El conflicto de Sudán ya ha creado la mayor crisis de personas desplazadas del mundo. Ahora los combates, los desplazamientos y la falta de acceso humanitario a la población más vulnerable sitúa a millones de personas en riesgo de sufrir niveles de emergencia de inseguridad alimentaria y malnutrición.
Como organizaciones humanitarias que trabajan en Sudán, hacemos una llamada a la acción ante los crecientes niveles de conflicto, violencia organizada, violencia sexual y las pruebas cada vez más evidentes de hambre inducida por el conflicto a los que se enfrenta el pueblo sudanés. Es necesaria una acción diplomática firme y basada en evidencias para proteger a los civiles y exigir un acceso humanitario sin trabas a través de todos los puntos de entrada disponibles. Pedimos que se respete el Derecho Internacional Humanitario y se cumplan las exigencias de las Resoluciones 2417 y 2573 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que condenan la inseguridad alimentaria inducida por el conflicto y la destrucción de infraestructuras indispensables para la vida civil.
Desde que estallaron las hostilidades el 15 de abril de 2023, el pueblo de Sudán se ha visto atrapado en un conflicto de grandes proporciones. Esto ha agravado profundamente la crisis preexistente de hambre y desnutrición infantil y ha obligado a desplazarse a 8,5 millones de personas. En la actualidad, más de 25 millones de personas en Sudán, Sudán del Sur y Chad están atrapadas en una espiral de deterioro de la seguridad alimentaria, violencia y desplazamientos. Los informes del IPC advierten de que el hambre ha alcanzado el nivel más alto jamás registrado durante la temporada de cosechas, una época que suele ser la de mayor seguridad alimentaria del año.
Altos niveles de inseguridad alimentaria
Se estima que la población que se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 del IPC o superior) aumentó de 15 millones a 17,7 millones de personas (37% de la población), un aumento del 18% en comparación con la proyección anterior. El análisis del IPC publicado en diciembre de 2023 preveía que 4,9 millones de personas (el 10% de la población) se encontrarían en la fase 4 del IPC (emergencia). Los sudaneses que llegan corren el riesgo de enfrentarse a condiciones catastróficas en Chad y Sudán del Sur, ya que ejercen una presión adicional sobre unos recursos ya desbordados y una financiación limitada. Se acaba el tiempo para evitar un rápido deterioro de la crisis de inseguridad alimentaria inducida por el conflicto. La comunidad internacional y las partes en conflicto deben tomar medidas inmediatas para aliviar el hambre y prevenir una emergencia catastrófica de malnutrición.
La capacidad de las agencias humanitarias para llegar a las personas necesitadas se está deteriorando debido al aumento de la violencia y a la interferencia de las partes en conflicto. Impedir que llegue suficiente ayuda alimentaria a la población y atacar las infraestructuras de producción y distribución de alimentos y los medios para su transporte suponen una violación directa de la Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución fue aprobada por unanimidad en 2018 para condenar el uso del hambre y la inanición como arma de guerra.
Las personas que sufren la peor parte del conflicto son las que tienen más probabilidades de haber agotado sus medios y estrategias para evitar el daño, como las mujeres, los niños y niñas, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Alrededor de 2,9 millones de niños y niñas sufren ya desnutrición aguda y 729.000 menores de cinco años padecen desnutrición aguda grave, la forma más peligrosa y mortal de hambre extrema. Niños y niñas están muriendo ya de desnutrición y, según el Grupo Sectorial de Nutrición de Sudán, unos 222.000 niños y niñas gravemente desnutridos y más de 7.000 madres primerizas pueden morir en los próximos meses si no se atienden sus necesidades nutricionales y sanitarias.
La creciente crisis del hambre tiene fuertes repercusiones de género, las mujeres y las niñas se enfrentan a un mayor riesgo de violencia de género, incluida la violencia sexual. Ya antes del conflicto, las normas sociales dictaban que las mujeres tenían poco control sobre los recursos y que las mujeres y las niñas eran las últimas y las que menos comían en sus hogares, lo que llevó a que el 79% de las mujeres no cubrieran sus necesidades alimentarias mínimas diarias. Hoy en día, las mujeres y las adolescentes deben elegir continuamente entre el hambre o la seguridad, ya que se enfrentan a la violencia o al acoso cuando intentan acceder a mercados, campos, oportunidades de subsistencia, lugares de distribución de ayuda humanitaria u otras zonas. También hay datos de mujeres y niñas que se ven obligadas a recurrir al sexo para acceder a los alimentos, y de un aumento de los matrimonios precoces y forzados.
Daños importantes e interrupción de infraestructuras y servicios esenciales
La escalada de las hostilidades ha causado grandes daños e interrupciones en infraestructuras y servicios esenciales, entre ellos los necesarios para la producción, elaboración y distribución de alimentos y las instalaciones de abastecimiento de agua y atención sanitaria. En todo el país se han quemado y destruido múltiples fábricas y mercados de producción de alimentos y se ha saqueado a gran escala la ayuda alimentaria. Aunque los mercados locales siguen funcionando en muchas zonas del país, la pérdida de poder adquisitivo causada por el conflicto hace que corran el riesgo de cerrarse. Igualmente preocupante es el hecho de que desde el 15 de abril de 2023 se hayan registrado al menos 284 ataques contra la asistencia sanitaria, incluidos el asesinato de 61 trabajadores sanitarios y el deterioro de instalaciones sanitarias en 62 ocasiones. Los ataques socavan el acceso de la población civil, especialmente de mujeres y niños, a servicios esenciales como la nutrición y la salud.
