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Mozambique: Plan International solicita que se ponga fin a los ataques contra la población civil en Cabo Delgado
Según las últimas noticias, decenas de civiles han muerto en un ataque en Palma, una ciudad de la provincia de Cabo Delgado, situada al norte de Mozambique. En respuesta, un portavoz de Plan International, organización humanitaria y que trabaja en defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, ha expresado: “Estamos consternados y desolados ante estas informaciones. Las comunicaciones siguen siendo muy escasas, pero por el momento se estima que decenas de personas han sido brutalmente asesinadas en Palma. Nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos. Los niños y niñas en Mozambique no deberían crecer con miedo a la violencia. Los grupos armados no estatales deben poner fin inmediatamente a todos los ataques contra la población civil y permitir el acceso seguro al personal de rescate y humanitario, respetando el Derecho Internacional Humanitario. Estamos consternados ante el hecho de que los niños, niñas y sus familias sigan siendo objeto de estos horribles ataques por parte de los grupos armados. El año pasado se produjo el mayor número de ataques contra la población civil en la historia reciente de Mozambique, con más de una persona al día, la mayoría de ellos relacionados con el conflicto en la provincia de Cabo Delgado. El conflicto también ha provocado que más de 670.000 personas, de las cuales casi la mitad son niños y niñas (el 45%), se hayan visto obligadas a huir de sus hogares. En muchos casos han sido testigos de atrocidades inimaginables para la mayoría de las personas adultas. Mientras las familias luchan por salir adelante, las niñas, especialmente, corren un alto riesgo de sufrir violencia y abusos sexuales, explotación sexual y matrimonio forzado, mientras que los niños están más expuestos a ser reclutados por los grupos armados. La violencia debe cesar, y las familias que se han visto afectadas por el conflicto deben recibir apoyo para recuperarse y reconstruir sus vidas”. NOTAS: Plan International apoya a las personas desplazadas por el conflicto en Cabo Delgado y ofrece educación, agua potable, protección infantil y programas de salud sexual y reproductiva a 40.000 niños y niñas y sus familias en la provincia de

Declaración conjunta de las ONG sobre los incendios en los campamentos rohingya de Cox’s Bazar
Nos solidarizamos con las 10.000 familias refugiadas rohingya afectadas por los fuertes incendios ocurridos en el campamento de Kutapalong, en el Cox’s Bazar, Bangladesh. La comunidad internacional y el Gobierno de Bangladesh han trabajado de forma conjunta y sin descanso para apoyar a las personas afectadas por el incendio ocurrido el 22 de marzo de 2021. El fuego arrasó los campamentos de refugiados, que están densamente poblados, y se extendió rápidamente por cuatro de los campamentos que integran el mayor asentamiento de refugiados del mundo, que alberga a más de un millón de personas. Desde el primer momento, personas voluntarias rohingya acudieron al lugar de los hechos para responder a la emergencia y siguen trabajando sin descanso para ayudar a contener el fuego y salvar vidas, en estrecha colaboración con los cuerpos de bomberos, los miembros de la comunidad humanitaria y los y las residentes locales. A pesar de estos esfuerzos, los primeros informes indican que al menos 11 personas han fallecido en condiciones trágicas. Con los refugios reducidos a cenizas y sin ningún lugar donde vivir, las mujeres, las niñas, las personas con discapacidad y las personas mayores son quienes se enfrentan mayores peligros que amenazan su seguridad personal. Nos preocupan especialmente los relatos que nos han hecho llegar las personas refugiadas rohingya, que nos han contado que estaban atrapadas y que no podían ponerse a salvo debido a la valla que rodea los campamentos. En algunos casos, nos relatan que tuvieron que cortar esta valla de alambre de espino para sobrevivir. El vallado dificultó la posibilidad de los y las refugiados a la hora de escapar y provocó importantes retrasos al cuerpo de bomberos. Huir en estas circunstancias es aún más difícil, si no imposible, para las personas refugiadas con discapacidad. Los retrasos contribuyeron a que se produjeran mayores daños en las viviendas, los centros de aprendizaje y las instalaciones sanitarias, de los que dependen los refugiados, especialmente en uno de los campamentos, donde todo quedó destruido. Agradecemos enormemente la colaboración del gobierno de Bangladesh, el ejército, la policía y el cuerpo de bomberos, así como sus esfuerzos para extinguir el fuego y colaborar con el personal humanitario para asistir a las personas refugiadas afectadas. Sin embargo, es necesario aumentar los esfuerzos para garantizar que esta catástrofe no se repita en el futuro. Aunque el incendio de hace unos días es, con diferencia, el más grave ocurrido hasta el momento, no es el único que se ha producido en los últimos meses. Por lo tanto, es necesario tomar medidas urgentes para abordar la seguridad de las personas refugiadas, así como el acceso humanitario de emergencia para evitar la pérdida de vidas y mitigar la exposición a riesgos extremos en el futuro. Tras los sucesos del lunes, proponemos las siguientes medidas para llevarlas a cabo en coordinación con Naciones Unidas, las agencias donantes, el Gobierno de Bangladesh y los líderes comunitarios. Además, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de los y las refugiados y las comunidades de acogida en el Cox’s Bazar. Nuestras recomendaciones son las siguientes: Tras el incendio, es necesario intensificar la ayuda en alojamiento, alimentos, agua, salud, protección de la infancia y apoyo psicosocial a las personas refugiadas. La comunidad internacional debe garantizar que la respuesta tenga la financiación adecuada para cubrir unas necesidades que ahora son mayores que antes. Se debe replantear el sistema de vallas que atraviesan las carreteras de acceso a los campamentos, y abrir las puertas de acceso y establecer personal las 24 horas del día, para garantizar el paso seguro durante las emergencias y el acceso de los servicios de respuesta a las mismas. Los campamentos deben ser seguros para las personas refugiadas en situaciones de emergencia. Los campamentos tienen que ser reconstruidos de forma más segura, proporcionando más espacio entre los refugios y utilizando materiales no inflamables. Deben trazarse mapas y carteles que marquen claramente las rutas seguras. Este plan debe elaborarse con las aportaciones de los y las refugiadas rohingya, las comunidades de acogida afectadas y el personal humanitario. Es necesario un plan de evacuación exhaustivo. Debe redactarse en colaboración con los agentes humanitarios pertinentes, para garantizar la seguridad de los y las rohingya en caso de que se produzcan inundaciones, incendios, ciclones u otras emergencias repentinas. Muchas personas refugiadas han perdido toda su documentación debido al incendio. El gobierno de Bangladesh y la comunidad humanitaria deben garantizar que los y las refugiadas tengan un acceso interrumpido y sin impedimentos a los servicios hasta que se puedan reponer los documentos de registro. Firmado: ActionAid Acción contra el Hambre CARE Christian Aid Community Partners International Concern Worldwide DanChurchAid Consejo Danés para los Refugiados Educo HEKS/EPER- Ayuda de la