mundo en la actualidad. Reshma Azmi, Directora de Plan International en Sudán del Sur, ha señalado: “Las conclusiones de este informe son profundamente alarmantes. Entre abril y julio, cuatro zonas del país corren un riesgo crítico de hambruna, lo que podría afectar a casi ocho millones de personas. Sin una intervención inmediata, miles de niños, niñas y familias se enfrentan a un riesgo real de morir de hambre”. Azmi explica que la combinación de un conflicto prolongado, el desplazamiento masivo de población y el colapso económico está llevando a la infancia a una situación extrema. “Se estima que 2,2 millones de niños y niñas sufren desnutrición, mientras que el fuerte aumento de los precios de los alimentos hace que una dieta mínima y esencial sea inalcanzable para muchas familias”, añade. El impacto es especialmente severo en niñas y mujeres jóvenes, que en contextos de hambre suelen ser las últimas en comer y las primeras en quedarse sin alimentos. A ello se suma un mayor riesgo de matrimonio infantil, a medida que la pobreza empuja a las familias a tomar decisiones desesperadas para sobrevivir. La situación nutricional de las mujeres también se agrava. El número de mujeres embarazadas y lactantes que necesitan tratamiento nutricional ha aumentado de 1,1 a 1,2 millones, reflejo de una crisis que sigue intensificándose. “La situación se deteriora rápidamente. El margen de actuación se está cerrando y es urgente actuar ahora para salvar vidas”, concluye

Ante la aprobación hoy en el Consejo de Ministros de la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), Plan International valora positivamente el impulso de nuevas medidas para mejorar la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, asegurar su derecho a ser escuchados y a la reparación, y garantizar su interés superior. La organización, que lleva casi 90 años trabajando por los derechos de la infancia en todo el mundo e impulsando la participación y escucha de las voces de las niñas, niños y jóvenes en todos los espacios de toma de decisiones que les afectan directamente; considera especialmente importante en el marco de la LOPIVI reforzar la prevención y protección frente a la violencia en el ámbito judicial, con medidas orientadas a una justicia especializada y adaptada a la infancia, así como el impulso de iniciativas que mejoren la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género. “Es fundamental avanzar hacia una justicia verdaderamente adaptada a la infancia, que garantice el derecho de todos los niños y niñas a ser escuchados, así como su protección y reparación cuando son víctimas de violencia, evitando cualquier forma de revictimización o exposición a más violencia institucional durante los procesos”, afirma Virginia Saiz, directora general de Plan International en España. Plan International recuerda que, casi cinco años después de la aprobación de la LOPIVI, todavía queda mucho por hacer para lograr el desarrollo e implementación completa de esta ley en todos los territorios. “El avance normativo es importante, pero ahora el reto está en garantizar una implementación efectiva y coordinada de la ley, con todos los recursos necesarios y sin generar desigualdades entre territorios”, señala Virginia Saiz. En este sentido, la organización subraya la importancia de reforzar la coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas para asegurar el desarrollo de figuras clave previstas en la ley, como los coordinadores y coordinadoras de bienestar en centros educativos y los delegados y delegadas de protección en actividades de ocio y tiempo libre. Asimismo, Plan International insiste en la necesidad de avanzar en medidas pendientes como la creación del Registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que permita contar con información confiable y actualizada para mejorar la prevención y respuesta frente a la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes. La organización confía en que la tramitación parlamentaria de esta reforma cuente con un amplio apoyo político y contribuya a reforzar la prevención de la violencia y la protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes, sin debilitar los avances logrados hasta

