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La Unión Europea debe proteger a los niños y las niñas en la frontera entre Grecia y Turquía
Desde que las autoridades turcas abrieran la frontera con Grecia, hace poco más de una semana, miles de personas solicitantes de asilo, entre ellas un gran número de niños y niñas, han intentado llegar a Europa atravesando la frontera con Grecia. Plan International, organización comprometida con los derechos de la infancia y, especialmente de las niñas, alerta de la grave situación de los niños, niñas y adolescentes refugiados y solicitantes de asilo que llegan a Grecia desde Turquía. Además, solicita a la Unión Europea (UE) que actúe de forma urgente y estratégica para garantizar que los derechos de todos los niños, y especialmente de las niñas y adolescentes , quienes se enfrentan a mayores riesgos específicos por su edad y su género, como la violencia sexual o la explotación, estén debidamente protegidos. Desde que las autoridades turcas abrieran la frontera con Grecia, hace poco más de una semana, miles de personas solicitantes de asilo, entre ellas un gran número de niños y niñas, han intentado llegar a Europa atravesando la frontera con Grecia. Plan International expresa una gran preocupación ante algunas medidas que están adoptando las autoridades y el ejército griego, entre las que se incluye el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua, para impedir que los y las refugiadas lleguen a las islas griegas por vía marítima. Por ello, insta a la Unión Europea a que responda y actúe de forma urgente ante estos sucesos, dando prioridad a los derechos humanos y la asistencia humanitaria, especialmente de las niñas y las adolescentes, independientemente de su condición jurídica. Las niñas y adolescentes están más expuestas a vulneraciones de sus derechos como la violencia, el matrimonio temprano forzado, el trabajo infantil o la trata. Es fundamental abordar sus necesidades específicas, por edad y género, y tomar medidas que garanticen su protección personal, física y psicológica. La UE tiene la responsabilidad de ofrecerles protección y asilo en situaciones de violencia, abuso, explotación y abandono . Los niños y niñas se ven obligados a emprender desplazamientos en los que ponen en peligro sus vidas para llegar a un lugar que se percibe como seguro: huyen de situaciones en las que sus vidas ya corrían un grave peligro, pero al hacerlo se enfrentan a nuevos niveles de inseguridad, en particular cuando no viajan acompañados, como vivir en condiciones de hacinamiento e inhumanas. La mayoría de ellos ven privado su acceso a los derechos más básicos, incluyendo el derecho a la vivienda; al agua potable; a la alimentación; la atención médica y psicosocial; y a la educación. Incluso en los centros de acogida y admisión, así como en los campamentos, están expuestos a la discriminación y la violencia. La Unión Europea y sus Estados miembro deben respetar sus compromisos con los derechos de la infancia, los principios humanitarios y el derecho internacional de los refugiados en situaciones de emergencia como la que se da en la frontera entre Turquía y Grecia. En particular, Plan International hace un llamamiento a la Unión Europea y sus Estados miembro para: Priorizar la protección y el bienestar de la infancia y que se atiendan sus necesidades inmediatas. Los Estados nunca deben ignorar su deber de proteger y defender los derechos humanos y el interés superior del menor, independientemente de su condición jurídica. Asegurar con carácter urgente la reubicación de los y las menores no acompañados de las islas griegas a otros Estados miembro de la Unión Europea para resolver la situación de los 5.500 niños y niñas no acompañados que han sido identificados. Esto debe hacerse mediante un enfoque estratégico basado en los derechos de la infancia, especialmente de las niñas.