Iglesia Suiza HELVETAS Handicap International – Humanidad e Inclusión Comité Internacional de Rescate Islamic Relief MAF Bangladesh Médicos del Mundo Francia Médicos del Mundo Japón Médicos del Mundo Suiza Consejo Noruego para los Refugiados Oxfam Internacional Plan International Soluciones Prácticas Save the Children Solidaridad Internacional United Purpose World Vision VSO Trabajo de Plan International con las y los refugiados rohingya en el Cox’s Bazar Plan International, presente en Bangladesh desde 1994, trabaja para asegurar que las niñas y niños del campamento puedan comenzar o continuar su educación, lo cual es vital para su bienestar actual y futuro. Ofrecemos acceso a la educación a 13.520 niñas y niños de entre 3 y 14 años en 700 centros de aprendizaje. Además, 660 de ellos están recibiendo educación en sus hogares. Además, los Espacios Amigos para la Infancia de Plan International se han convertido en un lugar de protección a la infancia en el que los niños, niñas y adolescentes, aprenden, reciben apoyo y se relacionan con otras personas de su edad. En los espacios seguros los niños y niñas que se han visto separados de sus familias o cuyos padres pueden hablar sobre aquello que les preocupa, especialmente sobre la violencia y los abusos. Desde que estallara la pandemia de la COVI-19, el personal humanitario de la organización en Bangladesh se desplaza diariamente al Cox’s Bazar para llevar a cabo sesiones informativas sobre el coronavirus, garantizar que las instalaciones de agua, higiene y saneamiento estén operativas y continuar con la labor de protección de la infancia. Tras el incendio, Plan International ha llevado a cabo una evaluación rápida y ha identificado las necesidades urgentes que deben ser cubiertas de manera inmediata. En cuanto a temas de protección, la organización ha identificado tres áreas prioritarias de actuación: Apoyo psicosocial a la población afectada. Sensibilización sobre el uso adecuado de las bombonas y estufas de gas. La formación en seguridad contra incendios es fundamental para los y las refugiadas rohingya. Sensibilización acerca del tráfico de niños y niñas, así como sobre acoso sexual, dirigida a padres, madres y adolescentes. En cuanto a refugio, Plan International alerta de la necesidad de tiendas de campaña temporales, especialmente para mujeres y niños, materiales de uso doméstico y suministro de energía en la zona por la noche. En el área de educación, será necesario establecer centros de aprendizaje temporal para niños y niñas, y poner en marcha oportunidades de aprendizaje en tiendas de campaña para garantizar su seguridad. Respecto a salud, los refugiados y refugiadas rohingya necesitan tener acceso a un equipo o centro médico móvil, especialmente para mujeres y niñas. Además, deberán tenerse en cuenta las necesidades de alimentación, distribuyendo tres comidas al día, hasta que las familias reconstruyan sus casas, además de jabón, agua potable, saneamientos y cuartos de baño para niños y niñas, teniendo en cuenta la situación de pandemia, así como otros productos de primera necesidad: paños, ollas, cubos, artículos de cocina y mosquiteros. En la primera fase de la respuesta, que se desarrollará a lo largo de cuatro meses, Plan International dará prioridad a la protección de la infancia, enfocándose durante las primeras 72 horas en la reunificación de los niños y niñas con sus familias, la gestión de los casos de violencia y la prestación de apoyo psicosocial a las familias afectadas serán la

La CME lanza #MilMillonesDeVoces, una campaña para visibilizar a los casi 1500 millones de estudiantes afectados por la COVID-19
Campaña Mundial por la Educación, 15 de marzo de 2021. Visibilizar a los más de 1500 millones de estudiantesde todo el mundo que se han quedado fuera de las aulas desde que hace más de un año comenzara lapandemia de COVID-19. Este es el objetivo con el que nace #MilMillonesdeVoces, una iniciativa de la CampañaMundial por la Educación (CME), coalición liderada en España por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas y PlanInternational, con la que quieren denunciar que la pandemia está agravando los retos para cumplir con el ODS4 y garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todas las personas, además de solicitar al Gobiernoque priorice la financiación pública de la educación. Si ya antes de la COVID-19 había 258 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo sin escolarizar, lairrupción de la pandemia no ha hecho sino agravar estas cifras. Se calcula que, en el momento más crudo de la primeraola, entre marzo y abril de 2020, el cierre de centros educativos afectó a casi el 90% de la población estudiantil delmundo. Esto equivale a casi 1500 millones de estudiantes cuyo derecho a la educación fue vulnerado, y más de milmillones de voces con una historia que merece ser escuchada. Sobre #MilMillonesDeVoces #MilMillonesDeVoces nace de los mensajes enviados por cientos de niños, niñas y familias en 2020 durante lacampaña #LaMejorLección, con la que la CME buscó recopilar reflexiones y emociones compartidas durante lospeores meses de la pandemia, así como los principales aprendizajes de cara a salir reforzados de esta crisis. A través de materiales de sensibilización y actividades de movilización, #MilMillonesDeVoces busca concienciar a lapoblación en torno a la importancia de defender la educación como herramienta fundamental para que nadie se quedeatrás en la recuperación frente a la crisis social, económica y sanitaria generada por la COVID-19. Un momento clave de la campaña consistirá en la Semana de Acción Mundial por la Educación. Del 23 al 30 deabril, se organizarán movilizaciones sociales en más de 124 países para exigir una adecuada financiación queasegure el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, sobre el derecho a la educación. Financiación para asegurar el derecho a la educación Si no se toman medidas urgentes, el impacto de la pandemia seguirá empeorando la situación de las personas ycomunidades más vulnerables del mundo. La UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial estiman que la COVID-19podría dejar sin escolarizar a 24 millones más de estudiantes. Para impedir que las peores previsiones se cumplan, asegura Miriam Torán, portavoz de la CME, “es fundamentalque los Gobiernos se comprometan con la mejora y el incremento en la financiación pública de la educación como bienpúblico global. Exigimos al actual Gobierno que siga trabajando para destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo, así como dedicar un 20% a la

10 años de guerra en Siria: más de una de cada cuatro niñas es obligada a casarse
