Reconocer la comida como un derecho básico es un paso esencial para ayudar y asistir a las niñas afectadas por la crisis del hambre, asevera un nuevo informe de la agencia humanitaria y de desarrollo Plan International.
Los niveles actuales de hambre, nunca antes vistos, tienen efectos devastadores para niños, niñas y mujeres jóvenes. Las consecuencias derivadas de esta crisis afectan a ámbitos que trascienden el derecho a la alimentación, ya que las niñas suelen ser las primeras en abandonar la escuela o las últimas en comer cuando escasean los alimentos, así como también son más vulnerables a los matrimonios infantiles y forzados, al trabajo infantil, a la violencia de género, a la explotación sexual y a los embarazos precoces y no deseados.
“Durante periodos de hambruna, las niñas están más expuestas a la vulneración de sus derechos. Por eso, un enfoque del hambre basado en derechos humanos nos permite abordar tanto la escasez de alimentos como sus consecuencias, que pueden ser fatales. A menos que se tomen medidas ahora, se perderán muchas más vidas y los efectos devastadores sobre la infancia, especialmente sobre las niñas, perdurarán durante las próximas décadas. Debemos empezar a reconocer la alimentación como un derecho humano básico que debe ser respetado y cumplido”, asegura Concha López, directora general de Plan International.
El derecho a la alimentación está recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (UDHR, por sus siglas en inglés) como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y también está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (ICESCR, en inglés). Mientras crece el número de países que tienen una ley que establece el derecho a la alimentación.
“Existe la tendencia de mostrar la lucha contra el hambre y la malnutrición como si fuese una responsabilidad moral o una elección política”, asegura Jacqui Gallinetti, directora global de investigación. “Este enfoque no es erróneo, pero enmascara un elemento importante: atajar el hambre es una obligación jurídicamente vinculante en materia de derechos humanos”.
El hambre infantil supone una degradación de la dignidad humana y, por lo tanto, una violación de los derechos humanos. La erradicación del hambre infantil mediante el uso de un enfoque basado en derechos humanos nos ayuda a proteger y apoyar a las niñas y adolescentes.
Cerca de 30 países recogen el derecho a la alimentación en sus constituciones. En este sentido, es significativo que, de los 38 países que son parte de la fase de emergencia de la inseguridad alimenticia, solo la República Democrática del Congo, Honduras, Kenia, y Níger recogen este derecho en sus cartas magnas.
“Una cosa es legislar y otra muy diferente aplicar la ley”, subraya Gallinetti: “Aunque el derecho a la alimentación está recogido en las constituciones de muchos países, este no siempre cumple”.
Según el nuevo informe de Plan International, Girls’ Rights and the Global Hunger Crisis, el hambre y la malnutrición no siempre están causados por la falta de alimento, sino también por la falta de acceso a los alimentos por parte de amplios sectores de la población mundial, en particular debido a la pobreza.
A pesar de que cada vez se producen más alimentos para abastecer a la población mundial, 829 millones de personas siguen pasando hambre. En los países afectados por conflictos, seis de cada diez personas sufren inseguridad alimentaria aguda.
Como el resto de obligaciones vinculadas a los derechos humanos, el derecho a la alimentación implica respetar, proteger y satisfacer el derecho a alimentos adecuados, así como permitir el acceso a estos por razones humanitarias, de forma que los proveedores puedan distribuirlos, que esta ayuda no se pueda denegar, y que el acceso a estos para poblaciones afectadas sea rápido, seguro y libre.
El horizonte para el resto de 2022 es aún más pesimista, ya que la crisis del hambre empeora en muchos países. En septiembre de 2022, 970.000 personas corren el riesgo de morir de hambre en Etiopía, Yemen, Sudán del Sur, Somalia y Afganistán.
Los efectos de la crisis del clima y de la pandemia de COVID-19 se solapan con los derivados de la inflación y el incremento de precios de los alimentos, la energía y los fertilizantes, así como con las consecuencias de la escasez de alimentos a raíz del conflicto de Ucrania. Según la situación actual, se estima que 670 millones de personas seguirán padeciendo hambruna en 2030, lo que supone el 8 % de la población mundial.
Estimaciones recientes también pronostican que los niños y niñas que nacieron en 2020 se enfrentarán a un número de sequías y pérdidas de cosechas tres veces mayor que el que sufrieron sus abuelos, siendo la infancia de los países de rentas bajas los que soportarán los peores efectos de la crisis medioambiental.