El 60% de los hombres de zonas rurales en República Dominicana se casan o unen con menores de edad
La investigación realizada por Plan International, el NAM, UNFPA y la Unión Europea analiza las masculinidades y su impacto en el matrimonio y las uniones tempranas. Una investigación realizada por Plan International, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en República Dominicana y el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), con fondos de la Unión Europea, desvela que en las zonas urbanas casi un 10% de los hombres encuestados estaría dispuesto a unirse a una niña menor de edad; un 48.5% de los encuestados se ha casado o unido con una niña y, en las zonas rurales, ese porcentaje llega al 60%. El estudio “Las masculinidades y su impacto en el matrimonio infantil y las uniones tempranas” revela que la percepción que se tiene de las mujeres como objeto de disfrute sexual, las niñas y adolescentes como entes pasivos, el hombre como proveedor y protector, la concepción patriarcal sobre el lugar del hombre y de la mujer en el hogar y en la sociedad o los modelos, actitudes y otros factores externos que moldean la masculinidad. No obstante, un 85.5% de los encuestados cree que está mal que un hombre viva con una menor de edad. Del mismo modo, el 68.5 % cree que, en su lugar, la chica debería estar jugando o estudiando. De los que consideran que está mal, el 23% piensa que el hombre está cometiendo una violación y debería ser juzgado. Concha López, directora general de Plan Internacional España, asegura que “los matrimonios forzados no sólo obligan a las menores a abandonar la educación y las condena a una vida con pocas perspectivas, sino que, en un alto porcentaje de casos, conducen a la violencia, el abuso y las relaciones sexuales forzadas. Las niñas obligadas a casarse corren más riesgo de quedarse embarazadas cuando sus cuerpos todavía no están preparados”. Durante la presentación del estudio realizada en República Dominicana, la representante nacional de UNFPA, Sonia Vásquez, ha destacado el vínculo entre pobreza y matrimonios infantiles. Así, ha señalado que en la medida en que en el contexto personal haya niveles de pobreza, falta de acceso a servicios básicos y falta de educación de calidad, las uniones tempranas y los matrimonios infantiles seguirán aumentando. La directora de Plan International República Dominicana, Virginia Saiz, ha afirmado que “durante los últimos años la organización se ha esforzado por entender y profundizar en la problemática: por qué las niñas se quedan embarazadas, Por qué se casan o se unen a hombres mayores, cuáles son las consecuencias, etc. Sin embargo, poco hemos hecho por saber quiénes son esos hombres que prefieren a las menores de edad, qué buscan, quién o qué les ha motivado a ser así” Por su parte, el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Gianluca Grippa, ha resaltado que: “Este es un tema prioritario y vamos a continuar empujando para que los cambios necesarios sean implementados, siendo conscientes de que este flagelo afecta los más elementales derechos de las niñas, incluidos el derecho a la autonomía, educación, salud, juego y al desarrollo personal, y de que se relaciona a una mayor prevalencia de situaciones de violencia de género”. Concepción patriarcal El estudio informa que existe una concepción patriarcal respecto al lugar del hombre y de la mujer en el hogar y en la sociedad. Se dan casos en que los hombres limitan a las chicas menores de edad el tiempo destinado a los estudios o las tareas, lo que provoca que repitan curso. Además, a algunos hombres les molesta que su pareja continúe estudiando, porque creen que, cuando ella finalice sus estudios, dejará la relación, por lo que el espacio de las mujeres se ve muchas veces limitado solamente al hogar. Recomendaciones Las organizaciones coinciden en la necesidad de elevar la edad para contraer matrimonio a los 18 años, tanto para el hombre como para la mujer, y en la eliminación de la figura de la dispensa judicial en las uniones tempranas. Además, es necesario fortalecer el tejido social y comunitario en las zonas rurales, asegurando la participación activa de los hombres en organizaciones y espacios sociales de sus comunidades, con el objetivo de cambiar su percepción sobre el ámbito privado y el doméstico -el hogar y su entorno-. Proyecto “Niñas, No Esposas” El estudio ha sido realizado por Natanael Disla en