La cifra de niñas sirias obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años se ha multiplicado desde 2011: antes del conflicto, el 13% de las mujeres sirias contraían matrimonio siendo menores de edad, mientras que esta cifra asciende hoy al 26%. Siria es hoy uno de los peores países del mundo para ser niña o mujer: ocupa el puesto 150 de los 153 países que figuran en el marcador del Informe Global de Brecha de Género 2020. Plan International trabaja desde 2016 con las niñas, adolescentes y mujeres sirias, tanto en Jordania como en Líbano, ofreciendo apoyo psicosocial, atención a la primera infancia y ayuda a la crianza, así como programas de salud sexual y reproductiva. Madrid, 11 de marzo de 2021.- Diez años después de que estallara el conflicto en Siria, el 15 de marzo de 2011, el país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser niña o adolescente: además de la violencia del conflicto, están expuestas constantemente a violencia doméstica, abusos, acoso sexual, y matrimonio infantil forzado, advierte Plan International, organización que trabaja por los derechos de la infancia y la igualdad. La cifra de niñas obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años se ha multiplicado en esta década: antes del conflicto, el 13% de las mujeres sirias contraían matrimonio siendo menores de edad, mientras que esta cifra asciende hoy al 26% en algunas regiones del país. En el caso de las refugiadas sirias que viven en Jordania y Líbano, el porcentaje asciende hasta el 29%. Además, se estima que las tasas de trabajo infantil también aumenten considerablemente por los impactos de la pandemia de COVID-19, ya que en épocas de crisis las familias recurren al trabajo y matrimonio infantil para aliviar sus cargas económicas. En Jordania y Líbano se está produciendo un aumento de los hogares encabezados por mujeres que viven en situación de pobreza: un 39% de los hogares sirios en Jordania están encabezados por mujeres, y los ingresos de estos hogares pueden ser hasta un tercio más bajos que los de los hogares encabezados por hombres. “El conflicto en Siria sigue marcando la vida de millones de niños, y especialmente niñas y adolescentes, cuya infancia ha sido arrebatada y cuyos derechos continúan vulnerándose de forma constante. Desde el inicio de la guerra millones de niños, niñas y adolescentes no reciben ningún tipo de educación. Desde Plan International hacemos un llamamiento urgente para que las autoridades y la comunidad internacional protejan los derechos de los niños y niñas que viven en Siria y de los que viven en los países vecinos para asegurarles un futuro digno a través de la educación, el trabajo y el acceso a los servicios básicos”, señala Concha López, directora general de Plan International. Se estima que el cierre prolongado de las escuelas y los impactos económicos y sociales de la pandemia tengan un grave impacto en la educación de la infancia, especialmente para las niñas y adolescentes, que están en mayor riesgo de no volver nunca a las aulas. 2,5 millones de niños y niñas en Siria de entre 5 y 17 años no están escolarizados, y 1,6 millones corren el riesgo de abandonar la educación, según datos de Naciones Unidas. Las personas refugiadas sirias carecen, a menudo, de documentación, quedando expuestas a la separación familiar, la trata de personas y la condición de apátridas. El 70% de los y las refugiadas sirias en Líbano, Jordania e Irak carecen de documentos de identidad, mientras que el 24% de los niños y niñas refugiados menores de cinco años no están debidamente registrados, según una encuesta realizada en 2017. Las leyes perpetúan la discriminación Siria es uno de los peores países del mundo para ser niña o mujer: ocupa el puesto 150 de los 153 países que figuran en el marcador del Informe Global de Brecha de Género 2020. Tanto las niñas y mujeres que se han quedado en Siria, como aquellas que han huido a países vecinos, están constantemente expuestas a la falta de protección, la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades para sobrevivir. Las leyes ofrecen escasa protección de los derechos de las niñas y las mujeres en los países de Oriente Medio, en los que el contexto para ellas es precario, y garantizar la igualdad ante la ley es un reto constante. La violencia de género es la vulneración de derechos más frecuente: una de cada tres mujeres en Oriente Medio ha sufrido o corre el riesgo de sufrir abusos físicos o sexuales a lo largo de su vida. El matrimonio infantil sigue siendo una práctica extendida en la región: a pesar de que en Egipto, Jordania, Sudán y Siria la edad legal para contraer matrimonio son los 18 años, esto queda anulado por leyes complementarias que permiten casarse a los niños y las niñas si se considera que es la mejor opción, mientras que en Líbano no existe una edad mínima. Aunque en Oriente Medio las constituciones nacionales establecen la igualdad entre hombres y mujeres, existen vacíos legales que impiden a las jóvenes y adolescentes disfrutar plenamente de sus derechos, como las leyes que eximen de castigo a los autores de violencia sexual y de “crímenes de honor”. Estas son algunas de las conclusiones del informe “La protección de las mujeres jóvenes y las niñas en Oriente Medio y el Norte de África”, elaborado por Plan International, que analiza la situación jurídica y política de los derechos de las niñas y mujeres en torno a los matrimonios infantiles, la violencia de género, la violencia sexual y doméstica, la mutilación genital femenina, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos civiles en Jordania, Siria, Líbano, Sudán y Egipto. Recomendaciones de Plan International Plan International trabaja desde 2016 con las niñas, adolescentes y mujeres sirias más vulnerables, tanto en Jordania como en El Líbano, ofreciendo apoyo psicosocial, atención a la primera infancia y apoyo a la crianza, así como programas de salud sexual y reproductiva. En este sentido, la organización solicita que se aumente el apoyo a los grupos locales de mujeres y jóvenes en toda Siria, para que puedan seguir trabajando en los problemas específicos que afectan a las niñas y mujeres. Además, pide una mayor representación de las niñas y las mujeres sirias en los procesos de reconstrucción de paz, ya que, aunque constituyen más de la mitad de la población siria y desempeñan un papel fundamental en sus comunidades, apenas participan en el proceso. Durante la cuarta ronda de conversaciones de paz en Ginebra, las mujeres sirias sólo representaron el 15% de las participantes. Sin embargo, las investigaciones demuestran que la participación de las mujeres en las negociaciones de paz hace que éstas tengan un 64% menos de probabilidades de fracasar y un 35% más de perdurar en el tiempo. Plan International también considera esencial que las vacunas contra la Covid-19 se distribuyan de forma justa y equitativa en toda Siria, y que las poblaciones más vulnerables, como las niñas y adolescentes, tengan garantizado su acceso. Las repercusiones secundarias de la pandemia, como las limitaciones de movimiento, la recesión económica, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de las escuelas, son las que más han afectado a las niñas y a las mujeres, quienes sufrirán las peores consecuencias económicas y sociales de una pandemia prolongada en el

El 38% de las niñas y adolescentes en España se autocensura, reduce el uso o abandona las redes sociales por acoso online
