Plan International reclama más recursos en los centros educativos valencianos para garantizar una educación de calidad

Con motivo de la huelga general indefinida convocada por el profesorado de la Comunitat Valenciana, Plan International, organización de cooperación y ayuda humanitaria especializada en los derechos de la infancia y la juventud, defiende la necesidad de una reconstrucción inclusiva y de calidad con niños, niñas y adolescentes en los municipios afectados por la DANA.

Hace un año, Plan International presentó “Adolescentes en crisis: impactos de la DANA”, un informe en el que participaron 274 adolescentes y jóvenes de l’Horta Sud para contar de
primera voz cómo les había impactado esta crisis y en el que se evidenció que para ellos y ellas era también una prioridad garantizar su derecho a una educación inclusiva y de calidad reforzando los recursos materiales y humanos en sus centros educativos, especialmente en los que se vieron afectados directamente.

Datos clave del informe: 
  • 8 de cada 10 jóvenes de l’Horta Sud afirmaban que su centro aún carecía de recursos materiales y humanos.
  • El 37 % de adolescentes de la zona cero afirmó tener más dificultades para concentrarse en clase, cifra que ascendía hasta el 75 % entre el alumnado de 17 a 21 años, en cursos clave como 2.º de Bachillerato y la preparación de la PAU.
  • El 58 % vio como su rutina diaria saltaba por los aires y el 97 % indica que su centros educativo sufrió daños.
  • El 48 % reconoció haber necesitado apoyo psicológico en algún momento de la crisis, y un 37 % afirmó haber visto bastante o muy afectada su salud mental.
Próxima cita: tercer informe sobre la DANA

En continuidad con esta labor y con el objetivo de seguir trasladando la voz de adolescentes y jóvenes afectados al proceso de reconstrucción, Plan International presentará en Valencia, a principios de junio, el tercer informe de su serie sobre la DANA. El estudio profundiza en la mirada de la juventud sobre los avances y retos de la reconstrucción en ámbitos clave para garantizar sus derechos, especialmente el educativo, junto con los servicios sociales, la sanidad y los espacios públicos y de ocio de los municipios afectados.