Plan International muestra una profunda preocupación por la última actualización de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) para el Líbano, que prevé que 1,2 millones de personas en el país afrontarán niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda entre abril y agosto de 2026. La situación más grave se da en el sur del país, que ha sido objeto de intensos bombardeos desde principios de marzo, a pesar del alto el fuego en curso. En reacción a estos datos, la directora de programas de Plan International en el Líbano, Alam Janbein, afirmó: “La última actualización del IPC es una advertencia contundente. Se prevé que más de un millón de personas en el Líbano afronten inseguridad alimentaria aguda en los próximos meses, con niños, niñas y familias ya sometidos a una enorme presión debido a las dificultades económicas, el desplazamiento y los efectos acumulativos del conflicto. Detrás de estas cifras vemos hogares llevados al límite, incluidos los de personas refugiadas, personas desplazadas internamente y comunidades que aún tratan de recuperarse de viviendas dañadas, medios de vida interrumpidos y el aumento vertiginoso del coste de la vida. Para las niñas, el deterioro de la seguridad alimentaria tiene consecuencias inmediatas y a largo plazo. Cuando las familias están bajo presión, las niñas suelen ser las primeras en reducir su ingesta de alimentos, las primeras en abandonar la escuela y las más expuestas a riesgos como la explotación, el matrimonio infantil y otras formas de violencia basada en género. El empeoramiento previsto se debe en parte a la insuficiencia de la ayuda humanitaria. Plan International hace un llamamiento urgente a los donantes y a la comunidad internacional para que aumenten el apoyo al Líbano, protejan e incrementen la financiación destinada a la asistencia alimentaria y a los servicios esenciales, e inviertan en la recuperación a largo plazo del país. Sin una acción sostenida ahora, más familias se verán empujadas a una crisis aún más profunda. Instamos a todas las partes a respetar el alto el fuego para evitar que esta situación siga

Una amplia mayoría de la juventud andaluza percibe que la tecnología tiene hoy más influencia en la sociedad que la política (73 % los chicos y 57 % de las chicas), mientras que en torno al 80 % cree que los políticos mienten y no los escuchan, según revela el estudio “Así Somos, el estado de la adolescencia en Andalucía”, presentado hoy por Plan International en Sevilla.  La investigación radiografía las opiniones, expectativas y preocupaciones de adolescentes y jóvenes andaluces de entre 12 y 21 años, y confirma una clara desafección política, especialmente entre las chicas: solo el 25 % se muestra satisfecha con la situación política actual, frente al 33 % de los chicos. Una percepción crítica que se extiende también a la situación mundial y al futuro, que casi la mitad de ellas asocia con sentimientos negativos.  “La adolescencia y la juventud andaluza no es indiferente ni pasiva; es crítica y profundamente consciente del mundo en el que vive. Pero a día de hoy no se siente escuchada ni tenida en cuenta en las decisiones que afectan a su presente y a su futuro”, señala Virginia Saiz, directora general de Plan International. “Escuchar a chicas y chicos, comprender sus preocupaciones y traducirlas en políticas públicas reales no es opcional: es imprescindible si queremos una sociedad más justa e inclusiva. Por eso, pedimos a todos los partidos que pongan en el centro de sus campañas electorales a los y las adolescentes de Andalucía”.  Igualdad, presión estética, bienestar emocional y violencia de género: brechas de género persistentes  Las diferencias de género atraviesan buena parte de los resultados del informe. Las chicas andaluzas reportan mayor presión estética, más problemas de bienestar emocional y mayor exposición a situaciones de acoso o violencia sexual: el 14 % afirma haberlas vivido, frente al 9 % de los chicos.  Aunque existe un rechazo generalizado a la violencia de género, el estudio revela una preocupante tolerancia hacia ciertas formas de control y violencia, especialmente entre los chicos. Más de la mitad de los chicos (55 %) y casi un tercio de ellas (33 %) toleran de algún modo comportamientos de control en la pareja como revisar el móvil, no permitir que quede con amigos chicos o querer saber dónde está en cada momento. Además, casi 4 de cada 10 de ellos (37 % frente al 18 % de ellas) justificaría de algún modo una agresión física y el 40 % de ellos y el 19 % de ellas considera aceptable que un chico grite o insulte a su pareja en público.   Además, el 74 % de los chicos teme ser acusado injustamente de violencia de género, evidenciando la necesidad de trabajar la educación en igualdad desde enfoques integrales.  Mundo digital: entre la oportunidad y el riesgo  El estudio confirma un uso intensivo del entorno digital: más de 4 de cada 10 adolescentes andaluces pasan tres o más horas al día en redes sociales entre semana, y alrededor de 6 de cada 10 ha utilizado herramientas de inteligencia artificial como apoyo académico. Sin embargo, este uso convive con una creciente preocupación por la seguridad y la privacidad, especialmente entre las chicas.  