Casi un 60% de las niñas y jóvenes de todo el mundo han sido víctimas de diferentes formas de acoso en redes sociales, una discriminación por razón de género y edad que sufren en mayor medida las que tienen discapacidad, son racializadas o LGTBIQ+. El acoso online es una de las formas más frecuentes de violencia a la que se enfrentan las niñas y adolescentes en todo el mundo por su género y su edad, y una de las principales barreras para su liderazgo en un mundo en transformación digital. No obstante, las chicas asumen y aceptan que el acoso y los abusos forman parte de sus experiencias en las redes sociales y acaban normalizándolo. En España, más de una de cada tres adolescentes y jóvenes (38%) cambia su forma de expresarse, deja de manifestar sus opiniones, reduce el uso o abandona las redes sociales como consecuencia del acoso online, según el informe “(In)seguras online”, que recoge las experiencias de acoso online de más de 14.000 niñas, adolescentes y jóvenes de 22 países. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Plan International recuerda que el acoso online vulnera los derechos de las niñas y adolescentes, limita su participación política, económica y social, y tiene consecuencias para su salud mental y física, por lo que reclama medidas urgentes para abordarlo, tanto desde los Gobiernos como desde las empresas. “No podemos seguir tolerando la violencia que sufren niñas y adolescentes en Internet, porque está frenando su participación y liderazgo. Necesitan saber que cuando sean acosadas, abusadas o amenazadas, podrán reportarlo, que serán escuchadas y que se tomarán acciones. Por eso, es necesario acelerar la aprobación de un mecanismo europeo de cooperación con las plataformas de redes sociales, para que mejoren sus mecanismos de denuncia y den respuesta al acoso y la violencia por razón de género en el ámbito digital”, subraya Concha López, directora general de Plan International. La organización recuerda que casi un 60% de las niñas y adolescentes de todo el mundo han sido víctimas de diferentes formas de acoso online por el hecho de ser mujeres y jóvenes, y alerta de que los ataques son más graves si tienen discapacidad, son racializadas o LGTBIQ+: el 37% de las que pertenecen a minorías étnicas afirman que las acosan por ese motivo, mientras que el 42% de las niñas LGTBIQ+ afirman ser acosadas por ello. Además, la pandemia ha incrementado notablemente la actividad online de los niños, niñas y jóvenes. Internet no solo ha sido una herramienta para el ocio y entretenimiento sino también una forma de mantener las relaciones interpersonales y la educación. Desde hace casi un año, la presencia y el acceso a Internet son fundamentales, pero aún no existen mecanismos sólidos y eficaces para proteger la seguridad de las niñas y las mujeres en los espacios digitales. Propuestas y recomendaciones Plan International solicita que los gobiernos de todo el mundo apliquen leyes específicas que hagan frente a la violencia online por razón de género y garanticen que las niñas y jóvenes víctimas puedan acceder a la justicia. Según el informe, la mayoría de las encuestadas (el 44%) considera que son las empresas de redes sociales quienes más deben aumentar sus esfuerzos y medidas para protegerlas, seguidas por los gobiernos (18%), otras personas usuarias (18%) y la policía (13%). Desde el pasado octubre, Plan International ya está trabajando con Instagram y Facebook a través de las Sesiones de Escucha Girls Get Equal, un grupo de trabajo en el que 15 chicas activistas de varios países, incluido España, están compartiendo sus experiencias y propuestas de mejora de los mecanismos de reporte con los responsables de políticas y diseño de producto de las plataformas. Además, Twitter España también colaborará con Plan International para desarrollar una serie de talleres sobre seguridad, protección y alfabetización digital para niñas y jóvenes. “En las sesiones, hemos desarrollado algunas ideas para mejorar la seguridad para las chicas, como, por ejemplo, establecer métodos de reporte más concretos y mecanismos específicos de denuncia para la violencia o los abusos sexuales que pasen por un filtro de personas especializadas en estos temas: psicólogas, sociólogas, etc. La idea es que ese filtro pase a la policía y se haga una denuncia real, que no se quede en un reporte a la red social, sino que tenga una repercusión legal”, explica Laura, una joven española de 17 años participante en las sesiones de escucha. En este sentido, la organización solicita la aprobación y puesta en marcha de un código de conducta europeo contra las violencias de género online, siguiendo los objetivos de la estrategia de género de la UE 2020-2025, para que las empresas de redes sociales creen mecanismos de denuncia sólidos, efectivos y accesibles, que respondan a las necesidades de las niñas, jóvenes y mujeres; responsabilicen a los autores, y promuevan una política de tolerancia cero con la violencia y el acoso online. En línea con el actual Código de Conducta de la Comisión Europea para luchar contra la incitación ilegal al odio en Internet, Plan International reclama que las plataformas de IT se responsabilicen, colaboren y aumenten los esfuerzos contra el acoso online hacia niñas, adolescentes y mujeres, además de garantizar la recolección de datos y producción de estadísticas accesibles, transparentes y claras para garantizar la rendición de cuentas. Plan International es una organización que trabaja por un mundo justo que promueva los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. Nació en España en 1937. A lo largo de sus 80 años de historia, ha construido sólidas alianzas para apoyar los derechos de los niños y niñas desde su nacimiento hasta que alcanzan la edad adulta. En la actualidad, está presente en 75 países y lleva a cabo programas que benefician directamente a 17,1 millones de niñas y 15,5 millones de niños. Es miembro consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde 1981. Sus cuentas son auditadas por PwC y el cumplimiento de los principios de transparencia y buena gestión está acreditado por la Fundación

Plan International apoya a las comunidades y los jóvenes de Myanmar
Plan International expresa su profunda preocupación por la situación actual en Myanmar, que amenaza el futuro y el bienestar de la población del país, especialmente de los y las jóvenes que están a la vanguardia defendiendo su futuro y expuestos a la violencia. Estamos especialmente preocupados por una de nuestras Embajadoras Juveniles por la Paz, que ha sido arrestada hoy porque se ofrecía como voluntaria para ayudar a otros. Como organización internacional que promueve los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, Plan International hace un llamamiento para detener toda violencia y represión contra jóvenes manifestantes pacíficos y para que se respeten sus derechos a la educación y la libertad de expresión. Desde Plan International apoyamos a las comunidades, los jóvenes y los niños de Myanmar en este momento difícil y reafirmamos nuestro firme compromiso de defender el bienestar de sus niños y jóvenes. La organización trabaja con socios para el desarrollo y el pueblo de Myanmar para promover los derechos y el bienestar de los niños y los jóvenes desde

Plan International advierte de que la seguridad y los derechos de las niñas están en riesgo ante el rebrote de ébola en Guinea