el marco del proyecto Niñas, no esposas: Prevención del Matrimonio Infantil Forzado en República Dominicana, coordinado por Plan International y el NAM, y cuenta con financiación de la Unión Europea y la colaboración de UNFPA. Este proyecto ha beneficiado a más de 1.580 niñas y adolescentes de 12 a 18 años en 10 comunidades de las provincias de San Juan y Elías Piña. También a 500 padres, madres y tutores que habitan en 10 comunidades, 40 líderes religiosos, 160 docentes, orientadores y psicólogos de los centros educativos, 70 miembros de Mecanismos Comunitarios de Protección, opinión pública a nivel nacional, 3 Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos (JLPRD), 2 directorios de CONANI, 30 jueces, fiscales y personal policial a nivel nacional y provincial y el Congreso de la

Una de cada cuatro adolescentes no tiene empleo, educación ni formación profesional
Pese a que el número de niñas fuera de la escuela ha descendido en 79 millones en los últimos dos decenios, todavía hoy 130 millones de niñas de entre 6 y 17 años no tienen acceso a la educación, y, de ellas, un 75% son adolescentes. Una de cada 10 mujeres jóvenes no sabe leer ni escribir. 25 años después de que se aprobara la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 países en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, garantizar los derechos de los 1.100 millones de chicas adolescentes que viven en el mundo actualmente sigue siendo el gran asunto pendiente de nuestra era. A día de hoy, todavía mil millones de niñas y mujeres viven en países que no alcanzarán la igualdad de género para el 2030. El número de niñas fuera de la escuela ha descendido en 79 millones en los últimos dos decenios, y hoy casi dos de cada tres niñas estudian secundaria, comparado con una de cada dos en 1995. No obstante, muchas de las niñas escolarizadas no reciben una educación de calidad que les ayude a desarrollar habilidades y competencias clave, como las digitales o comunicativas, para incorporarse al mundo laboral. De hecho, casi una de cada cuatro adolescentes de entre 15 y 19 años no tiene empleo, estudios o formación profesional, comparado con uno de cada 10 chicos. En todo el mundo, 130 millones de niñas de entre 6 y 17 años no tienen acceso a la educación, y, de ellas, un 75% son adolescentes. Todavía una de cada 10 mujeres jóvenes no sabe leer ni escribir. Estas son algunas de las conclusiones del último informe “Una nueva era para las chicas: un balance de 25 años de progreso”, elaborado por Plan International junto con Unicef y ONU Mujeres como parte de la campaña Generación Igualdad y para conmemorar el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y presentado en vísperas del 64º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. “Es esencial que recordemos a los gobiernos su obligación de rendir cuentas sobre su compromiso con la histórica Declaración de Beijing, y hay muchos retos pendientes todavía 25 años después. Apoyar el desarrollo de las adolescentes tiene un triple beneficio social: para las niñas de hoy, para las mujeres adultas que serán y para las futuras generaciones. Esta década tenemos la oportunidad de hacer un avance histórico en materia de igualdad de género, pero las adolescentes no podrán prosperar y desarrollar todo su potencial si no tienen acceso a una educación y salud de calidad y viven libres de todas las formas de violencia”, subraya Concha López, directora general de Plan International. Pese a que la esperanza de vida de las niñas ha aumentado ocho años desde entonces y cada vez es mayor el número de niñas que van a la escuela, las adolescentes se siguen enfrentando a una serie de obstáculos específicos, por razón de género y edad, que la Plataforma de Acción de Beijing no tuvo en cuenta en su momento y que hace que todavía estén invisibilizadas. Las realidades de las adolescentes hoy en día son notablemente diferentes a las de 1995, sobre todo teniendo en cuenta la incorporación de las nuevas tecnologías y los complejos contextos de crisis humanitarias. Principales retos: educación, salud y violencia de género En el caso de las niñas y adolescentes más vulnerables, los avances se han estancado. Ellas son quienes más riesgo tienen de sufrir violencia durante la infancia debido a que el género se entrecruza con otros factores como la orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etnia, raza, y si viven en zonas rurales, zonas