Campaña Mundial por la Educación, 15 de marzo de 2021. Visibilizar a los más de 1500 millones de estudiantesde todo el mundo que se han quedado fuera de las aulas desde que hace más de un año comenzara lapandemia de COVID-19. Este es el objetivo con el que nace #MilMillonesdeVoces, una iniciativa de la CampañaMundial por la Educación (CME), coalición liderada en España por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas y PlanInternational, con la que quieren denunciar que la pandemia está agravando los retos para cumplir con el ODS4 y garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todas las personas, además de solicitar al Gobiernoque priorice la financiación pública de la educación. Si ya antes de la COVID-19 había 258 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo sin escolarizar, lairrupción de la pandemia no ha hecho sino agravar estas cifras. Se calcula que, en el momento más crudo de la primeraola, entre marzo y abril de 2020, el cierre de centros educativos afectó a casi el 90% de la población estudiantil delmundo. Esto equivale a casi 1500 millones de estudiantes cuyo derecho a la educación fue vulnerado, y más de milmillones de voces con una historia que merece ser escuchada.   Sobre #MilMillonesDeVoces  #MilMillonesDeVoces nace de los mensajes enviados por cientos de niños, niñas y familias en 2020 durante lacampaña #LaMejorLección, con la que la CME buscó recopilar reflexiones y emociones compartidas durante lospeores meses de la pandemia, así como los principales aprendizajes de cara a salir reforzados de esta crisis. A través de materiales de sensibilización y actividades de movilización, #MilMillonesDeVoces busca concienciar a lapoblación en torno a la importancia de defender la educación como herramienta fundamental para que nadie se quedeatrás en la recuperación frente a la crisis social, económica y sanitaria generada por la COVID-19. Un momento clave de la campaña consistirá en la Semana de Acción Mundial por la Educación. Del 23 al 30 deabril, se organizarán movilizaciones sociales en más de 124 países para exigir una adecuada financiación queasegure el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, sobre el derecho a la educación.   Financiación para asegurar el derecho a la educación  Si no se toman medidas urgentes, el impacto de la pandemia seguirá empeorando la situación de las personas ycomunidades más vulnerables del mundo. La UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial estiman que la COVID-19podría dejar sin escolarizar a 24 millones más de estudiantes. Para impedir que las peores previsiones se cumplan, asegura Miriam Torán, portavoz de la CME, “es fundamentalque los Gobiernos se comprometan con la mejora y el incremento en la financiación pública de la educación como bienpúblico global. Exigimos al actual Gobierno que siga trabajando para destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo, así como dedicar un 20% a la

La cifra de niñas sirias obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años se ha multiplicado desde 2011: antes del conflicto, el 13% de las mujeres sirias contraían matrimonio siendo menores de edad, mientras que esta cifra asciende hoy al 26%. Siria es hoy uno de los peores países del mundo para ser niña o mujer: ocupa el puesto 150 de los 153 países que figuran en el marcador del Informe Global de Brecha de Género 2020. Plan International trabaja desde 2016 con las niñas, adolescentes y mujeres sirias, tanto en Jordania como en Líbano, ofreciendo apoyo psicosocial, atención a la primera infancia y ayuda a la crianza, así como programas de salud sexual y reproductiva. Madrid, 11 de marzo de 2021.- Diez años después de que estallara el conflicto en Siria, el 15 de marzo de 2011, el país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser niña o adolescente: además de la violencia del conflicto, están expuestas constantemente a violencia doméstica, abusos, acoso sexual, y matrimonio infantil forzado, advierte Plan International, organización que trabaja por los derechos de la infancia y la igualdad.  