Durante la anterior epidemia de ébola, las niñas y adolescentes fueron de las más afectadas: sin acceso a los servicios sanitarios, con hambre por la escasez de alimentos, y desprotección por la crisis de cohesión comunitaria. Plan International, que trabaja en Guinea desde 1989, solicita apoyo técnico y financiero necesario para proteger los derechos de la infancia, y especialmente de las niñas, para que puedan seguir estudiando y accediendo a los servicios sanitarios. La organización ha transmitido al Gobierno guineano su disposición para trabajar conjuntamente para contener la nueva epidemia de la enfermedad en el país. La declaración de un rebrote de ébola en el suroeste de Guinea, donde se han confirmado nueve casos y cinco personas fallecidas hasta el momento en las localidades de Gouéké y Nzérékoré, amenaza la seguridad y los derechos de miles de niñas y adolescentes en el país africano, advierte Plan International, organización humanitaria que trabaja en defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. El pasado 14 de febrero, el gobierno de Guinea confirmó que el país se enfrenta a un nuevo brote de ébola, tras la muerte de, al menos, cinco personas en ambas localidades, y en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), cuyo objetivo es prevenir la propagación internacional de enfermedades. Según fuentes oficiales, los casos están relacionados con el entierro de una enfermera en Gouecké, una localidad cercana a la frontera con Liberia, en la que trabaja la organización. Durante la anterior epidemia de ébola en Guinea, donde comenzó el brote más grande de la historia entre 2014 y 2016, extendiéndose a países vecinos como Liberia y Sierra Leona, las niñas y las adolescentes fueron de las más afectadas: dejaron de acceder a los ya de por sí precarios servicios sanitarios; se enfrentaron al hambre por la escasez de alimentos y otros bienes y servicios básicos, así como a la desprotección debido a la crisis de cohesión comunitaria. La organización ha advertido que las consecuencias de esta nueva epidemia podrían ser devastadoras para esta generación de niñas. “Es necesario que las autoridades garanticen el apoyo técnico y financiero para proteger los derechos de la infancia, y especialmente de las niñas y las adolescentes. Ante esta nueva oleada, es fundamental que las niñas puedan seguir yendo a la escuela y accediendo a los servicios sanitarios. También es necesario reforzar los mecanismos de protección a nivel comunitario, restablecer los medios de subsistencia y garantizar la resiliencia de la comunidad”, ha subrayado Concha López, directora general de Plan International, que hace un llamamiento a todos los actores para que se movilicen y trabajen juntos. “Cuando se registraron los primeros casos de ébola en la localidad de Guéckédou en 2014, Plan International estuvo al frente de la respuesta. En esta ocasión, queremos transmitir al Gobierno guineano nuestra disposición para hacer lo que esté en nuestras manos para contener rápidamente la enfermedad, siguiendo las directrices de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria”, ha explicado Johnson Bien-Aimé, director de Plan International en Guinea. Trabajo de Plan International en Guinea Plan International trabaja en Guinea desde 1989 con el fin de garantizar los derechos a la educación, la salud, la protección y los medios de subsistencia a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Dentro de sus proyectos, la organización cuenta con un programa para fortalecer la resiliencia comunitaria cuyo objetivo es preparar a las comunidades para hacer frente a las epidemias, los desastres naturales y las crisis. Esta estrategia de nacional se ha adaptado y ajustado al plan de respuesta a la Covid-19 en las áreas de actuación prioritarias. Hasta el momento, Plan International Guinea ha invertido, junto con sus socios, alrededor de 3.000.000 de euros en la respuesta a la pandemia. Además. la organización es miembro del comité de coordinación, en el grupo temático de comunicación a nivel de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSS), en el clúster de educación y en los grupos sobre salud a nivel
Cerca de 500 jóvenes europeos impulsan recomendaciones para acabar con el acoso callejero
Los y las jóvenes españoles y belgas han consensuado cinco recomendaciones para acabar con el acoso callejero que van desde la creación de un número de emergencias para acoso sexual en el transporte público hasta implementar ‘puntos seguros’ en las zonas de ocio, instalando carteles y letreros que expliquen cómo combatir el acoso sexual. Cerca de 500 jóvenes españoles y belgas se han reunido hoy en un evento online para debatir sobre cómo acabar con las diferentes formas de acoso callejero que, diariamente, sufren en los espacios públicos de sus ciudades. Como resultado del encuentro, los y las jóvenes han elaborado una lista de cinco recomendaciones para abordar esta forma de violencia en las políticas públicas de sus ciudades, y garantizar su derecho a moverse libremente y a participar en su ciudad. a ONG Plan International ha organizado este evento en el marco del proyecto europeo “Safer Cities for Girls”, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, y busca crear ciudades más seguras e inclusivas, a partir de la participación de adolescentes y jóvenes, para garantizar su derecho a disfrutar del espacio público en igualdad de condiciones. El objetivo final de esta iniciativa es crear un manual práctico de recomendaciones que la organización compartirá con los ayuntamientos de las ciudades españolas y belgas involucradas y con la Comisión Europea. Según una investigación de Plan International, un 84% de las niñas y jóvenes en Madrid afirman haber sido acosadas sexualmente en la calle, mientras que, en el caso de las chicas de Bélgica, la cifra asciende a un 91%. Las jóvenes entrevistadas por la ONG afirman que la mayoría de las veces son acosadas en calles vacías, bares, conciertos y estaciones de metro. Las formas de acoso pueden incluir silbidos, miradas indeseadas, comentarios e, incluso, tocamientos no deseados. “Independientemente del país en el que vivan, las niñas y adolescentes no se sienten seguras en las calles de sus ciudades y temen ser objeto de distintas formas de violencia y acoso. Este tipo de iniciativas nos permiten visibilizar el acoso y recoger las opiniones de las chicas para promover soluciones a este problema un problema tan cotidiano como invisibilizado”, ha señalado Concha López, directora general de Plan International. “En el momento en el que ponemos encima de la mesa que es una problemática social, y nos reunimos para intentar cambiarlo, yo creo que ya se está haciendo algo. Estoy muy ilusionada, espero que al final lleguemos a un punto en común para acabar con el acoso callejero”, dice Ana, de 23 años, una de las participantes de Sevilla. A través de la web del proyecto, activa desde enero de 2020, la organización ha recopilado un total de 4.000 experiencias sobre acoso callejero, aunque la participación seguirá abierta hasta septiembre de 2021 para recoger más datos pese a que en algunas ciudades españolas y belgas la movilidad está restringida, hay límites horarios y se han cancelado los eventos públicos, el acoso callejero no parece haber desaparecido durante la pandemia, y la sensación de miedo de las chicas muchas veces puede ser mayor, debido a la menor afluencia de gente en la calle, el cierre de establecimientos y la sensación de mayor impunidad de los agresores. Cinco recomendaciones para ciudades seguras Durante el evento, los y las jóvenes han debatido en grupos y han propuesto soluciones para abordar el acoso callejero en cinco grandes ámbitos: educación, sensibilización, participación juvenil, espacio urbano y transporte público. Entre sus principales recomendaciones está la de crear una asignatura sobre igualdad de género que se incluya en el currículo escolar a todos los niveles para hablar sobre discriminación, privilegios, sexualidad y violencias como el acoso. “Pienso que la única forma de erradicar el acoso callejero es a través de la educación; una educación que se dé a los a los niños y niñas desde muy pequeños ya que en ellos reside toda la clave del proceso de transformación de la sociedad actual”, señala Sara, una joven madrileña de 18 años participante en el evento. Los y las jóvenes asistentes han tenido la