El 85 % de ellas teme que se reenvíen fotos o vídeos suyos sin consentimiento (frente al 66 % de los chicos) y el 82 % de ellas (frente al 72 % de ellos) expresa miedo ante el uso de la IA para crear contenido sexual falso o manipulado. Además, el acceso a contenidos sexuales, violentos o relacionados con salud mental es una realidad habitual para más de la mitad de los chicos y chicas.  Educación, salud, ocio y satisfacción vital  Pese a todo, más de 8 de cada 10 adolescentes andaluces se muestra satisfecho con su vida, especialmente con sus relaciones familiares, de amistad y su tiempo libre. También con sus estudios: el 76 % valora positivamente su rutina escolar y cerca del 80 % considera que sus estudios les ayudarán en su desarrollo profesional.  En el ámbito de la salud, aunque la satisfacción general es alta, persiste una brecha de género en salud mental: el 14 % de las chicas declara problemas concretos, frente al 5 % de los chicos, y casi 4 de cada 10 de las chicas y casi un tercio de los chicos ha sufrido ataques de ansiedad o pánico.  Escuchar para transformar  Plan International subraya que este informe ofrece evidencias clave para el diseño de políticas públicas con enfoque generacional y de género, y hace un llamamiento a las instituciones a incorporar de forma real la voz de adolescentes y jóvenes en los procesos de toma de decisiones.   “Si no entendemos cómo viven, qué les preocupa y qué esperan del futuro las personas jóvenes, difícilmente podremos construir respuestas eficaces y justas. Escuchar no puede ser un gesto simbólico, tiene que traducirse en políticas concretas”, concluyó la directora general de Plan

Plan International está profundamente alarmada por el deterioro de la situación de seguridad en gran parte de Sudán, donde en los últimos días se han registrado nuevos ataques en los estados de Kordofán, Nilo Azul y Darfur del Norte.  Muchos de estos ataques se han llevado a cabo con drones y han causado la muerte de civiles, entre ellos tres familiares de un miembro del personal de Plan International en Kordofán del Norte.  Un camión de ayuda que transportaba suministros de socorro para ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, también fue alcanzado por un dron el viernes.  En reacción al reciente repunte de la violencia en todo Sudán, el director de país de Plan International, Mohamed Kamal, ha declarado:  “Este fin de semana hemos visto una intensificación de la violencia en varios estados de Sudán. Estos ataques siguen poniendo en riesgo a las familias, incluidos los niños y las niñas, y resultan extremadamente alarmantes. Aún no conocemos la magnitud total de los daños en Kordofán, Nilo Azul y Darfur, pero sabemos que barrios residenciales y mercados han sido alcanzados, y hemos sabido por uno de nuestros compañeros en Kordofán del Norte que ha perdido a miembros de su familia.  El deterioro de la situación en Sudán está agravando una crisis humanitaria ya de por sí grave. Estamos ampliando nuestra respuesta en Kordofán del Norte y Nilo Azul, pero somos conscientes de los ataques a convoyes de ayuda en los últimos días.  El ataque a convoyes humanitarios es inaceptable. El último ataque en Darfur del Norte se produce en un momento en el que las necesidades siguen aumentando, lo que agrava aún más el impacto sobre la respuesta humanitaria.  Los niños y las niñas, especialmente las niñas, se ven desproporcionadamente afectados por el conflicto en Sudán. Plan International hace un llamamiento urgente a todas las partes en conflicto para que cesen de inmediato los ataques contra la población y las infraestructuras civiles, respeten el Derecho Internacional Humanitario, protejan al personal humanitario y los suministros, y garanticen un acceso seguro y sin obstáculos para la prestación de ayuda vital.  Hace solo unas semanas participamos en la tercera Conferencia Internacional sobre Sudán en Berlín, donde pedimos un alto el fuego humanitario. Dado que la situación en el país sigue deteriorándose, reiteramos hoy con urgencia ese