La cifra de niñas obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años se ha multiplicado en esta década: antes del conflicto, el 13% de las mujeres sirias contraían matrimonio siendo menores de edad, mientras que esta cifra asciende hoy al 26% en algunas regiones del país. En el caso de las refugiadas sirias que viven en Jordania y Líbano, el porcentaje asciende hasta el 29%.  Además, se estima que las tasas de trabajo infantil también aumenten considerablemente por los impactos de la pandemia de COVID-19, ya que en épocas de crisis las familias recurren al trabajo y matrimonio infantil para aliviar sus cargas económicas. En Jordania y Líbano se está produciendo un aumento de los hogares encabezados por mujeres que viven en situación de pobreza: un 39% de los hogares sirios en Jordania están encabezados por mujeres, y los ingresos de estos hogares pueden ser hasta un tercio más bajos que los de los hogares encabezados por hombres. “El conflicto en Siria sigue marcando la vida de millones de niños, y especialmente niñas y adolescentes, cuya infancia ha sido arrebatada y cuyos derechos continúan vulnerándose de forma constante. Desde el inicio de la guerra millones de niños, niñas y adolescentes no reciben ningún tipo de educación. Desde Plan International hacemos un llamamiento urgente para que las autoridades y la comunidad internacional protejan los derechos de los niños y niñas que viven en Siria y de los que viven en los países vecinos para asegurarles un futuro digno a través de la educación, el trabajo y el acceso a los servicios básicos”, señala Concha López, directora general de Plan International. Se estima que el cierre prolongado de las escuelas y los impactos económicos y sociales de la pandemia tengan un grave impacto en la educación de la infancia, especialmente para las niñas y adolescentes, que están en mayor riesgo de no volver nunca a las aulas. 2,5 millones de niños y niñas en Siria de entre 5 y 17 años no están escolarizados, y 1,6 millones corren el riesgo de abandonar la educación, según datos de Naciones Unidas.  Las personas refugiadas sirias carecen, a menudo, de documentación, quedando expuestas a la separación familiar, la trata de personas y la condición de apátridas. El 70% de los y las refugiadas sirias en Líbano, Jordania e Irak carecen de documentos de identidad, mientras que el 24% de los niños y niñas refugiados menores de cinco años no están debidamente registrados, según una encuesta realizada en 2017. Las leyes perpetúan la discriminación Siria es uno de los peores países del mundo para ser niña o mujer: ocupa el puesto 150 de los 153 países que figuran en el marcador del Informe Global de Brecha de Género 2020. Tanto las niñas y mujeres que se han quedado en Siria, como aquellas que han huido a países vecinos, están constantemente expuestas a la falta de protección, la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades para sobrevivir.  Las leyes ofrecen escasa protección de los derechos de las niñas y las mujeres en los países de Oriente Medio, en los que el contexto para ellas es precario, y garantizar la igualdad ante la ley es un reto constante. La violencia de género es la vulneración de derechos más frecuente: una de cada tres mujeres en Oriente Medio ha sufrido o corre el riesgo de sufrir abusos físicos o sexuales a lo largo de su vida. El matrimonio infantil sigue siendo una práctica extendida en la región: a pesar de que en Egipto, Jordania, Sudán y Siria la edad legal para contraer matrimonio son los 18 años, esto queda anulado por leyes complementarias que permiten casarse a los niños y las niñas si se considera que es la mejor opción, mientras que en Líbano no existe una edad mínima. Aunque en Oriente Medio las constituciones nacionales establecen la igualdad entre hombres y mujeres, existen vacíos legales que impiden a las jóvenes y adolescentes disfrutar plenamente de sus derechos, como las leyes que eximen de castigo a los autores de violencia sexual y de “crímenes de honor”. Estas son algunas de las conclusiones del informe “La protección de las mujeres jóvenes y las niñas en Oriente Medio y el Norte de África”, elaborado por Plan International, que analiza la situación jurídica y política de los derechos de las niñas y mujeres en torno a los matrimonios infantiles, la violencia de género, la violencia sexual y doméstica, la mutilación genital femenina, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos civiles en Jordania, Siria, Líbano, Sudán y Egipto.  