de conflicto o en situación de pobreza. La violencia de género sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más generalizada entre las adolescentes, para quienes el riesgo está en todas partes: en el hogar, en la comunidad, en las calles, en la escuela y online. Los derechos de las niñas y adolescentes son violados a diario: 200 millones han sufrido mutilación genital, 50.000 mueren cada año por problemas derivados del embarazo o el parto y una de cada veinte niñas de 15 a 19 años – 13 millones- han sufrido una violación. De ellas, se calcula que solo un 5%, o menos, han buscado ayuda profesional. En todo el mundo, 970.000 adolescentes de entre 10 y 19 años viven con VIH, comparado con 740.000 en 1995. La cifra de matrimonios infantiles ha disminuido desde 1995, sobre todo en algunas regiones como el sur de Asia, donde la práctica ha pasado de un 59% a un 30% en los últimos 25 años. A pesar de ello, los avances están lejos de ser universales. Alrededor de 12 millones de adolescentes todavía están en riesgo de contraer matrimonios forzados, especialmente las más vulnerables. Nueve de los 10 países con las tasas más altas de matrimonio infantil son países en conflicto. Para Plan International, organización comprometida con los derechos de la infancia y en especial de las niñas, Beijing+25 es una oportunidad para defender los derechos de las adolescentes e incluir sus voces en la toma de decisiones. En este sentido, para que lograr una igualdad de género real que tenga en cuenta la realidad de las adolescentes, la ONG recomienda que: Los responsables políticos apliquen un enfoque de género en todos los programas, políticas y presupuestos, a todos los niveles, desde el nacional hasta el estatal y local, para garantizar la atención a necesidades específicas y una distribución equitativa de los recursos; y que se ratifiquen todos los instrumentos internacionales, incluidas recomendaciones que garanticen el cumplimiento de los derechos de las niñas. Los Estados adopten medidas específicas para poner fin a la violencia de género y a prácticas perjudiciales como el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina, trabajando de forma conjunta con los líderes comunitarios, los niños y los hombres y las jóvenes activistas. Los sistemas educativos adopten planes para prevenir y responder a todas las formas de violencia en las escuelas y en sus alrededores, donde las niñas se enfrentan a acoso de forma frecuente. El currículo escolar debería cuestionar los estereotipos de género que perpetúan y legitiman la violencia de género. Se priorice la generación de datos sobre las necesidades de las adolescentes, especialmente de las más vulnerables y en aquellos ámbitos en los que menos datos existen actualmente. Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario Plan International se suma a la “Generación Igualdad”, una campaña de ONU Mujeres que pretende reunir a las próximas generaciones de líderes a favor de los derechos de las mujeres con las defensoras y los defensores de la igualdad de género y las personas que, hace dos décadas, hicieron posible la creación de la Plataforma de Acción de Beijing. Este 2020 es un año crucial para acelerar el logro de la igualdad de género. Además del 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, se cumplen cinco años desde la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se celebra el 20º aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, paz y la seguridad, y se cumple una década desde la creación de ONU Mujeres, la agencia de Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

El proyecto “Mentoria Social con Plan” acompaña a jóvenes vulnerables en su inserción laboral
Se trata de un proyecto específico de voluntariado social que realiza la Plan International España para promover la participación de los voluntarios y voluntarias como mentores/as. El proyecto de mentorías sociales subvencionado por la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia en la convocatoria de “Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de voluntariado y proyectos de innovación social para el año 2019” sumó el apoyo de 39 voluntarios para servir de mentores a casi 50 chicos y chicas de la Comunidad. Los mentores y mentoras son trabajadores de empresas con los que Plan International España colabora: Lancôme, Línea Directa, CHEP y Herbert, Smith & Freehills. Estos profesionales acompañan