Cientos de jóvenes, representantes de la comunidad educativa y miembros de la sociedad civil se movilizan para defender el derecho a la educación digital, sobre todo en contextos de emergencias. España se suma a los más de 120 países que se movilizan para garantizar el derecho a la educación pública, inclusiva y de calidad en todos los contextos. La Campaña Mundial por la Educación (CME) alerta que la brecha digital, la desinversión educativa y el aumento de conflictos y crisis climáticas ponen en riesgo el aprendizaje de millones de niños, niñas y jóvenes. El mundo vive una crisis educativa sin precedentes. Conflictos armados, desastres climáticos, desplazamientos forzosos y crisis económicas están interrumpiendo el aprendizaje de millones de niños, niñas y jóvenes. Al menos 234 millones de estudiantes necesitan apoyo urgente para acceder a una educación de calidad en contextos de emergencia —una cifra que sigue creciendo año tras año. Este año, la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que tendrá lugar del 27 de abril al 3 de mayo, pone el foco en la necesidad de garantizar la Educación Digital, sobre todo, en contextos de emergencias, para que el aprendizaje no se detenga incluso en los escenarios más adversos. Centros educativos, organizaciones sociales y miles de personas en más de 120 países se movilizan para defender el derecho a la educación como pilar esencial de la acción humanitaria. En España, esta iniciativa se articula a través de la coalición estatal de la Campaña Mundial por la Educación, liderada por las ONG Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas, Madre Coraje y Plan International, que coordinan las acciones de incidencia y movilización en más de 7 comunidades autónmas. Durante esta semana, la coalición llevará a cabo actividades en distintos puntos del país —desde encuentros en centros educativos hasta acciones públicas— con un objetivo claro: trasladar a las instituciones la urgencia de garantizar el derecho a la educación también en contextos de emergencia, poniendo el foco en la brecha digital como uno de los principales factores de desigualdad educativa en la actualidad. Educación en emergencias y educación digital: un derecho imprescindible La educación es uno de los primeros derechos en ser interrumpido durante una emergencia y, sin embargo, es uno de los más cruciales para proteger la vida, la seguridad y el bienestar emocional de la infancia. En esta edición, la SAME incorpora un énfasis especial en la educación digital, un recurso que demostró su importancia durante la pandemia y que hoy es clave para garantizar la continuidad educativa en todos los contextos. Pero la Campaña Mundial por la Educación advierte: la tecnología por sí sola no soluciona las desigualdades. “No podemos hablar de educación sin hablar de digitalización, pero tampoco podemos permitir que esa digitalización amplíe las desigualdades existentes. Garantizar el derecho a la educación hoy pasa por asegurar que todos los niños y niñas, vivan donde vivan, tengan acceso a herramientas digitales, conectividad y acompañamiento educativo, especialmente en contextos de emergencia”, señala Mariluz Aparicio, Coordinadora de la Campaña Mundial por la Educación (CME) en España. Actualmente, una cuarta parte de la población mundial sigue desconectada, y las brechas de acceso, uso y género amenazan con dejar atrás a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. En los países de ingresos bajos, 9 de cada 10 niñas y mujeres jóvenes no tienen acceso a internet. Experiencias recientes en Pakistán, Ucrania o Líbano muestran que, a pesar de que las tecnologías son una ayuda, sin conectividad, energía estable, formación docente y contenidos adecuados, no son suficientes para garantizar el derecho a aprender. El mayor obstáculo: la falta de financiación Pese a su importancia, la educación en emergencias recibe menos del 3% de la ayuda humanitaria global. La desinversión educativa y los recortes en cooperación internacional amenazan con dejar a 6 millones más de niños y niñas fuera de la escuela en 2026. Además, la carga de deuda externa limita la capacidad de muchos países para invertir en educación: en los países de ingresos bajos y medios-bajos, el servicio de la deuda casi triplica el presupuesto educativo. Demandas de la Campaña Mundial por la Educación  Con los actos de movilización e incidencia, este año, la CME insta al Gobierno de España y a las administraciones públicas a: Comprometerse con una financiación sostenible a la educación en Emergencias, que priorice las organizaciones locales, y realizar aportes estables a fondos internacionales como Education cannot Wait.  Priorizar la preparación de los docentes y las escuelas ante situaciones de emergencias, acogiéndose a la Declaración de Escuelas Seguras El cumplimiento de la Carta de los Derechos Digitales, por un internet y herramientas que permitan acceso universal a la conexión, soberanía digital y modelos multimodales de aprendizaje.  