Recomendaciones de Plan International Plan International trabaja desde 2016 con las niñas, adolescentes y mujeres sirias más vulnerables, tanto en Jordania como en El Líbano, ofreciendo apoyo psicosocial, atención a la primera infancia y apoyo a la crianza, así como programas de salud sexual y reproductiva. En este sentido, la organización solicita que se aumente el apoyo a los grupos locales de mujeres y jóvenes en toda Siria, para que puedan seguir trabajando en los problemas específicos que afectan a las niñas y mujeres. Además, pide una mayor representación de las niñas y las mujeres sirias en los procesos de reconstrucción de paz, ya que, aunque constituyen más de la mitad de la población siria y desempeñan un papel fundamental en sus comunidades, apenas participan en el proceso. Durante la cuarta ronda de conversaciones de paz en Ginebra, las mujeres sirias sólo representaron el 15% de las participantes. Sin embargo, las investigaciones demuestran que la participación de las mujeres en las negociaciones de paz hace que éstas tengan un 64% menos de probabilidades de fracasar y un 35% más de perdurar en el tiempo. Plan International también considera esencial que las vacunas contra la Covid-19 se distribuyan de forma justa y equitativa en toda Siria, y que las poblaciones más vulnerables, como las niñas y adolescentes, tengan garantizado su acceso. Las repercusiones secundarias de la pandemia, como las limitaciones de movimiento, la recesión económica, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de las escuelas, son las que más han afectado a las niñas y a las mujeres, quienes sufrirán las peores consecuencias económicas y sociales de una pandemia prolongada en el

Casi un 60% de las niñas y jóvenes de todo el mundo han sido víctimas de diferentes formas de acoso en redes sociales, una discriminación por razón de género y edad que sufren en mayor medida las que tienen discapacidad, son racializadas o LGTBIQ+. El acoso online es una de las formas más frecuentes de violencia a la que se enfrentan las niñas y adolescentes en todo el mundo por su género y su edad, y una de las principales barreras para su liderazgo en un mundo en transformación digital. No obstante, las chicas asumen y aceptan que el acoso y los abusos forman parte de sus experiencias en las redes sociales y acaban normalizándolo. En España, más de una de cada tres adolescentes y jóvenes (38%) cambia su forma de expresarse, deja de manifestar sus opiniones, reduce el uso o abandona las redes sociales como consecuencia del acoso online, según el informe “(In)seguras online”, que recoge las experiencias de acoso online de más de 14.000 niñas, adolescentes y jóvenes de 22 países. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Plan International recuerda que el acoso online vulnera los derechos de las niñas y adolescentes, limita su participación política, económica y social, y tiene consecuencias para su salud mental y física, por lo que reclama medidas urgentes para abordarlo, tanto desde los Gobiernos como desde las empresas. “No podemos seguir tolerando la violencia que sufren niñas y adolescentes en Internet, porque está frenando su participación y liderazgo. Necesitan saber que cuando sean acosadas, abusadas o amenazadas, podrán reportarlo, que serán escuchadas y que se tomarán acciones. Por eso, es necesario acelerar la aprobación de un mecanismo europeo de cooperación con las plataformas de redes sociales, para que mejoren sus mecanismos de denuncia y den respuesta al acoso y la violencia por razón de género en el ámbito digital”, subraya Concha López, directora general de Plan International. La organización recuerda que casi un 60% de las niñas y adolescentes de todo el mundo han sido víctimas de diferentes formas de acoso online por el hecho de ser mujeres y jóvenes, y alerta de que los ataques son más graves si tienen discapacidad, son racializadas o LGTBIQ+: el 37% de las que pertenecen a minorías étnicas afirman que las acosan por ese motivo, mientras que el 42% de las niñas LGTBIQ+ afirman ser acosadas por ello. Además, la pandemia ha incrementado notablemente la actividad online de los niños, niñas y jóvenes. Internet no solo ha sido una