Aunque la COVID-19 surgió como una emergencia sanitaria, las medidas para contenerla están amenazando la seguridad alimentaria de millones de personas, lo que podría derivar en una crisis de protección en Mozambique y Zimbabue.
Millones de personas vulnerables, especialmente niñas y adolescentes, de Zimbabue y Mozambique se enfrentan a una catástrofe inminente debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que ha agravado el riesgo de hambre, trabajo infantil, violencia sexual y embarazos adolescentes, advierte la organización humanitaria y de derechos de la infancia Plan International.
La pandemia de la COVID-19 está agravando la inseguridad alimentaria en la región del sur de África y, además, está debilitando los sistemas sanitarios, ya de por sí muy frágiles, que apenas cuentan con medios para proteger a las comunidades y personas en peligro. Según cifras del Programa Mundial de Alimentos, si no se toman medidas urgentes se podría duplicar el número de personas que sufren hambre aguda hasta llegar a casi 265 millones.
“La región del sur de África ha vivido una crisis tras otra: ciclones, inundaciones, sequías y ahora la pandemia de la COVID-19. Las familias están al límite y esta pandemia no podría haber llegado en un momento peor. Se estima que puede llegar a duplicar el impacto de la crisis alimentaria, con graves consecuencias para millones de personas vulnerables, especialmente niñas y jóvenes, que van desde el abandono escolar al trabajo infantil y la violencia sexual”, explica Concha López, directora general de Plan International en España.
Zimbabue y Mozambique son dos de los países especialmente afectados por la inseguridad alimentaria: en el primero, más de 5,8 millones de personas necesitan asistencia alimentaria, mientras que, en el caso de Mozambique la cifra de afectados asciende a 2 millones como consecuencia de la inestabilidad política y económica, así como de los impactos del cambio climático.
Ambos países llevan meses enfrentándose a una grave crisis alimentaria generalizada que ahora se ha agravado por el coronavirus. El distanciamiento social y las restricciones de movimiento han tenido un enorme impacto en los medios económicos de las familias, dificultándoles la compra de alimentos básicos y, además, ha complicado el acceso de las organizaciones de ayuda humanitaria a las comunidades más vulnerables para entregar alimentos y otro tipo de ayudas.
Aunque la COVID-19 surgió como una emergencia sanitaria, las medidas para contenerla están amenazando la seguridad alimentaria de millones de personas, lo que podría derivar en una crisis de protección en Mozambique y Zimbabue, que va a afectar de manera desproporcionada a los más vulnerables: las niñas y adolescentes.
En Mozambique, casi un 43% de los niños y niñas menores de cinco años sufren de desnutrición, y se calcula que un 51% de las niñas y mujeres de entre 15 y 59 años sufren de anemia. En Zimbabue, incluso antes de la emergencia de la COVID-19, un cuarto de los niños, niñas y jóvenes sufrían de desnutrición y un tercio de las mujeres y jóvenes estaban anémicas.
Aunque la COVID-19 surgió como una emergencia sanitaria, las medidas para contenerla están amenazando la seguridad alimentaria de millones de personas
“En Mozambique y en Zimbabue, las mujeres constituyen la mayoría de la mano de obra en el campo. Con el confinamiento y el distanciamiento social, las mujeres ya no cuentan con sus fuentes de ingresos básicos y no pueden ganar suficiente dinero para comprar alimentos para ellas y para sus familias. Las niñas, adolescentes y las mujeres corren un gran riesgo de sufrir abusos y explotación mientras luchan por sobrevivir a la pandemia”, señala Charles Businge, director de África meridional de Plan International.
La experiencia de Plan International en emergencias anteriores, recogida en el informe “Vivir en confinamiento”, revela que en las crisis se produce un aumento de los riesgos de protección de los niños, y en particular de las niñas, incluida la violencia y la explotación sexual, el trabajo infantil y el matrimonio infantil. Además, el cierre de las escuelas como medida de protección frente a la COVID-19 ha agravado aún más los riesgos para las niñas.
Maria*, 14, de Mozambique, dice: “Algunas personas de mi comunidad aconsejan a las jóvenes que se casen porque creen que la escuela no abrirá de nuevo este año y, al permanecer en casa, añadiremos costos adicionales a nuestras familias pobres”.
“Mi deseo es volver a la escuela para recibir una educación que me permita conseguir un trabajo o aprender habilidades que me den un medio de vida para alimentarme y criar bien a mi hijo y mi hermano”, cuenta Cynthia, 18, de Zimbabue.
Plan Internacional ha lanzado un fondo para recaudar 100 millones de euros con el objetivo de proteger los niños, niñas y adolescentes más vulnerables del mundo y a sus comunidades de los impactos de la COVID-19, tanto en España como en los países en desarrollo. La respuesta de la organización se centra en ofrecer apoyo educativo, psicosocial y económico a los niños, y en particular a las niñas, afectadas de manera desproporcionada por esta crisis.
La respuesta de la organización en el sur de África se centra en ofrecer apoyo económico mediante asistencia en efectivo para que los más vulnerables puedan comprar alimentos y cubrir sus necesidades básicas, así como en el trabajo para garantizar que los niños, niñas, cuidadores y las comunidades reconozcan, prevengan y respondan a cualquier riesgo de violencia de género.
Plan International pide a las autoridades que velen porque las familias estén protegidas del hambre con asistencia en efectivo a los hogares vulnerables y que garanticen la seguridad de las cadenas de suministro de alimentos y de los servicios esenciales. La organización también está instando a los estados donantes a que aumenten la financiación humanitaria para hacer frente a la COVID-19, con un enfoque específico en las necesidades de las niñas y las adolescentes.