presencialmente a los y las jóvenes estudiantes de las Unidades de Formación e Inserción Laboral de la Comunidad de Madrid, UFIL, mediante orientación y escucha activa, de manera que favorezca su desarrollo personal y social. La base del proyecto de Mentoría Social en Empresa de la Plan International España es la realización de acompañamiento de tipo social y educativo. Social porque se dirige al colectivo de jóvenes en riesgo de exclusión y educativo porque la finalidad es favorecer el desarrollo de competencias personales y sociales. El procedimiento se ha realizado de forma simultánea con mentores y jóvenes, y con cada uno de ellos se llevan a cabo las siguientes acciones: Los objetivos que se han conseguido son: Apoyar el programa de inserción sociolaboral de la Fundación Plan International España; Mejorar la calidad de la intervención con los jóvenes mediante la orientación recibida por los/las mentores/as Favorecer el desarrollo personal de los mentores y las mentoras mediante la acción

La Mesa de Acceso Universal a la Energía reclama más ambición para cumplir con la agenda 2030
Con el lema “Trabajando juntos por el Acceso Universal a la Energía”, la Mesa de Acceso Universal a la Energía (MAUE) ha celebrado una jornada de debate para demandar una mayor ambición que permita garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas en 2030, como marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS7). Se estima que, actualmente, unos 1.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la energía eléctrica y que otros 2.500 emplean combustibles y modos de combustión inadecuados, por lo que el acceso universal a la energía en los plazos fijados por la Agenda 2030 supone un reto que requiere soluciones específicas y el concurso de todos los agentes sociales. En torno a este tema ha girado el encuentro “Trabajando juntos por el Acceso Universal a la Energía”, organizado por la Mesa de Acceso Universal a la Energía (MAUE), que ha tenido lugar en la sede del ICAI en Madrid, que ha reunido a decenas de especialistas, profesionales y agentes de la sociedad civil, que han presentado y debatido sobre las soluciones y desafíos que plantea facilitar el acceso a las formas de energía modernas, seguras, asequibles y sostenibles a todas las personas en la próxima década. El encuentro comenzó con una mesa inaugural, en la que han participado Jesús Abadía, presidente de la Junta Directiva de Energía Sin Fronteras; José Gabriel Martín y Julio Eisman, director-gerente y asesor senior respectivamente de la Fundación acciona.org; Carlos Mataix, director del itdUPM, Román Escudero, presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros de ICAI, y Concha López, directora general de Plan International, se ha destacado la importancia de desarrollo de soluciones multi-actor, que impliquen al sector público, privado y la sociedad civil, para acelerar el progreso. Posteriormente, durante las dos primeras ponencias, el profesor Pérez Arriaga del Instituto de Investigación Tecnológica, y Sofía Martínez, representante de la Comisión Europea, han expuesto respectivamente la situación del acceso universal en relación con la Agenda 2030 y su enfoque desde el pacto verde europeo. A continuación, los paneles de expertos provenientes de las organizaciones que conforman la MAUE, así como invitados del sector público, privado y de la sociedad civil, han abordado tres perspectivas importantes del acceso universal: el acceso como derecho humano, los modelos integrados como fórmula para conseguir extender el suministro eléctrico y la cooperación como palanca imprescindible para este fin. Entre las principales conclusiones de la jornada destaca la necesidad de conseguir compromisos conjuntos y formas de acción coordinada entre las administraciones públicas, la iniciativa privada y la sociedad civil, liderados por los propios colectivos afectados. Por otra parte, los expertos han destacado la viabilidad de los modelos de suministro eléctrico que contemplen de manera integrada los diferentes modos de electrificación (redes, microrredes y sistemas individuales), aunque será necesario eliminar las barreras a que se enfrenta hoy en día su implantación. En tercer lugar, se ha subrayado el papel de la Cooperación para el Desarrollo para conseguir el acceso universal y su necesaria coordinación con el resto de actores. La Mesa de Acceso Universal a la Energía La Mesa de Acceso Universal a la Energía (MAUE) es una plataforma compuesta por varias organizaciones del ámbito empresarial, académico, profesional y de cooperación para el desarrollo que decidieron en el 2014 coordinar sus actividades para lograr un mayor impacto en sus trabajos. En la actualidad participan en la MAUE la Fundación ICAI para el Desarrollo, el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas, la Fundación Energía sin Fronteras, la Fundación acciona.org, Plan Internacional, Trama Tecnoambiental y el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid

Atendemos a la población afectada por la emergencia del volcán Taal en Filipinas
Tras la erupción del volcán Taal en Filipinas el pasado 13 de enero, Plan International y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han activado el convenio de emergencia para atender a 3.000 personas afectadas. Población afectada por el volcán Taal en Filipinas Tras la erupción del volcán Taal en Filipinas el pasado 13 de enero, que ha provocado el desplazamiento de más de 130.000 personas, Plan International y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han activado el convenio de emergencia para atender a la población afectada en la región de Calabarzon, provincia de Batangas, a 70 km al sur de Manila. La oficina de Acción Humanitaria de la AECID destinará un presupuesto de 136.514,73€ a Plan International para prestar ayuda durante 3 meses a unas 3.000 personas, con especial atención a la protección de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y a sus familias desplazadas por la erupción del volcán en seis barrios o barangays de Agoncillo, en la provincia de Batangas. El foco de esta intervención se centra en la población infantil, adolescente y joven, a través de la distribución de transferencias en efectivo y actividades de sensibilización, para atender las necesidades básicas, promover los derechos de la infancia y prevenir la violencia de género, el trabajo infantil, la explotación sexual. Emergencia por la erupción del volcán Taal El volcán Taal se reactivó en varios puntos hasta convertirse en una erupción magmática el pasado 13 de enero, provocando una situación de emergencia que afecta a un total de 505.087 personas -más de 130.000 familias- en las provincias de Batangas, Quezon, Laguna y Cavite. Se calcula que 135.610 personas están alojadas en 535 centros de evacuación, y el 56% son menores de edad. Se han establecido centros de evacuación en más de 295 escuelas y lugares públicos, lo que dificulta el acceso de la población local a los servicios básicos. Además, los centros de se enfrentan a dificultades a la hora de satisfacer las necesidades básicas, como el agua, los alimentos y los elementos esenciales de higiene. El trabajo de Plan International Plan International, que trabaja en Filipinas desde 1961, está respondiendo a esta emergencia atendiendo las necesidades de la población desplazada. La organización ha activado una respuesta basada en la asistencia a través de Transferencias Monetarias Multipropósito (TMM), que busca llegar a un total de 600 hogares (3.000 personas, con especial atención a mujeres y niñas) afectados. El objetivo es asegurar que los miembros más vulnerables de la comunidad, en particular las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes estén protegidos de peligros adicionales, promover la recuperación temprana de la población afectada y aumentar su capacidad de resiliencia ante futuras situaciones de crisis. Las Transferencias Monetarias Multipropósito (TMM) se diseñan para abordar las múltiples necesidades de la población a través de una transferencia en efectivo, que además integran un enfoque transversal de género y de protección de infancia. En el marco de la respuesta, se implementarán grupos de debate sobre cuestiones de género y otras actividades de sensibilización para fomentar un análisis crítico de las desigualdades, las normas y la dinámica de los géneros para prevenir o mitigar el abuso, la explotación infantil, y todos los tipos de violencia. Plan International dará prioridad en la respuesta a las personas más vulnerables, como aquellas que han sufrido los impactos de desastres naturales recientes, quienes han perdido sus hogares o medios de vida, las familias con miembros con discapacidad, los hogares encabezados por mujeres y aquellos con niños y niñas menores de 5 años y con chicas adolescentes en riesgo de abusos y explotación.