herramienta para el ocio y entretenimiento sino también una forma de mantener las relaciones interpersonales y la educación. Desde hace casi un año, la presencia y el acceso a Internet son fundamentales, pero aún no existen mecanismos sólidos y eficaces para proteger la seguridad de las niñas y las mujeres en los espacios digitales. Propuestas y recomendaciones Plan International solicita que los gobiernos de todo el mundo apliquen leyes específicas que hagan frente a la violencia online por razón de género y garanticen que las niñas y jóvenes víctimas puedan acceder a la justicia. Según el informe, la mayoría de las encuestadas (el 44%) considera que son las empresas de redes sociales quienes más deben aumentar sus esfuerzos y medidas para protegerlas, seguidas por los gobiernos (18%), otras personas usuarias (18%) y la policía (13%). Desde el pasado octubre, Plan International ya está trabajando con Instagram y Facebook a través de las Sesiones de Escucha Girls Get Equal, un grupo de trabajo en el que 15 chicas activistas de varios países, incluido España, están compartiendo sus experiencias y propuestas de mejora de los mecanismos de reporte con los responsables de políticas y diseño de producto de las plataformas. Además, Twitter España también colaborará con Plan International para desarrollar una serie de talleres sobre seguridad, protección y alfabetización digital para niñas y jóvenes. “En las sesiones, hemos desarrollado algunas ideas para mejorar la seguridad para las chicas, como, por ejemplo, establecer métodos de reporte más concretos y mecanismos específicos de denuncia para la violencia o los abusos sexuales que pasen por un filtro de personas especializadas en estos temas: psicólogas, sociólogas, etc. La idea es que ese filtro pase a la policía y se haga una denuncia real, que no se quede en un reporte a la red social, sino que tenga una repercusión legal”, explica Laura, una joven española de 17 años participante en las sesiones de escucha. En este sentido, la organización solicita la aprobación y puesta en marcha de un código de conducta europeo contra las violencias de género online, siguiendo los objetivos de la estrategia de género de la UE 2020-2025, para que las empresas de redes sociales creen mecanismos de denuncia sólidos, efectivos y accesibles, que respondan a las necesidades de las niñas, jóvenes y mujeres; responsabilicen a los autores, y promuevan una política de tolerancia cero con la violencia y el acoso online. En línea con el actual Código de Conducta de la Comisión Europea para luchar contra la incitación ilegal al odio en Internet, Plan International reclama que las plataformas de IT se responsabilicen, colaboren y aumenten los esfuerzos contra el acoso online hacia niñas, adolescentes y mujeres, además de garantizar la recolección de datos y producción de estadísticas accesibles, transparentes y claras para garantizar la rendición de cuentas. Plan International es una organización que trabaja por un mundo justo que promueva los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. Nació en España en 1937. A lo largo de sus 80 años de historia, ha construido sólidas alianzas para apoyar los derechos de los niños y niñas desde su nacimiento hasta que alcanzan la edad adulta. En la actualidad, está presente en 75 países y lleva a cabo programas que benefician directamente a 17,1 millones de niñas y 15,5 millones de niños. Es miembro consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde 1981. Sus cuentas son auditadas por PwC y el cumplimiento de los principios de transparencia y buena gestión está acreditado por la Fundación

Plan International expresa su profunda preocupación por la situación actual en Myanmar, que amenaza el futuro y el bienestar de la población del país, especialmente de los y las jóvenes que están a la vanguardia defendiendo su futuro y expuestos a la violencia. Estamos especialmente preocupados por una de nuestras Embajadoras Juveniles por la Paz, que ha sido arrestada hoy porque se ofrecía como voluntaria para ayudar a otros. Como organización internacional que promueve los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, Plan International hace un llamamiento para detener toda violencia y represión contra jóvenes manifestantes pacíficos y para que se respeten sus derechos a la educación y la libertad de expresión. Desde Plan International apoyamos a las comunidades, los jóvenes y los niños de Myanmar en este momento difícil y reafirmamos nuestro firme compromiso de defender el bienestar de sus niños y jóvenes. La organización trabaja con socios para el desarrollo y el pueblo de Myanmar para promover los derechos y el bienestar de los niños y los jóvenes desde