oportunidad de compartir sus recomendaciones con representantes de los ayuntamientos de sus ciudades. Han asistido al evento Pepe Aniorte, concejal delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid; Adela Castaño, teniente de alcalde delegada del Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla; y Alicia Ramos Jordán, del equipo del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, así como representantes de los ayuntamientos de Bruselas, Charleroi y Amberes, que han recibido la lista de recomendaciones finales para puedan aplicarlas en las políticas públicas municipales. “En España, en términos generales tenemos ciudades seguras, pero tenemos mucho que avanzar. Conseguir ciudades seguras es cuestión de todos”, ha subrayado Pepe Aniorte, representante del Ayuntamiento de Madrid. Por su parte, Adela Castaño ha dicho que: “debemos empezar a reenfocar el discurso. No solo debemos ‘atemorizar’ a las mujeres y mandarles mensajes del tipo ‘no salgas sola’; también tenemos que dirigir las campañas hacia ellos”. Alicia Ramos, del Ayuntamiento de Barcelona, ha señalado que “el tema de la violencia, el acoso y la seguridad no es cuestión exclusiva de las mujeres y de las instituciones públicas, que tienen que intervenir, sino todo el mundo. Las violencias son corresponsabilidad de la ciudadanía”. J500, juventud unida por las ciudades seguras El evento J500, denominado así por el término “juventud” en holandés, francés y español, ha sido organizado por las oficinas de Plan International en Bélgica y España. Su objetivo principal es que la juventud debata, junto con representantes de los ayuntamientos de sus ciudades, sobre el acoso sexual abordando cinco ámbitos diferentes, desde el transporte público hasta la educación. Los y las participantes han propuesto un total de 25 recomendaciones y, durante la clausura del evento, han votado las cinco soluciones e ideas más destacadas: Sensibilización: crear una asignatura sobre igualdad de género que se incluya en el currículo escolar a todos los niveles para hablar sobre discriminación, privilegios, sexualidad y violencias como el acoso. Educación: presencia de psicólogos y educadores, así como espacios seguros de apoyo emocional, en los centros educativos para intervenir en caso de acoso. Transporte público: creación de un número de emergencias para acoso sexual en el transporte público que active una intervención rápida del personal de seguridad. Participación juvenil: desarrollar una plataforma online en la que los jóvenes puedan compartir experiencias y proponer soluciones para abordar el acoso sexual callejero. Espacios urbanos: implementar ‘puntos seguros’ en las zonas de ocio, instalando carteles y letreros que expliquen cómo combatir el acoso sexual, especialmente para quienes son testigos. La organización publicará en abril un primer informe de resultados, basada en las propuestas y recomendaciones adoptadas en el evento J500, las experiencias de las jóvenes recogidas a través de la web del proyecto y las entrevistas con personas expertas en la materia. El manual de recomendaciones para las ciudades europeas se espera para finales de

LOS CASOS DE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA AUMENTAN PREOCUPANTEMENTE DEBIDO A LA PANDEMIA
Se prevé que la pandemia de la COVID-19 puede provocar 2 millones de casos más de mutilación genital femenina que, en otras circunstancias, se podrían haber evitado. Los confinamientos, la pérdida de acceso a la educación y los servicios de salud sexual y reproductiva, así como la falta de redes de protección, han supuesto para millones de niñas un mayor riesgo de ser sometidas a mutilación genital femenina, advierte la ONG Plan International, que trabaja en defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Femenina, que se conmemora el 6 de febrero, la organización ha recordado que, tal y como viene advirtiendo a través de la campaña ‘Girls in Crisis’, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia están teniendo un efecto devastador en los derechos de millones de niñas y adolescentes en todo el mundo, quienes son doblemente vulnerables: por los impactos económicos y sociales de la pandemia y por las diferentes formas de violencia de género, como la mutilación genital femenina. “Actualmente, más de 200 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido mutilación genital femenina y se prevé que la pandemia de la COVID-19 podría provocar otros 2 millones de casos más que, en otras circunstancias, se podrían haber evitado. Sin programas de vacunación universal y equitativa que permitan avanzar hacia el fin de la pandemia, millones de niñas y adolescentes seguirán sufriendo los peores impactos de la desigualdad”, subraya Concha López, directora general de Plan International. La organización denuncia que, en algunos de países en los que todavía se lleva a cabo esta práctica, muchas familias han percibido el confinamiento como un momento oportuno para llevar a cabo este procedimiento en los hogares, ya que se contaba con tiempo suficiente para la curación, sin la vigilancia y protección que podrían ofrecer los servicios de salud o los centros educativos. Por ejemplo, en Somalia se está registrando un aumento preocupante de los casos como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y las niñas están siendo sometidas a la mutilación genital femenina en reuniones grupales. Según Plan International, en un evento reciente se informó de la presencia de hasta 20 niñas. VACUNACIÓN PARA FRENAR LA DESIGUALDAD En este sentido, la organización recuerda que, debido a que los programas contra la MGF del año pasado no se llevaron a cabo por la pandemia, y es posible que los de 2021 tampoco se pongan en marcha, los progresos para acabar con esta práctica se reducirán en un 33%. En general, los avances conseguidos para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes están en riesgo de retroceder mientras dure la pandemia. Por ello, solicita a los gobiernos que tomen medidas urgentes para asegurar que todos los países, especialmente los de ingresos bajos y medios, puedan ofrecer programas de vacunación equitativos, eficaces y seguros para toda la población. De lo contrario, las niñas podrían estar aún más expuestas a la mutilación genital femenina y a otras formas de violencia. En este sentido, la organización apoya el llamamiento de la People’s Vaccine Alliance para que las vacunas de la COVID-19 sean consideradas como un bien público mundial y sean distribuidas gratuita y equitativamente en función de las necesidades de la población. La pandemia está afectando profundamente al entorno en el que crecen y se desarrollan las niñas, aumentando los riesgos de protección y debilitando su salud, bienestar y capacidad de recuperación a largo plazo. Las niñas y las jóvenes que viven en entornos frágiles y afectados por conflictos corren aún más riesgos, y las ya de por sí débiles estructuras de protección se enfrentan a un mayor desgaste. En España, aunque está prohibida por ley, hay más de 15.500 niñas de hasta 14 años procedentes de países donde se lleva a cabo esta práctica. De estas niñas, se estima que 3.652,13 están en riesgo de sufrir mutilación genital . Barcelona es la provincia con el número estimado de niñas en riesgo más elevado, con 746,14 niñas. La segunda es Girona (504), seguida de Madrid (335). CONSECUENCIAS DE LA MGF La mutilación genital femenina tiene consecuencias de por vida para las niñas y es una violación grave de sus derechos. Entre las consecuencias físicas, se pueden producir hemorragias, problemas urinarios y, a largo plazo, cistitis, infecciones, infertilidad, complicaciones en el parto y aumento el riesgo de mortalidad de la madre y el bebé, así como efectos psicológicos duraderos. Plan International solicita que la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, así como los servicios de prevención y respuesta a las diferentes formas de violencia de género, incluida la mutilación genital femenina, se consideren como esenciales durante las crisis y emergencias. En este sentido, reclama que se adapten para garantizar su accesibilidad permanente durante la pandemia. Los riesgos de protección de la infancia y los riesgos derivados de las prácticas nocivas deben evaluarse, vigilarse y abordarse en las respuestas a la COVID-19, incluso en los campamentos de personas refugiadas y desplazadas, las comunidades de acogida y en las situaciones de cuarentena. Las niñas y las mujeres jóvenes deben participar en la elaboración de planes de respuesta y recuperación para garantizar que se incluyan sus necesidades