SAME 2026: una movilización global Del 27 de abril al 3 de mayo, centros educativos, alumnado, profesorado y organizaciones sociales participarán en actividades, talleres, acciones de movilización y actos con parlamentarios autonómicos en toda España para exigir que la conectividad y la digitalización sean una herramienta a la que todas y todos tengan acceso, sobre todo cuando lo demás falla. Sobre la CME La CME es una coalición internacional formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo que se movilizan para reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos internacionales firmados por los Estados para garantizar el acceso a una educación de calidad para todas las personas del mundo. En España la coalición es liderada por las ONG Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas, Madre Coraje  y Plan International. La CME nace en el año 1999 con el objetivo de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía como portavoces y activistas del Derecho a la Educación e incidir en los representantes políticos para que cumplan sus compromisos con el derecho a la

En respuesta al anuncio de un alto el fuego de 10 días en el Líbano, la directora de Programas de Plan International en el Líbano, Alam Janbein, declaró:  “El anuncio es lo que todas las familias desplazadas han estado esperando. Supone un momento de alivio y esperanza; esperanza de volver a casa, de reconstruir, de recuperar cierto sentido de normalidad.  Pero este momento también está lleno de una profunda incertidumbre y miedo. Muchas familias se preguntan si esta calma se mantendrá más allá de los diez días o si se verán obligadas a huir una vez más. El temor a un desplazamiento repetido sigue siendo muy real.  Para innumerables familias, el camino de regreso a casa no es sencillo. Más de 140.000 personas viven en refugios temporales. Muchas lo han perdido todo: sus hogares, sus medios de vida y el acceso de sus hijos e hijas a la educación. Las carreteras están dañadas, los servicios interrumpidos y, aun en los casos en los que las viviendas siguen en pie, el futuro sigue siendo incierto. Para algunas, simplemente no queda nada a lo que volver.  Plan International seguirá intensificando sus esfuerzos para apoyar a los niños, niñas y familias en el Líbano, ya que las necesidades humanitarias siguen siendo enormes.  Más de 2.000 vidas se han perdido, 172 de ellas de niños y niñas.  Este alto el fuego debe ser algo más que un alivio temporal. Lo que la población necesita ahora es una paz sostenida, condiciones seguras para el retorno y apoyo para reconstruir sus vidas con

Ante la reunión de líderes europeos que tendrá lugar hoy sobre medidas de seguridad digital para menores, convocada por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, la ONG especialista en infancia y juventud Plan International valora positivamente el anuncio del presidente del Gobierno hecho en febrero sobre la regulación del acceso de menores de 16 años a plataformas digitales, y reitera a todos los grupos políticos la necesidad de alcanzar un consenso urgente y amplio para aprobar el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. La organización da la bienvenida al control del acceso a las plataformas digitales y recuerda que la inteligencia artificial debe formar parte de esta propuesta. La prohibición de redes sociales para menores de 16 años debe ir acompañada de sistemas de verificación de edad para evitar la exposición a contenidos perjudiciales y nocivos que puedan afectar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en todos los espacios digitales, incluidos los asistentes de inteligencia artificial. Además, Plan International subraya que la protección digital requiere medidas complementarias, especialmente la educación desde edades tempranas en el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías. Esta educación debe incluir alfabetización digital, privacidad, ciberseguridad, pensamiento crítico, ética digital e inteligencia artificial, en todos los niveles y adaptada a cada ciclo educativo, integrando asimismo educación emocional y educación afectivo-sexual integral. Según datos del informe Así somos: el estado de la adolescencia en España (2025), basado en 3.500 encuestas a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años, más del 70% de son conscientes de los diferentes riesgos y un tercio considera que le dedica un tiempo excesivo a las plataformas digitales. Hasta un 17 % reconoce tener adicción al móvil. Por ello, Plan International reclama que la regulación combine protección, educación y participación activa de la adolescencia, reconociéndola como sujeto de derechos digitales. Más allá de las redes sociales, los y las adolescentes se enfrentan a riesgos derivados del diseño de las plataformas, la gobernanza de los algoritmos y la viralización de la violencia y los discursos de odio. Por ello, Plan International considera imprescindible que los responsables de las plataformas rindan cuentas y respondan ante la necesidad de eliminar contenidos dañinos o violentos. Asimismo, la organización insiste en incorporar la perspectiva de género, ya que niñas y adolescentes están expuestas en mayor medida a todas las formas de violencia digital, incluyendo el acoso, la difusión de imágenes sexuales no consentidas y el ciberbullying. Más del 80% manifiesta preocupación por el uso de la inteligencia artificial para la creación de contenidos falsos de carácter sexual y por la difusión no consentida de mensajes, fotos o vídeos