Durante la anterior epidemia de ébola, las niñas y adolescentes fueron de las más afectadas: sin acceso a los servicios sanitarios, con hambre por la escasez de alimentos, y desprotección por la crisis de cohesión comunitaria.  Plan International, que trabaja en Guinea desde 1989, solicita apoyo técnico y financiero necesario para proteger los derechos de la infancia, y especialmente de las niñas, para que puedan seguir estudiando y accediendo a los servicios sanitarios. La organización ha transmitido al Gobierno guineano su disposición para trabajar conjuntamente para contener la nueva epidemia de la enfermedad en el país. La declaración de un rebrote de ébola en el suroeste de Guinea, donde se han confirmado nueve casos y cinco personas fallecidas hasta el momento en las localidades de Gouéké y Nzérékoré, amenaza la seguridad y los derechos de miles de niñas y adolescentes en el país africano, advierte Plan International, organización humanitaria que trabaja en defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas.  El pasado 14 de febrero, el gobierno de Guinea confirmó que el país se enfrenta a un nuevo brote de ébola, tras la muerte de, al menos, cinco personas en ambas localidades, y en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), cuyo objetivo es prevenir la propagación internacional de enfermedades. Según fuentes oficiales, los casos están relacionados con el entierro de una enfermera en Gouecké, una localidad cercana a la frontera con Liberia, en la que trabaja la organización. Durante la anterior epidemia de ébola en Guinea, donde comenzó el brote más grande de la historia entre 2014 y 2016, extendiéndose a países vecinos como Liberia y Sierra Leona, las niñas y las adolescentes fueron de las más afectadas: dejaron de acceder a los ya de por sí precarios servicios sanitarios; se enfrentaron al hambre por la escasez de alimentos y otros bienes y servicios básicos, así como a la desprotección debido a la crisis de cohesión comunitaria. La organización ha advertido que las consecuencias de esta nueva epidemia podrían ser devastadoras para esta generación de niñas.  “Es necesario que las autoridades garanticen el apoyo técnico y financiero para proteger los derechos de la infancia, y especialmente de las niñas y las adolescentes. Ante esta nueva oleada, es fundamental que las niñas puedan seguir yendo a la escuela y accediendo a los servicios sanitarios. También es necesario reforzar los mecanismos de protección a nivel comunitario, restablecer los medios de subsistencia y garantizar la resiliencia de la comunidad”, ha subrayado Concha López, directora general de Plan International, que hace un llamamiento a todos los actores para que se movilicen y trabajen juntos.  “Cuando se registraron los primeros casos de ébola en la localidad de Guéckédou en 2014, Plan International estuvo al frente de la respuesta. En esta ocasión, queremos transmitir al Gobierno guineano nuestra disposición para hacer lo que esté en nuestras manos para contener rápidamente la enfermedad, siguiendo las directrices de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria”, ha explicado Johnson Bien-Aimé, director de Plan International en Guinea. Trabajo de Plan International en Guinea Plan International trabaja en Guinea desde 1989 con el fin de garantizar los derechos a la educación, la salud, la protección y los medios de subsistencia a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.  Dentro de sus proyectos, la organización cuenta con un programa para fortalecer la resiliencia comunitaria cuyo objetivo es preparar a las comunidades para hacer frente a las epidemias, los desastres naturales y las crisis. Esta estrategia de nacional se ha adaptado y ajustado al plan de respuesta a la Covid-19 en las áreas de actuación prioritarias. Hasta el momento, Plan International Guinea ha invertido, junto con sus socios, alrededor de 3.000.000 de euros en la respuesta a la pandemia. Además. la organización es miembro del comité de coordinación, en el grupo temático de comunicación a nivel de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSS), en el clúster de educación y en los grupos sobre salud a nivel