Más de 14 millones de personas están en situación de hambruna en una de las mayores crisis alimentarias en el sur de África
Las cifras de inseguridad alimentaria han aumentado un 140% en nueve países de África del sur desde 2018, como consecuencia, especialmente, de los fenómenos extremos derivados del cambio climático. Las cifras de inseguridad alimentaria han aumentado un 140% en nueve países de África del sur desde 2018, como consecuencia, especialmente, de los fenómenos extremos derivados del cambio climático. Así lo han advertido las organizaciones internacionales Oxfam, CARE, Plan International y World Vision. Actualmente el número de personas en riesgo de grave inseguridad alimentaria alcanza los 14,4 millones de personas en África meridional, en comparación con los 6 millones que había en 2018. La crisis está teniendo consecuencias particularmente graves en Zimbabue, donde 5,8 millones de personas se enfrentan a graves niveles de inseguridad alimentaria tanto en las zonas urbanas como en las rurales. En Zambia hay 2,3 millones de personas afectadas; en Mozambique 2 millones, y en Malaui, 1,9 millones. En los dos últimos años, el retraso en la llegada de las precipitaciones y su escasez, la más larga desde 1981, así como otros fenómenos como las inundaciones y el aumento de las temperaturas, han alterado esto ciclos, causando estragos con resultados devastadores para la población. Estos patrones climáticos inusuales están provocando grandes pérdidas en las cosechas, afectando a varios cultivos, entre ellos el maíz, uno de los alimentos básicos cuyo precio ha incrementado en toda la región desde 2019. Las sequías han tenido un impacto devastador en los pequeños agricultores y, especialmente, en las mujeres agricultoras de la región. Dolly Nleya, una agricultora de Bulilima, en el sur de Zimbabue, cuenta a Oxfam que: “El cambio climático está matando nuestros cultivos porque los que solíamos cultivar se están secando. La sequía también está haciendo desaparecer las tierras de pastoreo de las que se alimenta nuestro ganado”. “Estamos muy preocupados por el creciente número de adolescentes que están siendo obligadas a casarse a cambio de comida”, dice Stuart Katwikirize, jefe Regional de Gestión de Riesgos de Desastres de Plan International. Ndjiole, una joven angoleña de 16 años, fue obligada a dejar sus estudios y su hogar para cuidar las tierras y el ganado familiar. “Somos agricultores y no hemos podido cosechar desde la última temporada. Sólo nos queda nuestro ganado. Si lo perdemos, moriremos de hambre”, cuenta Ndjiole a World Vision. “Estamos viendo un alarmante aumento del número de niñas que recurren al sexo como forma de ganar dinero para conseguir algo de comida. Apenas ganan 40 centavos cada vez que recurren a esta práctica. El aumento de los precios de los productos básicos y la escasez de alimentos hacen que algunas chicas sientan que no tienen otra opción. Estamos preocupados por el impacto a largo plazo de este tipo de violencia hacia las jóvenes”, explica Maxwell Sibhensana, director de Asuntos Humanitarios y de Emergencia de World Vision en el sur de África. A pesar de que los países de África del sur solicitaron más de 1.000 millones de euros para poder hacer frente a esta crisis alimentaria, solo han recibido la mitad de la cantidad requerida. En este sentido, las organizaciones solicitan con carácter urgente que se financie el llamamiento humanitario de las Naciones Unidas para ayudar a salvar las vidas de millones de personas. En la misma semana en la que ha finalizado la 33ª Sesión Ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA), que se celebró del 9 al 10 de febrero, World Vision, Plan International, Oxfam y CARE hacen un llamamiento a los líderes del sur de África para que: Aumenten las inversiones en sistemas de alerta y acción temprana sobre los desastres naturales. Promuevan enfoques agroecológicos para la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles que aumenten la capacidad de adaptación de los agricultores frente al cambio climático. Esto es crucial para lograr una transformación sostenible de la agricultura familiar en el África meridional. Implementen políticas agrícolas que permitan a las personas autoabastecerse de conformidad con el compromiso de la Declaración de Malabo