Sudán sigue enfrentándose a la peor crisis humanitaria del mundo, y son las niñas y las mujeres quienes soportan la carga más pesada de un conflicto prolongado que no deja de intensificarse.  Se estima que 12 millones de personas —una cuarta parte de la población— están en riesgo de sufrir violencia de género, incluyendo violaciones y agresiones sexuales. Estos riesgos se ven agravados por el colapso del sistema sanitario: los ataques contra hospitales y centros de salud, cada vez más frecuentes y a menudo mediante drones, están reduciendo drásticamente la capacidad de atender a las supervivientes justo cuando estos crímenes se cometen de forma generalizada. Muchas de ellas se quedan sin acceso a atención médica de emergencia, apoyo psicosocial o protección legal.  Al mismo tiempo, el conflicto está desmantelando el sistema educativo. Más de 14 millones de niños y niñas —en su mayoría niñas— no pueden asistir a la escuela. Los centros educativos han sido dañados, ocupados o atacados deliberadamente, en violación del derecho internacional humanitario. Según investigaciones de Plan International, entre la infancia fuera del sistema educativo ha aumentado el número de niñas que señalan el matrimonio como principal motivo para abandonar la escuela desde el inicio de la guerra. Una generación entera está siendo apartada de las aulas, lo que incrementa su riesgo de explotación, embarazo precoz y pobreza a largo plazo.  La crisis se agrava en un contexto de desplazamiento masivo y colapso de servicios básicos. Más de 12 millones de personas han sido desplazadas —muchas de ellas en múltiples ocasiones—, y 4 están ya refugiados en otros países limítrofes, mientras las líneas del frente continúan cambiando. Mientras, la intensificación del conflicto en Oriente Medio, la interrupción del tráfico marítimo en el mar Rojo y el cierre de la frontera con Chad están contribuyendo al aumento de los precios de los alimentos en un momento en que muchas familias ya se encuentran al límite.  “Este conflicto ha devastado Sudán. La juventud está perdiendo el acceso a la educación, los hospitales están en ruinas y las comunidades se están desintegrando. Las consecuencias a largo plazo se sentirán durante generaciones si no actuamos ahora”, afirmó Mohamed Kamal, director de Plan International en el país.  Decenas de miles de personas —según cifras oficiales, aunque se estima que son muchas más— han muerto desde el inicio del conflicto. A medida que entra en su cuarto año, la violencia continúa extendiéndose por todo el país, más recientemente hacia el estado de Nilo Azul. Los ataques con drones contra escuelas y hospitales son cada vez más frecuentes, especialmente en la región de Kordofán.  Las condiciones cercanas a la hambruna se han extendido a nuevas zonas del país: más de 21 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Los niños y niñas, cuyos sistemas inmunitarios aún no están plenamente desarrollados, y las mujeres, que a menudo son las últimas en recibir alimentos en contextos de escasez, enfrentan mayores riesgos para su salud.  Cuando los combates llegaron a su aldea, Rania, de 15 años, huyó con su familia a Chad. Ahora viven en el campamento de Aboutengue, junto a otros 46.000 refugiados sudaneses.  “Por la noche no hay luz ni electricidad. No me gusta salir por la noche. No me siento segura aquí; es peligroso para las niñas por la noche. Podemos oír disparos”, relató.  Plan International y sus socios en el este de Chad han construido dos espacios temporales de aprendizaje y dos espacios seguros para la infancia en Aboutengue. Estos espacios buscan promover la salud mental, el bienestar psicosocial, el juego y la interacción social.  “Ir a la escuela y usar el centro me está ayudando a llevar una vida más normal”, añadió Rania.  En un contexto en el que la atención de líderes mundiales y donantes se centra cada vez más en Oriente Medio, es fundamental que Sudán no caiga en el olvido. Nuestro personal continúa trabajando en todo el país a pesar de los grandes riesgos personales: más de 120 trabajadores humanitarios han sido asesinados desde el inicio del conflicto. Al mismo tiempo, los convoyes humanitarios se enfrentan a un laberinto de controles, amenazas de drones y cierres fronterizos, lo que deja alimentos y suministros bloqueados mientras las necesidades se disparan.  