Una iniciativa del programa de RSC y Voluntariado Corporativo de IFEMA, que ha tenido como invitada a Concha López, CEO de Plan International. Plan International ha participado en una nueva sesión de las ‘Charlas para cambiar el mundo’, una iniciativa enmarcada dentro del Plan de Voluntariado Corporativo de IFEMA, que en esta ocasión ha contado con la participación de Concha López, CEO de Plan International España, que ha aprovechado la ocasión para hablar sobre el trabajo de la organización para garantizar los derechos de la infancia en todo el mundo y la igualdad de las niñas. Concha López ha explicado cómo la organización trabaja para apoyar a los niños, niñas y jóvenes, dotándoles de los conocimientos y habilidades necesarias para que puedan alcanzar posiciones de relevancia en sus comunidades y contribuir al cambio. A través de campañas y proyectos, impulsan cambios en las prácticas y políticas locales, nacionales e internacionales, garantizando el desarrollo seguro de los jóvenes desde su nacimiento hasta la vida adulta. “Existe un potencial de 500 millones de niñas, adolescentes y mujeres que podrían y deberían jugar un papel crucial en el desarrollo económico y social de la próxima generación, la Generación Igualdad, pero no tienen las oportunidades para acceder a la educación, de participar en las decisiones o de conseguir un empleo decente”, ha asegurado. Los objetivos del movimiento que lideran, Girls Get Equal, se apoyan en datos que evidencian la desigualdad y la discriminación a la que se enfrentan las niñas en todo el mundo, como que 200 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a mutilación genital femenina o que 1 de cada 3 es obligada a casarse antes de la mayoría de edad. Además, trabajan con el propósito de acelerar el progreso para conseguir la igualdad, teniendo en cuenta que solo el 24% de los parlamentarios en todo el mundo son mujeres, o que solo hay 12 países con mujeres líderes. La labor de Plan International se desarrolla en tres ámbitos: promoción de derechos, ayuda humanitaria, y desarrollo sostenible. Entre otras, sus campañas buscan garantizar la educación y protección de niñas en las crisis y emergencias, y mejorar la seguridad de las chicas en las ciudades y en los espacios online. En la actualidad, Plan Internacional trabaja con más de 54.000 comunidades, con un equipo de 10.000 personas y más de 60.000 voluntarios en todo el mundo. Desde la puesta en marcha del Plan de Voluntariado Corporativo en IFEMA, más del 10% de la plantilla ha participado activamente en los diferentes proyectos contemplados con organizaciones nacionales, complementado con las ‘Charlas para cambiar el mundo’, que han contado con la participación de Save the Children y Manos Unidas, además de Plan International; y distintas campañas de donación de alimentos, juguetes y

La falta de suministro eléctrico que llevan sufriendo los más de 1.800 niños y niñas que viven en estos asentamientos se ha traducido en un empeoramiento extremo de sus condiciones de vida, que se ha visto seriamente agravado por la alta incidencia de la pandemia, así como las frías temperaturas del invierno. Esta situación pone en riesgo a muchos niños y niñas y provoca una vulneración grave de sus derechos, especialmente en el ámbito de la salud, pero también en otros derechos como el acceso a la educación, a vivir en un entorno adecuado o a la protección. Especialmente grave es en el caso de 20 bebés o de niños y niñas en situación vulnerable, convirtiéndose la necesidad de actuar en una emergencia humanitaria. Instituciones como el Defensor del Pueblo, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, los relatores especiales de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil o la propia Plataforma de Infancia han trasladado a las diversas instituciones competentes la necesidad de impulsar medidas, tanto urgentes como a largo plazo, para