- Tras el golpe de Estado en Níger, uno de los países más pobres del mundo, una parte de la comunidad internacional ha concretado una serie de sanciones como el cierre de las fronteras terrestres y aéreas y la suspensión de la ayuda al desarrollo.
- 4,3 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Níger, en su mayoría mujeres y niñas, y el 13 % de la población sufre inseguridad alimentaria severa, todo ello agravado por las sanciones adoptadas tras los sucesos del 26 de julio.
- Plan International, como parte de la Coordinadora y de la plataforma OIREN en Níger, se suma al comunicado de 45 organizaciones con presencia en Níger en el que proponen 3 medidas a la comunidad internacional para garantizar el acceso de la población nigerina a los servicios sociales básicos y a la ayuda humanitaria.
El 26 de julio de 2023, el Consejo Nacional por la Protección de la Patria (CNSP, por sus siglas en francés) anunció que había derrocado al presidente Mohamed Bazoum y a su Gobierno. La reacción de una parte de la comunidad internacional se concretó en una serie de sanciones individuales y colectivas sobre el país: el cierre de las fronteras terrestres y aéreas, la suspensión de la ayuda al desarrollo, la suspensión de las transacciones comerciales y la congelación de los activos de la República de Níger y de algunas personas nigerinas.
En el país hay 4.3 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria y más de 700.000 personas que se encuentran en situación de desplazamiento. Debido al contexto actual y a las sanciones, muchos actores humanitarios no pueden entregar los bienes necesarios para proporcionar asistencia vital a la población de Níger. 45 de las organizaciones que trabajan en el país, entre ellas Plan International, sugieren a la comunidad internacional 3 medidas para garantizar servicios sociales básicos y ayuda humanitaria.
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Plan International, proponen introducir exenciones humanitarias en todas las sanciones colectivas adoptadas contra Níger, con el fin de garantizar el acceso de las poblaciones nigerinas en situación de vulnerabilidad a los servicios de ayuda humanitaria. Los límites a las retiradas de efectivo de los bancos o los bloqueos de alimentos y de medicamentos en las fronteras, con unas reservas de emergencia insuficientes, no hacen sino agravar la situación de extrema vulnerabilidad de millones de personas en Níger.
Cuando hablamos de exenciones humanitarias nos referimos a permitir la entrega de suministros para responder a la emergencia nutricional que viven 400.000 niñas y niños en el país o al envío de kits de prevención para enfermedades como el cólera y la malaria para evitar una catástrofe sanitaria de gravísimas consecuencias. Si las sanciones se prolongan hasta el inicio del nuevo curso escolar, en octubre de 2023, también estaría en juego el acceso a la educación de niñas y niños, lo que conlleva riesgos como el abandono escolar, la explotación laboral, el matrimonio infantil y el reclutamiento en grupos armados.
A medio plazo, las sanciones no sólo limitarán el acceso a la ayuda humanitaria, sino que podrían exacerbar los problemas de protección, como la violencia de género, la protección de la infancia y las tensiones por el acceso a unos recursos ya de por sí limitados. Por ello, la segunda medida que se propone es revisar las sanciones adoptadas aplicando el principio de «no dañar» con el fin de garantizar la protección y minimizar el impacto negativo en las condiciones de vida de la población nigerina. En caso de intervención militar, se teme que aumenten las violaciones de los derechos humanos y que los desplazamientos, tanto dentro como fuera del país, expongan a las personas migrantes y refugiadas a situaciones de más violencia y falta de acceso a recursos y servicios sociales básicos.
Debido a las sanciones financieras, que implican una reducción de la ayuda humanitaria y de la ayuda al desarrollo, se corre el riesgo de provocar un aumento acelerado de las necesidades humanitarias. La congelación de activos y la suspensión de la ayuda exterior destinada al sector del desarrollo reducirán el presupuesto global del Gobierno y su capacidad para mantener los servicios sociales básicos. Del mismo modo que dificultará una debida respuesta humanitaria en momentos de escasez alimentaria y para hacer frente a las inundaciones durante la temporada de lluvias. Por ello, la tercera medida planteada por las organizaciones insta a la comunidad internacional a preservar los mecanismos de financiación para mantener el acceso de la población a servicios sociales básicos como la sanidad y la educación. Si se quiere evitar una catástrofe es imperativo que se garantice la financiación necesaria para satisfacer, al menos, las necesidades expresadas en el plan de respuesta humanitaria.
