El texto final recoge algunos aportes de Plan International para mejorar la protección específica de las niñas y adolescentes, reconociendo la doble discriminación a la que se enfrentan.
Plan International celebra la aprobación hoy en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, ya que supone un gran avance y un cambio social en la protección de los niños, niñas y adolescentes en España y, además, es una norma pionera en nuestro entorno.
Plan International, que lleva años trabajando junto con otras organizaciones de infancia para promover esta ley, aprobada hoy en la Cámara Baja con una amplia mayoría de votos, reconoce el gran avance que supone el refuerzo de la perspectiva de género en el texto, identificando las necesidades específicas y diferentes formas de violencia a las que se enfrentan las niñas y adolescentes, y recogiendo algunos aportes de la organización para mejorar la protección específica de las niñas y adolescentes, reconociendo que suelen ser “doblemente discriminadas o agredidas”, por su género y edad.
“Después de años de trabajo, hoy España da un paso al frente para proteger a todos los niños, niñas y adolescentes y apuesta por un cambio social frente a estas formas de violencia, enviando un mensaje de tolerancia cero. La aprobación de esta ley supone un punto de inflexión, pero es solo un punto y seguido. Esperamos que ahora el desarrollo de la Estrategia Nacional de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia sea ambicioso e incluya medidas para la protección específica de niñas y adolescentes frente a formas de violencia como el acoso callejero y online”, ha señalado Concha López, directora general de Plan International.
La organización lamenta que el texto finalmente no haya recogido explícitamente el acoso callejero como una de las formas de violencia que sufren especialmente las niñas y adolescentes, y pese al hincapié que se hace a lo largo del texto en la violencia online, en Internet y en las redes sociales, considera que sigue habiendo lagunas importantes en la manera de abordar problemas como el acoso online y en las soluciones propuestas, que tampoco han incorporado de manera correcta el enfoque de género.
Por tanto, Plan International insta a todas las administraciones a que ahora, en su implementación y desarrollo, se aborden y tengan en cuenta estas formas de violencia que afectan especialmente a las niñas y adolescentes, tanto en la estrategia nacional, como en los presupuestos y en el registro unificado de casos de violencia contra la infancia.
No obstante, Plan International valora el cambio de paradigma que supone esta ley que, más allá de lo punitivo, se centra en la sensibilización, la prevención, la formación y la reparación de las víctimas, y supone una oportunidad para enviar un mensaje de tolerancia cero con todas las formas de violencia que afectan a la infancia.
Entre las nuevas incorporaciones al texto de la ley tras su aprobación por el pleno del Senado la semana pasada, Plan International destaca que se haya incluido la prohibición de los desnudos integrales a niños y niñas migrantes en las pruebas de determinación de la edad, algo que la organización considera fundamental para acabar con las violaciones de derechos hacia la infancia no acompañada.
Por otro lado, considera muy relevantes avances como el compromiso de creación de juzgados especializados en infancia; el incremento la edad de prescripción de los delitos sexuales hasta que la víctima tenga 35 años; el derecho a ser oído, que da la posibilidad a cualquier niño o niña de denunciar; la incorporación de la prueba preconstituida, que permitirá que un niño o niña no tenga que declarar reiteradas veces en el proceso de instrucción y, por tanto, no se vea obligado a revivir una la experiencia traumática; así como la creación de figuras como el coordinador de protección, clave para el buen trato, prevención y detección en centros escolares y espacios deportivos.
Plan International continuará trabajando junto al resto de organizaciones que defienden los derechos de la infancia, así como con los niños, niñas y adolescentes, en la correcta implementación de la nueva ley y ofreciendo sus capacidades, conocimiento técnico e información disponible para asegurar que su desarrollo contribuya a la mejor protección de las niñas y adolescentes.