acabar con esta situación, siendo la cuestión más inmediata la necesidad de volver a proveer a las familias de suministro eléctrico. Las organizaciones firmantes somos conocedoras de situaciones de extrema gravedad y mostramos nuestra perplejidad y preocupación ante la ausencia de medidas suficientes y adecuadas ante el drama humanitario existente. El Real Decreto Ley 37/2020 aprobado el pasado diciembre es muy claro con respecto a la protección que debe darse a los consumidores vulnerables durante el estado de alarma, prohibiendo el corte de suministro eléctrico incluso en el caso de que no pudieran acreditar la titularidad del contrato de suministro. Por otro lado, la posible existencia de actividades delictivas en la zona no puede suponer, en ningún caso, un menoscabo de los derechos de los niños y las niñas, ni su culpabilización. Igualmente debe recordarse, ante la existencia de “enganches en precario”, que las personas afectadas han solicitado la posibilidad de tener contratos dentro de la legalidad, pero estos no han sido facilitados ni “se han esclarecido suficientemente las razones que lo impiden o dificultan” como ha trasladado el Defensor del Pueblo. Cabe recordar en este sentido que es un compromiso asumido por todas las administraciones públicas implicadas, a través del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, la garantía de un adecuado suministro de energía eléctrica a todos los ciudadanos de la Cañada Real. Este Pacto fue firmado en mayo de 2017 y dichos compromisos no han sido asumidos ni iniciados. Especialmente grave es en el caso de 20 bebés o de niños y niñas en situación vulnerable, convirtiéndose la necesidad de actuar en una emergencia humanitaria. Por todo ello demandamos: La adopción urgente de las medidas excepcionales necesarias para el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico a todas las familias afectadas. La adecuación y rehabilitación de la red eléctrica en la zona para garantizar un adecuado suministro eléctrico, partiendo en su caso de un peritaje externo que pueda esclarecer las dificultades técnicas y buscar soluciones a corto y largo plazo. Iniciar la posibilidad para acceder a contrataciones dentro de la legalidad en el corto plazo. Implementar los acuerdos establecidos en el Pacto Regional de la Cañada Real Galiana en el medio plazo para solventar este y otros graves problemas que sufren las familias de estos sectores. Realizar una evaluación del impacto que esta situación está teniendo en el bienestar y derechos de los niños y niñas afectados de cara a la toma de decisiones para reparar el daño e impacto negativo que haya podido tener en los diferentes ámbitos Tener en cuenta en todo momento la opinión de las familias afectadas y garantizar que las medidas que se implementan tengan en cuenta el Interés Superior del Niño tal y como obliga la Convención sobre los Derechos del Niño, por encima de cualquier otra consideración. Hacemos este llamamiento a la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno, los Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada así como a la empresa suministradora de la energía, Naturgy, para que en el marco de sus competencias hagan efectivas estas

Solo en diciembre, 1.455 niños y niñas menores de cinco años ingresaron en el centro de nutrición de Plan International en el condado de Pibor. COLABORA Miles de niños, niñas y adolescentes corren un grave riesgo de sufrir hambre, violencia y explotación sexual en algunas regiones de Sudán del Sur como consecuencia de la inminente hambruna que amenaza el país, advierte la ONG Plan International, que trabaja en defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. Según el último análisis de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) de Sudán del Sur, Pibor y sus alrededores están ya en la fase 5 de la magnitud de inseguridad alimentaria aguda, denominada “probable hambruna”. Tanto es así que, solo en diciembre de 2020, 1.455 niños y niñas menores de cinco años ingresaron en el centro de nutrición dirigido por Plan International en el condado de Pibor. “En Sudán del Sur, las inundaciones, el hambre y los conflictos han marcado el noveno aniversario del país. Con casi 1,5 millones de personas desplazadas, las niñas y las