PLAN INTERNATIONAL, PROTAGONISTA DE LAS ‘CHARLAS PARA CAMBIAR EL MUNDO’ EN IFEMA
Una iniciativa del programa de RSC y Voluntariado Corporativo de IFEMA, que ha tenido como invitada a Concha López, CEO de Plan International. Plan International ha participado en una nueva sesión de las ‘Charlas para cambiar el mundo’, una iniciativa enmarcada dentro del Plan de Voluntariado Corporativo de IFEMA, que en esta ocasión ha contado con la participación de Concha López, CEO de Plan International España, que ha aprovechado la ocasión para hablar sobre el trabajo de la organización para garantizar los derechos de la infancia en todo el mundo y la igualdad de las niñas. Concha López ha explicado cómo la organización trabaja para apoyar a los niños, niñas y jóvenes, dotándoles de los conocimientos y habilidades necesarias para que puedan alcanzar posiciones de relevancia en sus comunidades y contribuir al cambio. A través de campañas y proyectos, impulsan cambios en las prácticas y políticas locales, nacionales e internacionales, garantizando el desarrollo seguro de los jóvenes desde su nacimiento hasta la vida adulta. “Existe un potencial de 500 millones de niñas, adolescentes y mujeres que podrían y deberían jugar un papel crucial en el desarrollo económico y social de la próxima generación, la Generación Igualdad, pero no tienen las oportunidades para acceder a la educación, de participar en las decisiones o de conseguir un empleo decente”, ha asegurado. Los objetivos del movimiento que lideran, Girls Get Equal, se apoyan en datos que evidencian la desigualdad y la discriminación a la que se enfrentan las niñas en todo el mundo, como que 200 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a mutilación genital femenina o que 1 de cada 3 es obligada a casarse antes de la mayoría de edad. Además, trabajan con el propósito de acelerar el progreso para conseguir la igualdad, teniendo en cuenta que solo el 24% de los parlamentarios en todo el mundo son mujeres, o que solo hay 12 países con mujeres líderes. La labor de Plan International se desarrolla en tres ámbitos: promoción de derechos, ayuda humanitaria, y desarrollo sostenible. Entre otras, sus campañas buscan garantizar la educación y protección de niñas en las crisis y emergencias, y mejorar la seguridad de las chicas en las ciudades y en los espacios online. En la actualidad, Plan Internacional trabaja con más de 54.000 comunidades, con un equipo de 10.000 personas y más de 60.000 voluntarios en todo el mundo. Desde la puesta en marcha del Plan de Voluntariado Corporativo en IFEMA, más del 10% de la plantilla ha participado activamente en los diferentes proyectos contemplados con organizaciones nacionales, complementado con las ‘Charlas para cambiar el mundo’, que han contado con la participación de Save the Children y Manos Unidas, además de Plan International; y distintas campañas de donación de alimentos, juguetes y

EL ACCESO DESIGUAL A LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 PONE EN RIESGO A UNA GENERACIÓN DE NIÑAS
Los impactos de la pandemia han expuesto a las niñas a violencia y abusos, matrimonios infantiles, mutilación genital femenina y embarazos adolescentes, y amenazan con hacer retroceder décadas de avances en la educación de las niñas. COLABORA La vacunación contra la COVID-19 solo será eficaz si los gobiernos garantizan un acceso equitativo a la vacuna en los países de ingresos bajos y medios. De lo contrario, no solo se dificultará el control y el fin de la pandemia, sino que millones de niñas, adolescentes y jóvenes se enfrentarán a mayor riesgo de violencia y un retroceso en décadas de avances por sus derechos, advierte la ONG Plan International. Una pandemia prolongada en el tiempo seguirá agravando las desigualdades sociales, económicas y de género ya existentes, y tendrá efectos devastadores en los países y grupos más vulnerables, entre ellos las niñas y adolescentes, quienes ya están sufriendo en mayor medida los efectos secundarios de la pandemia. Los cierres prolongados de las escuelas, así como las restricciones de movilidad o para acceder a los servicios de salud han expuesto a las niñas y adolescentes a un mayor riesgo de violencia y abusos, trabajo doméstico, matrimonios infantiles, mutilación genital femenina y embarazos adolescentes, y amenazan con hacer retroceder décadas de avances en la educación de las niñas. “Aunque algunos países ya han iniciado sus campañas de vacunación, se calcula que más de 1.900 millones de personas, un cuarto de la población mundial, no tendrán acceso a ellas hasta 2022. Es necesario un esfuerzo colectivo y de cooperación internacional para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, y debe ser reconocido por los líderes mundiales como una cuestión fundamental de derechos humanos y de igualdad, porque millones de niñas y adolescentes están sufriendo los impactos derivados de esta crisis”, ha señalado Concha López, directora general de Plan International. En este sentido, la organización insta a los gobiernos de todo el mundo a que garanticen un acceso universal a la vacuna poniendo un foco especial en los colectivos más vulnerables como las personas refugiadas o desplazadas. Por otro lado, solicita que los países de ingresos bajos y medios dispongan de una cantidad suficiente que les permita vacunar a su población. Plan International apoya el llamamiento de la People’s Vaccine Alliance para que las vacunas de la COVID-19 sean consideradas como un bien público mundial y sean distribuidas gratuita y equitativamente en función de las necesidades de la población. Los países ricos no solo tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de su ciudadanía, sino también de ayudar a otros a hacerlo. Esto implica, entre otras cuestiones, evitar comprar la mayor parte del suministro de vacunas del mundo y reducir el acceso a las vacunas en otros lugares. Por eso, la organización insta a una mayor cooperación entre países, trabajando conjuntamente para compartir conocimientos y aumentar las dosis disponibles, y asignando una financiación sostenible y adecuada para apoyar el suministro de vacunas para los países más pobres a través de iniciativas como el mecanismo COVAX. Actualmente, se estima que sólo 1 de cada 10 personas en 67 de los países más pobres del mundo podrá ser vacunada en 2021, lo que representa una grave violación