Se estima que más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente, y el plan de respuesta sigue estando gravemente infra financiado.  Respuesta de Plan International a la crisis regional  Plan International está respondiendo en el este de Sudán, en el estado de Nilo Blanco, en Kordofán Norte, Kordofán Sur y Darfur Norte, todas ellas zonas que han sufrido intensos combates. Nuestro trabajo se centra en la protección de la infancia, la educación, el apoyo a supervivientes de violencia sexual y de género y la provisión de asistencia alimentaria.  El conflicto ha devastado infraestructuras clave del país: escuelas, hospitales, sistemas de agua y mercados han sido dañados o destruidos, lo que supone un retroceso de décadas en el desarrollo y erosiona las oportunidades para la próxima generación.  Más de 4 millones de personas sudanesas han huido a países vecinos, incluidos Etiopía, Sudán del Sur y Chad, donde Plan International también trabaja. En estos contextos, las niñas y las mujeres enfrentan riesgos similares de violencia, explotación y matrimonio forzado, a menudo en campamentos masificados y asentamientos informales con servicios limitados.  “Necesitamos una respuesta humanitaria ampliada de forma drástica. Esto solo será posible con una mayor financiación, en un momento en que los presupuestos de ayuda se están reduciendo. Sin respaldo financiero, se perderán vidas —y el futuro de las niñas y las jóvenes en Sudán—”, concluyó

Los ataques registrados esta semana en el Líbano suponen una nueva y alarmante escalada para la población civil, especialmente para la infancia, tras más de 100 bombardeos en apenas unos diez minutos en los que han muerto cientos de personas.  En reacción a lo ocurrido, el director de Programas de Plan International en el Líbano, Alam Janbein, declaró:  “Lo que hemos presenciado durante esa noche es otra escalada aterradora para la población civil en el Líbano, y especialmente para la infancia, que vuelve a pagar el precio de un conflicto en el que no tiene ninguna responsabilidad.  Aunque se ha anunciado un alto el fuego en otras partes de la región, muchas personas en el Líbano esperaban que marcara el inicio de un camino hacia la paz y la estabilidad. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció rápidamente ante una intensa escalada, con más de 100 ataques aéreos registrados en cuestión de minutos. Las consecuencias han sido devastadoras: al menos 200 personas murieron durante la noche y 890 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud. En total, más de 1.700 personas han muerto hasta ahora, entre ellas más de 120 niños y niñas.  La población civil está siendo asesinada y herida en ataques desproporcionados a gran escala contra zonas pobladas, a menudo sin previo aviso y en medio de la vida cotidiana. Pueblos enteros están siendo arrasados y se están destruyendo infraestructuras vitales.  Las familias se ven obligadas a huir una y otra vez, mientras el acceso a servicios esenciales se desploma en el momento en que más se necesita. Hospitales y clínicas están cerrando o funcionando con capacidad reducida, y las escuelas se están utilizando como refugios, lo que interrumpe la educación de cientos de miles de niños y niñas.  Más de 1,1 millones de personas han sido desplazadas, entre ellas más de 370.000 niños y niñas. El desplazamiento aumenta los riesgos para la infancia, especialmente para las niñas, en refugios masificados y desconocidos, al tiempo que les priva de educación, protección y sistemas de apoyo.  Nuestros equipos trabajan sin descanso para proporcionar asistencia vital a las familias desplazadas —incluyendo alimentos, agua, transferencias en efectivo y suministros esenciales—, pero no podemos operar bajo bombardeos constantes.  Necesitamos protección inmediata para la población civil, acceso humanitario seguro y sostenido, y financiación urgente para ampliar nuestra respuesta. Sin ello, la magnitud y la gravedad del daño seguirán