El 15 de marzo de 2024, el Secretario General de la ONU activó la Resolución 2417 presentando una Nota Blanca al Consejo de Seguridad sobre la emergencia por hambre en Sudán, que posteriormente se reunió para debatir la emergencia. Se trata de un primer paso importante, que debe ir seguido de acciones concretas por parte de las partes en conflicto y de los Estados miembros de la ONU y la comunidad internacional para garantizar que las partes en conflicto cumplen con sus obligaciones.
Proteger a la población civil y evitar la catástrofe de hambre
- Instamos a todas las partes en conflicto a que tomen medidas inmediatas para evitar la escalada de la crisis de hambre en Sudán. Esto incluye no atacar, saquear o dañar lugares o infraestructuras vitales para los sistemas alimentarios como mercados, tierras utilizadas para la agricultura o la ganadería, o instalaciones de almacenamiento de alimentos como silos o almacenes.
- Pedimos a las Fuerzas Armadas de Sudán y a las Fuerzas de Apoyo Rápido que cumplan sus promesas, recogidas en la Declaración de Compromiso de Jeddah para Proteger a los Civiles de Sudán, y que garanticen su difusión y cumplimiento a lo largo de las diferentes cadenas de mando hasta el nivel local. De vital importancia para reducir la inseguridad alimentaria, estos compromisos incluyen acuerdos para permitir a los civiles un acceso seguro, regular y basado en principios a la ayuda humanitaria, incluido el acceso transfronterizo, y para proteger al personal y los bienes humanitarios. También es imperativo que todas las partes en conflicto tomen medidas para alcanzar una resolución pacífica del conflicto, garantizar un cese sostenido de las hostilidades a corto plazo y abordar las causas subyacentes del conflicto.
- Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que aumente urgentemente la financiación de la respuesta humanitaria en Sudán y tenga en cuenta el impacto global de la crisis del hambre. Siempre que sea posible, hay que apoyar los sistemas alimentarios y los mercados locales existentes para que sigan funcionando, especialmente mediante programas basados en entrega de dinero en efectivo. El apoyo financiero a la respuesta humanitaria también debe diseñarse para tener en cuenta las amplias ramificaciones de la crisis del hambre, que requiere una respuesta multisectorial. Una financiación adecuada para las áreas de seguridad alimentaria, nutrición, agua, saneamiento e higiene, salud sexual y reproductiva, salud materno-infantil y protección (incluida la protección de la infancia y la prevención y respuesta a la violencia de género) es esencial para mitigar los impactos de la creciente inseguridad alimentaria a corto y largo plazo, y debe llegar a las organizaciones nacionales y locales, incluidas las organizaciones de mujeres y las redes de ayuda mutua.
- También instamos a la comunidad internacional y a todas las partes en conflicto, incluidas las autoridades sudanesas, a aliviar los indebidos impedimentos burocráticos o administrativos a la ayuda humanitaria. La financiación debe ir acompañada de un acceso sin restricciones a la población más vulnerable, para garantizar una ampliación de la respuesta impulsada por las necesidades humanitarias. Los actores internacionales también deben asegurarse de que se garantizan las exenciones humanitarias en cualquier posible sanción.
- Pedimos al Consejo de Seguridad que celebre reuniones informativas periódicas y abiertas para supervisar la aplicación de las disposiciones de la Resolución 2724 del Consejo de Seguridad de la ONU, así como las recomendaciones para hacer frente a la inseguridad alimentaria formuladas en la Nota Blanca sobre Sudán del Secretario General de la ONU relacionada con la Resolución 2417.
- Hacemos un llamamiento al Consejo de Seguridad para que cumpla los compromisos adquiridos en el marco de la Agenda de Paz y Seguridad para las Mujeres y adopte medidas para prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos, que está muy extendida en Sudán. Múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad (1820, 1888, 1960 y 2467) condenan la violencia sexual contra las mujeres y los niños y niñas en los conflictos armados e instan a los Estados miembros a adoptar un enfoque centrado en los supervivientes para prevenirla y responder a ella, al tiempo que refuerzan el acceso de las víctimas a la justicia, entre otras cosas mediante la pronta investigación, enjuiciamiento y castigo de los autores.
- También recordamos que, antes de la crisis actual, Sudán se enfrentaba a una grave situación humanitaria que afectaba al 30% de la población. Ahora nos alarma el hecho de que la violencia actual pueda seguir exacerbando el rápido y dramático deterioro de la situación humanitaria. La estación de lluvias, que empezará en junio, corre el riesgo de limitar aún más el acceso a las zonas remotas. Instamos a la comunidad internacional a que se anticipe a estas necesidades, promueva la acción colectiva y movilice rápidamente los recursos necesarios para salvar vidas y proteger a las comunidades afectadas.
Organizaciones firmantes:
- Acción contra el hambre
- ADRA
- Alight
- ALIMA
- CAFOD
- CARE
- Concern Worldwide
- Coopi
- Organización Humanitaria para el Desarrollo y la Prosperidad
- Insecurity Insight
- Comité Internacional de Rescate
- LM Internacional
- MedGlobal
- Equipos Médicos Internacionales
- Mercy Corps
- Nonviolent Peaceforce
- Ayuda de la Iglesia Noruega
- Consejo Noruego para los Refugiados
- Plan International
- Premiere Urgence Internationale
- Save the Children
- Solidaridad Internacional
- Triangle génération humanitaire
- Welthungerhilfe
- Word Vision
- ZOA