del derecho al acceso asequible y no discriminatorio a la vacuna. Pero la organización recuerda que, además de una cuestión de derechos, garantizar un acceso equitativo a las vacunas supondrá un beneficio económico global, ya que, si los gobiernos no permiten a los países de menores ingresos acceder a las vacunas, la economía mundial perderá entre 1,24 y 7,6 billones de euros. Es necesario un esfuerzo colectivo y de cooperación internacional para garantizar el acceso equitativo a las vacunas IMPACTOS DE GÉNERO DE LA PANDEMIA La violencia de género se ha disparado durante la pandemia y se teme que dos millones de niñas más sean sometidas a mutilación genital femenina este año como consecuencia de la pérdida de la educación y la interrupción de los programas de prevención, según Naciones Unidas. Además, existen barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, lo que, en seis meses de confinamiento, podría dar lugar a hasta 7 millones de embarazos no deseados, y otros 13 millones de matrimonios infantiles. La pandemia también ha afectado al bienestar emocional: casi nueve de cada diez niñas y adolescentes (un 88%) han sufrido ansiedad durante la pandemia, y las tasas más altas se encuentran entre las jóvenes de países de ingresos medios-bajos y bajos, según una encuesta histórica realizada por la ONG Plan International a 7.000 niñas de 14 países. En este sentido, la identificación de los grupos más vulnerables y en riesgo requerirá un fuerte enfoque de género y diversidad, y las decisiones de asignación de vacunas deben hacerse de manera transparente e inclusiva. Los gobiernos deben garantizar que los grupos más excluidos, como las personas refugiadas, las desplazadas internamente, las migrantes, las minorías étnicas y las poblaciones apátridas, se incluyan en los programas nacionales de vacunación. TRABAJO COMUNITARIO: SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN La organización alerta de la necesidad de implicar a las comunidades de los países en desarrollo en los procesos y planes de vacunación, a través de campañas de sensibilización y concienciación que ofrezcan información sobre la vacuna contrastada, real y basada en evidencias científicas, para evitar el riesgo de desinformación, bulos y campañas de rechazo. Plan International está preparada para apoyar las campañas de vacunación a través de la red de trabajadores y voluntarios con la que cuenta en las comunidades de los países en los que lleva a cabo programas, más de 50 en América Latina, África y Asia, así como para sensibilizar y ofrecer materiales a los centros de salud, como los equipos de protección individual (EPI). Desde el comienzo de la pandemia en marzo, Plan International ha trabajado para responder a la emergencia y a sus efectos secundarios apoyando a los niños, niñas y sus comunidades. Los programas de respuesta a la COVID-19 de la organización han ayudado a 79.2 millones de personas a través de educación en emergencias, apoyo para la alimentación y la subsistencia de las familias, kits de agua e higiene, protección infantil, apoyo psicosocial y sensibilización

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEMANDAN UNA RESPUESTA URGENTE EN LA CAÑADA REAL
La falta de suministro eléctrico que llevan sufriendo los más de 1.800 niños y niñas que viven en estos asentamientos se ha traducido en un empeoramiento extremo de sus condiciones de vida, que se ha visto seriamente agravado por la alta incidencia de la pandemia, así como las frías temperaturas del invierno. Esta situación pone en riesgo a muchos niños y niñas y provoca una vulneración grave de sus derechos, especialmente en el ámbito de la salud, pero también en otros derechos como el acceso a la educación, a vivir en un entorno adecuado o a la protección. Especialmente grave es en el caso de 20 bebés o de niños y niñas en situación vulnerable, convirtiéndose la necesidad de actuar en una emergencia humanitaria. Instituciones como el Defensor del Pueblo, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, los relatores especiales de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil o la propia Plataforma de Infancia han trasladado a las diversas instituciones competentes la necesidad de impulsar medidas, tanto urgentes como a largo plazo, para acabar con esta situación, siendo la cuestión más inmediata la necesidad de volver a proveer a las familias de suministro eléctrico. Las organizaciones firmantes somos conocedoras de situaciones de extrema gravedad y mostramos nuestra perplejidad y preocupación ante la ausencia de medidas suficientes y adecuadas ante el drama humanitario existente. El Real Decreto Ley 37/2020 aprobado el pasado diciembre es muy claro con respecto a la protección que debe darse a los consumidores vulnerables durante el estado de alarma, prohibiendo el corte de suministro eléctrico incluso en el caso de que no pudieran acreditar la titularidad del contrato de suministro. Por otro lado, la posible existencia de actividades delictivas en la zona no puede suponer, en ningún caso, un menoscabo de los derechos de los niños y las niñas, ni su culpabilización. Igualmente debe recordarse, ante la existencia de “enganches en precario”, que las personas afectadas han solicitado la posibilidad de tener contratos dentro de la legalidad, pero estos no han sido facilitados ni “se han esclarecido suficientemente las razones que lo impiden o dificultan” como ha trasladado el Defensor del Pueblo. Cabe recordar en este sentido que es un compromiso asumido por todas las administraciones públicas implicadas, a través del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, la garantía de un adecuado suministro de energía eléctrica a todos los ciudadanos de la Cañada Real. Este Pacto fue firmado en mayo de 2017 y dichos compromisos no han sido asumidos ni iniciados. Especialmente grave es en el caso de 20 bebés o de niños y niñas en situación vulnerable, convirtiéndose la necesidad de actuar en una emergencia humanitaria. Por todo ello demandamos: La adopción urgente de las medidas excepcionales necesarias para el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico a todas las familias afectadas. La adecuación y rehabilitación de la red eléctrica en la zona para garantizar un adecuado suministro eléctrico, partiendo en su caso de un peritaje externo que pueda esclarecer las dificultades técnicas y buscar soluciones a corto y largo plazo. Iniciar la posibilidad para acceder a contrataciones dentro de la legalidad en el corto plazo. Implementar los acuerdos establecidos en el Pacto Regional de la Cañada Real Galiana en el medio plazo para solventar este y otros graves problemas que sufren las familias de estos sectores. Realizar una evaluación del impacto que esta situación está teniendo en el bienestar y derechos de los niños y niñas afectados de cara a la toma de decisiones para reparar el daño e impacto negativo que haya podido tener en los diferentes ámbitos Tener en cuenta en todo momento la opinión de las familias afectadas y garantizar que las medidas que se implementan tengan en cuenta el Interés Superior del Niño tal y como obliga la Convención sobre los Derechos del Niño, por encima de cualquier otra consideración. Hacemos este llamamiento a la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno, los Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada así como a la empresa suministradora de la energía, Naturgy, para que en el marco de sus competencias hagan efectivas estas