Un 36 % de las chicas y 27 % de los chicos reconoce pasar más tiempo del que le gustaría en redes sociales. El 15 % de las chicas declara sufrir trastornos de salud mental, el doble que los chicos, según el informe Así Somos de Plan International. Más de 6 de cada diez chicos y chicas temen volverse adictos al móvil y las redes o dejar de hacer otras actividades por pasar tiempo online. Plan International manifiesta su preocupación ante la falta de avances legislativos en España para garantizar una protección efectiva de la infancia, la adolescencia y la juventud en el entorno digital y urge a un acuerdo de país que permita aprobar la ley de protección de la infancia en el entorno digital cuanto antes, en un contexto marcado por los recientes fallos judiciales en Estados Unidos, que refuerzan la necesidad de actuar ante los riesgos crecientes en estas plataformas. Plan International, organización que defiende los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas en más de 80 países, advierte de que, ya sea por la ausencia de consenso político o por falta de voluntad, siguen bloqueadas iniciativas clave e insta a todos los grupos parlamentarios a alcanzar un acuerdo que permita aprobar la ley de protección de la infancia en el entorno digital, incorporando de forma explícita obligaciones legales a las plataformas para garantizar los derechos de la infancia. “España no puede seguir llegando tarde a la protección de la infancia en el entorno digital. Los riesgos son ya estructurales, estamos ante un cambio estructural en cómo crecen, se relacionan y se desarrollan los niños y niñas, y requieren una respuesta a la misma escala. La regulación no puede seguir siendo reactiva. Necesitamos un marco que proteja derechos en el entorno digital con la misma firmeza que en el mundo físico”, asegura Virginia Saiz, directora general de Plan International en España. La urgencia de esta regulación se ve reforzada por los recientes fallos sin precedentes en Estados Unidos, donde varios jurados han considerado a Meta y YouTube responsables de utilizar sus diseños para generar adicción entre los menores, así como de no garantizar la seguridad de sus plataformas, al permitir que fueran utilizadas para facilitar el contacto de depredadores sexuales con niños, niñas y adolescentes. Estas decisiones suponen uno de los mayores reveses judiciales para las compañías tecnológicas y marca un precedente en la exigencia de responsabilidades a las plataformas. Plan International considera que este caso evidencia la necesidad de reforzar los marcos regulatorios en España y en Europa, estableciendo obligaciones claras para las plataformas digitales en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Asimismo, la organización insta al Gobierno a convocar de forma urgente a los organismos competentes para evaluar si los trastornos y las adicciones sin sustancia derivados del impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia deben ser considerados un problema de salud pública. Recuerda que el Informe del Comité de personas expertas para la creación de entornos digitales seguros, entregado en septiembre de 2024, recoge 107 medidas, entre ellas la recomendación de definir estos trastornos como un problema de salud pública. Los datos del informe “Así Somos”, presentado por Plan International el pasado septiembre, evidencian la magnitud del problema. El 84 % de las personas adolescentes encuestadas afirma haber recibido mensajes insistentes con intención de quedar o intimar, incluso tras haber manifestado rechazo, mientras que el 51 % señala haber recibido comentarios racistas, discriminatorios o mensajes de odio. El impacto también se refleja en el bienestar y la salud mental. Un 36 % de las chicas —frente al 27 % de los chicos— reconoce pasar más tiempo del que le gustaría en redes sociales. El 15 % de las chicas declara sufrir trastornos de salud mental, el doble que los chicos. Más de 6 de cada diez chicos y chicas temen volverse adictos al móvil y las redes o dejar de hacer otras actividades por pasar tiempo online. Claves para proteger a la adolescencia en el entorno digital Entre las obligaciones para las plataformas que solicita Plan International están asegurar sistemas efectivos de verificación de edad, un diseño seguro por defecto, mayor transparencia en los algoritmos y mecanismos eficaces para detectar y eliminar contenidos nocivos o ilícitos, evitando así la exposición a riesgos que puedan afectar a su desarrollo. La organización también insiste en la importancia de impulsar una educación digital integral, adaptada a cada etapa educativa, que incluya alfabetización tecnológica, privacidad, ciberseguridad, pensamiento crítico y ética digital, en coordinación con la educación emocional y afectivo-sexual. A ello se suma la necesidad de reforzar la coordinación entre los sistemas educativo y sanitario mediante protocolos que permitan prevenir, detectar y abordar usos problemáticos de la tecnología, así como garantizar la formación de profesionales, el acompañamiento a las familias y la participación activa de la infancia y la adolescencia en el diseño de las políticas públicas como sujetos de derechos