En Plan International estamos convencidos de que las leyes tienen que jugar un papel esencial en la tarea por defender los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas
Día tras día, millones de niñas y adolescentes ven cómo se vulneran sus derechos de manera sistemática, a pesar de estar supuestamente protegidos por una amplia batería de leyes, tratados y convenciones.
Esta semana tiene lugar en Ginebra el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas para revisar cada cinco años la situación de esos derechos en todos los 193 Estados Miembros de la ONU. El miércoles 22 de enero es el turno de España, que presenta la tercera fase de su informe nacional, después de someterse al examen en 2010 y en 2015, y deberá responder a las cuestiones de otros países sobre su cumplimiento en esta materia.
El Grupo de Trabajo del EPU celebra tres reuniones al año en Ginebra, en las que 14 países revisan el grado de cumplimiento de sus obligaciones sobre derechos humanos, y evalúan el progreso, o retroceso en estos y reciben recomendaciones para mejorar sus políticas en la materia. Después, cada Estado asume sus propios compromisos de buenas prácticas.
Las niñas deberían estar doblemente protegidas: por los tratados que defienden los derechos de la mujer y por aquellos que defienden los derechos de la infancia. Sin embargo, la realidad es muy distinta, como pone en evidencia nuestro informe “Los derechos de las niñas son derechos humanos”.
En ese sentido, Plan International ha participado en el proceso de consulta con la sociedad civil como miembro de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia, dando sus aportaciones al informe al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en España (OACDH) sobre la implementación de las principales recomendaciones. En especial, Plan International presentó sus aportaciones sobre la situación de los derechos de las niñas; concretamente sobre educación, violencia contra las niñas -incluido el matrimonio precoz y forzado-, y empoderamiento económico juvenil.
El documento de la Plataforma recoge dos de las principales reclamaciones de Plan International sobre los derechos de las niñas y jóvenes: incorporar un enfoque de género transversal en la educación, formando al profesorado en materia de género y reforzando en el currículo educativo la presencia de referentes femeninos, así como de contenidos relacionados con la igualdad; y eliminar las excepciones que la ley permite a la edad mínima de matrimonio y de parejas de hecho, para que en todos los casos no sea antes de los 18 años.
De estas, solo la recomendación de aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años se ha incorporado finalmente al documento resumen de la sociedad civil española preparado por la OACDH, y que se suma a la compilación de la información de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, y agencias de las Naciones Unidas que también elabora la OACDH; y el informe nacional preparado por el Estado que se examina. Con la información de estos tres documentos, los diferentes estados harán recomendaciones a España, que puede aceptarlas, tomar nota de ellas o rechazarlas.
En Plan International estamos convencidos de que las leyes tienen que jugar un papel esencial en la tarea por defender los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. Los derechos de las niñas son derechos humanos y no pueden ser invisibles: es fundamental atender sus vulnerabilidades específicas y hacer el seguimiento adecuado para atenderlas.
