La aprobación de esta ley, supone un gran avance en torno a los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes en el país con la mayor tasa de matrimonios infantiles de la región.
Plan International celebra la promulgación de la Ley 1-21 en la República Dominicana, que prohíbe el matrimonio infantil en el país, donde hasta ahora se permitían los enlaces de niñas a partir de los 15 años. La aprobación de esta ley, supone un gran avance en torno a los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes en la República Dominicana, que es el país con la mayor tasa de matrimonios infantiles de la región.
El 35,9% de las jóvenes dominicanas de entre 20 y 24 años se había casado antes de cumplir los 18 años, es decir, más de una de cada tres mujeres jóvenes del país habrían sido víctimas de matrimonio infantil, según datos de 2014 de la Oficina Nacional de Estadística.
En el contexto de la revisión del Código Civil, Plan International ha liderado la campaña #18NoMenos, que exigía que se elevase la edad mínima para casarse a los 18 años, para ambos sexos y sin excepciones. La campaña se puso en marcha con la publicación del informe “Niñas Esposadas”, que analiza las motivaciones y los valores socioculturales que permiten los matrimonios infantiles, así como las consecuencias que tiene para las niñas y adolescentes.
“La República Dominicana ha dado un gran paso legislativo. La promulgación de esta ley ayudará a aumentar directamente las oportunidades de desarrollo humano de las niñas, a disminuir el círculo de la pobreza y su feminización, y a cerrar las brechas de género presentes en todos los ámbitos de la sociedad dominicana; que hacen que se vulneren sus derechos”, señala Virginia Saiz, directora de Plan International en República Dominicana.
La promulgación de esta ley ayudará a aumentar directamente las oportunidades de desarrollo humano de las niñas
La organización ha recordado que, a pesar de la relevancia de este avance, todavía queda mucho camino por recorrer. Ahora, el trabajo debe enfocarse en que esta práctica deje de ser normalizada y percibida como una cuestión cultural, que forma parte de los patrones y estereotipos establecidos por la sociedad. Además, ha señalado que este cambio solo se conseguirá transformando los comportamientos que aún permiten el matrimonio infantil y las uniones forzadas tanto en los hogares como en las familias.
Según una investigación realizada por Plan International, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en República Dominicana y el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), con fondos de la Unión Europea, revela datos como que en las zonas urbanas casi un 10% de los hombres encuestados estaría dispuesto a unirse a una niña menor de edad; y que un 48.5% de los participantes se ha casado o unido con una niña y, en las zonas rurales, ese porcentaje llega al 60%.
En ese sentido, Plan International solicita al Estado dominicano que garantice que se cumpla la nueva Ley en materia de protección de la infancia, poniendo fin a la impunidad de los agresores que se amparan en un matrimonio y brindando a las niñas oportunidades para que desarrollen un proyecto de vida digno. Además, insta a la ciudadanía a acabar y denunciar esta práctica, y a las organizaciones de la sociedad civil a que continúen con el trabajo desde distintos espacios comunitarios, académicos y de incidencia para la defensa y el desarrollo de la infancia y de las niñas y adolescentes dominicana.
Plan International España ha desarrollado el proyecto el proyecto Niñas, no esposas: Prevención del Matrimonio Infantil Forzado en República Dominicana, con financiación de la Unión Europea y la colaboración de UNFPA. Este proyecto ha beneficiado a más de 1.580 niñas y adolescentes de 12 a 18 años en 10 comunidades de las provincias de San Juan y Elías Piña. También a 500 padres, madres y tutores de 10 comunidades, 40 líderes religiosos, 160 miembros de la comunidad educativa, 70 miembros de Mecanismos Comunitarios de Protección, 3 Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos (JLPRD), 2 directorios de CONANI, 30 jueces, fiscales y personal policial a nivel nacional y provincial y el Congreso de la República.
