El cierre prolongado de las escuelas debido a la Covid-19, unido a la falta de conectividad y a los impactos económicos y sociales de la pandemia, puede hacer retroceder todos los progresos y tener un grave impacto en la educación, especialmente para niñas y adolescentes.
La pandemia de Covid-19, que ha obligado a cerrar colegios y ha dejado sin clases presenciales a más del 95% de los niños y niñas de América Latina y el Caribe, muchos sin acceso a Internet para continuar el curso, amenaza con hacer retroceder décadas de progreso en la educación de las niñas y adolescentes en la región, advierte Plan International, organización humanitaria por los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas.
“Ahora que no vamos a la escuela, pasamos más tiempo en casa. A las niñas y mujeres siempre se nos pide que hagamos las tareas domésticas, y, si no lo hacemos, nos castigan”, cuenta Lixiana, 17, de Nicaragua.
Se estima que al menos 500 millones de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo no reciben educación a distancia, algo que está teniendo consecuencias devastadoras en América Latina y el Caribe, una región que había mejorado notablemente la calidad y la cobertura de su sistema educativo en los últimos años. Sin embargo, el cierre prolongado de las escuelas y los impactos económicos y sociales de la pandemia pueden hacer retroceder todos los progresos y tener un grave impacto en la educación de la infancia, especialmente para niñas y adolescentes, que están en mayor riesgo de no volver nunca a las aulas.
Con el cierre de centros de educativos, la brecha digital se ha hecho más evidente para millones de niños y, especialmente niñas y adolescentes, que se están enfrentando a grandes dificultades para continuar con sus estudios online y pueden quedarse atrás. Alrededor de 826 millones de niños y niñas no tienen acceso a un ordenador, y el 43% (706 millones) no tiene internet en casa, según datos de Naciones Unidas.
“El abandono escolar por los impactos de la pandemia supone un riesgo no solo para esta generación, sino también para las generaciones futuras. Nos enfrentamos a una crisis educativa mundial que puede dejar a 10 millones de adolescentes más fuera del sistema educativo. Si los gobiernos no adoptan medidas urgentes para garantizar la vuelta a las aulas de niñas y adolescentes, no solo se ampliará de nuevo la brecha de género en el acceso a la educación y en el acceso y uso de las tecnologías, sino en todos los ámbitos. Todo esto supone un paso atrás en los derechos de las niñas después de décadas de progreso”, subraya Concha López, directora general de Plan International.
Las niñas de niveles socioeconómicos más bajos corren mayor riesgo de no volver a estudiar. En estas familias, muchas de las cuales subsistían en la economía informal, los ingresos se han reducido o desaparecido por completo, por lo que los padres no pueden afrontar los costes de su educación o dejan a sus hijas a cargo de la casa y la familia, haciendo las tareas domésticas mientras los demás van a trabajar. En este contexto, niñas y adolescentes se enfrentan a múltiples riesgos, que van desde el riesgo de violencia y abusos dentro y fuera del hogar hasta el matrimonio infantil, la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y embarazos adolescentes no deseados.
Por todo esto, Plan International alerta de que muchas niñas ya nunca volverán a las aulas, aunque se levanten las medidas de restricción. El abandono escolar provocará además un aumento de su vulnerabilidad, sin contacto con las redes tradicionales de protección infantil que se establecen en el entorno escolar, y una falta de acceso a la tecnología, la información sobre salud, los servicios de alimentación o de apoyo psicosocial.
“Ojalá pudiéramos volver a la normalidad, para que yo pudiera volver a la escuela, y mi vida fuera como antes. Veo que muchas chicas tienen que hacer más trabajo en casa que los chicos”, dice Coral, de 13 años, de la República Dominicana.
La organización también advierte de que la pandemia ha provocado un aumento de los embarazos adolescentes no deseados, una de las principales razones del abandono escolar, por la reducción de los fondos destinados a los servicios de salud sexual y reproductiva para niñas y mujeres, y por el aumento de la violencia sexual. Los índices de partos adolescentes en la región se estima que alcanzan el 66,5% de los nacimientos por cada mil niñas de 15 a 19 años, la segunda región del mundo con tasas más altas.
“Las medidas para volver a la escuela deberían incluir un enfoque de aprendizaje flexible que permita a las adolescentes embarazadas y a las madres jóvenes reintegrarse al sistema educativo sin dificultades. Los gobiernos también deberían permitir el acceso a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva”, señala Janaina Hirata, especialista regional de Educación en Situaciones de Emergencia de Plan International.
Plan International alerta en su última campaña “Girls in Crisis” de que estas violaciones de derechos de las niñas y adolescentes pueden suponer un retroceso tras años de avances en igualdad de género, e insta a los gobiernos de América Latina y el Caribe a que las respuestas educativas tengan en cuenta las necesidades específicas de las niñas y adolescentes y no solo garanticen la igualdad sino la equidad en la educación, tanto a nivel presencial como digital.
Como parte de su respuesta a la emergencia por COVID-19, Plan International está trabajando en comunidades de 13 países de América Latina y el Caribe, centrando sus esfuerzos en asegurar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a materiales educativos y apoyo psicosocial, con el apoyo de donantes como la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) en República Dominicana, uno de los países con mayores índices de matrimonios infantiles. También está entregando kits de higiene menstrual, ya que la falta de productos sanitarios e instalaciones adecuadas suele repercutir en la asistencia de las niñas y las jóvenes a los centros educativos.
Plan International ha lanzado una petición global de fondos con el fin de recaudar 100 millones de euros para proteger a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de los impactos de la COVID-19. La respuesta de la organización se centra en atender las necesidades de la infancia y la adolescencia, especialmente de las niñas, y garantizar sus derechos, afectados de manera desproporcionada por las consecuencias de esta crisis.