adolescentes tienen que enfrentarse ahora a la crisis de la COVID-19 además de a otros problemas como la falta de dinero, alimentos y seguridad. Por eso, es fundamental que la comunidad internacional ofrezca asistencia humanitaria a las personas más afectadas, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, cuyo riesgo es mayor”, explica Concha López, directora general de Plan International. En un momento en el que las familias están tratando de hacer frente y sobrevivir a la inseguridad alimentaria –una situación que ha empeorado en los últimos meses debido a los conflictos, las inundaciones y la pandemia de la COVID-19-, las adolescentes corren un mayor riesgo de sufrir explotación sexual en sus desplazamientos para buscar alimentos. Por su experiencia en crisis y emergencias anteriores, la organización alerta de que algunas formas de violencia de género como la explotación infantil y los abusos sexuales aumentan tras las catástrofes y ocurren en situaciones tan cotidianas como la búsqueda de alimentos o de leña.   Con casi 1,5 millones de personas desplazadas, las niñas y las adolescentes tienen que enfrentarse ahora a la crisis de la COVID-19   “Desde Plan International, hacemos un llamamiento al Gobierno del Sudán del Sur y a la comunidad internacional para que actúen con rapidez a fin de evitar una catástrofe humanitaria en Pibor y en las comunidades cercanas. A pocas semanas de la temporada de lluvias, es esencial ganar tiempo”, subraya Richard Orengo, director de Programas de Plan International en Sudán del Sur. Las familias de Pibor todavía se están recuperando de los daños causados por las catastróficas inundaciones del año pasado, que afectaron a unas 800.000 personas en el país, destruyendo miles de hogares y dejando a las personas sin alimentos, agua o refugio. Por otro lado, la pandemia ha provocado un aumento disparatado de los precios de los alimentos y, como en todas las crisis, las niñas y las adolescentes están siendo las más afectadas. Las organizaciones de ayuda humanitaria solo podrán acceder con relativa normalidad al condado de Pibor, en el estado de Jonglei, hasta principios del mes de abril, cuando la temporada de lluvias hace que los caminos sean intransitables y dificulta enormemente el transporte de artículos y productos básicos. Como respuesta a las inundaciones, Plan International ha llegado a más de 6.000 hogares en Verteth, Gumruk, Lukwangole y la ciudad de Pibor con alimentos, pastillas potabilizadoras de agua y alimentos para los niños, niñas, madres embarazadas y lactantes. Además, la organización ha estado trabajando con las comunidades locales para proporcionar alimentos y tratamiento a los niños y niñas con malnutrición, así como servicios de protección infantil y programas de educación. LA RESPUESTA DE PLAN INTERNATIONAL Desde que estallara el conflicto, Sudán del Sur se ha enfrentado a grandes problemas que afectan especialmente a los niños, niñas y adolescentes, quienes sufren mayores riesgos en los desplazamientos internos, tales como el reclutamiento por parte de grupos armados, la explotación, abusos sexuales y la violencia. Además, están más expuestos a la inseguridad alimentaria y la malnutrición, sufren la ruptura de los vínculos familiares y se enfrentan a diferentes traumas. En este entorno volátil, el sistema educativo se ha debilitado, con un elevado número de niños y niñas sin escolarizar, en particular los afectados por conflictos y otras emergencias derivadas. Plan International, presente en el país desde 2006, trabaja proporcionando asistencia alimentaria, educación y protección infantil. Para reducir el riesgo de los niños, niñas y adolescentes desplazados internos y de las comunidades de acogida a estos peligros y garantizar su protección, la organización facilita el acceso de la infancia a los servicios de educación y protección en las zonas rurales y urbanas del estado de Yei River. Además, Plan International lleva a cabo programas para atender las necesidades de los miles de sursudaneses refugiados en Etiopía en los campos de Kule y Pugnido y en la región de Adjumani en Uganda, donde 16.000 niñas y niños han recibido apoyo en 30 centros de desarrollo de la primera infancia en 12 asentamientos para refugiados de Sudán del