de la Unión Africana de invertir el 10% del presupuesto nacional en la agricultura. “En esta región la crisis climática es permanente y está acabando con los medios de supervivencia gracias a los cuales las comunidades y las familias han sobrevivido a los periodos de escasez alimentaria durante generaciones. Esta crisis no es pasajera. Ahora mismo es la forma de vida de las personas de la región”, explica Nellie Nyang’wa, directora Regional de Oxfam para África del Sur. La magnitud de la sequía en todo el sur de África es alarmante. En los últimos cinco años, el continuo deterioro de las cosechas ha hecho que los países no hayan tenido tiempo suficiente para recuperarse de crisis anteriores y que sus reservas de cereales se hayan agotado. Solo en Zimbabue se ha registrado un déficit de un millón de toneladas de cereal en el último año. “Las mujeres y las niñas son las más afectadas durante las épocas de sequía y quienes sufren de manera desproporcionada las consecuencias del cambio climático. Ellas asumen la mayor carga de responsabilidad de los hogares, que, además de las tareas domésticas y la crianza de los hijos e hijas, incluye asegurar que sus familias dispongan de alimentos y agua. Además, ellas son las últimas en recibir alimentos y las primeras en saltarse las comidas. Hemos hablado con varias madres como Rachel, una madre soltera de 18 años del sur de Zimbabue, que cuentan que, a menudo, se saltan las comidas durante uno o dos días para asegurarse de que sus hijos e hijas tengan qué comer”, dice Matthew Pickard, director Regional Adjunto de CARE International para el África meridional. Las organizaciones también instan a los donantes a que: Aumenten sus contribuciones a los llamamientos humanitarios, sobre todo porque sólo se ha alcanzado el 51,2% de los fondos necesarios para Zimbabue; el 47,2% de los fondos para Mozambique y el 23% de los fondos necesarios de Zambia. Acrediten cómo se puede llegar a cumplir la promesa de financiación medioambiental de más de 900 millones de euros anuales a los países en desarrollo en este año de vencimiento. Se comprometan a aumentar la inversión específica para la adaptación al cambio climático, que ha sido descuidada hasta la fecha, y trabajar con los gobiernos de África del sur para invertir en programas a largo plazo que ayuden a fortalecer la capacidad de las personas para hacer frente a futuras crisis. Oxfam estima que, en los últimos años, algunos países menos desarrollados como Mozambique solo han recibido en promedio alrededor de 2,7 euros anuales por persona en concepto de ayuda destinada específicamente a la adaptación contra el cambio climático. Organizaciones firmantes: OXFAM CARE International Plan International World Vision International

la cifra anual de niñas que son sometidas a MGF aumentará a 4,6 millones en 2030
Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la MGF, Plan International solicita a los gobiernos que pongan en marcha medidas efectivas que prohíban esta problemática global que todavía afecta a millones de niñas. Sewanatu, de Sierra Leona, tenía seis años cuando fue sometida a mutilación genital. “Mi abuela me pidió que la acompañara y, cuando le pregunté a dónde íbamos, me respondió que iba a pasar a formar parte de la familia. No entendí de qué hablaba, pero la seguí y vi a otras cuatro personas. Una de ellas cogió mi pierna izquierda, otra la pierna derecha; la tercera una mano y la cuarta la otra. Abrieron mis piernas y me mutilaron”. Al menos 200 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital femenina (MGF) a día de hoy en los 29 países en los que esta práctica es endémica. Aunque se ha producido un descenso general en la prevalencia, el número de niñas que han sufrido MGF está aumentando debido al crecimiento de la población. Las cifras proyectan que las estimaciones actuales de 3,9 millones de niñas mutiladas cada año aumentarán a 4,6 millones para 2030. De mantenerse las tendencias actuales, más de 40 millones de niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años serán sometidas a la práctica hasta 2030. “La MGF es hoy un problema global que vulnera los derechos de las niñas y las jóvenes: en España, aunque está prohibida por ley, hay alrededor de 17.000 niñas que podrían estar en riesgo de sufrirla. Para cumplir con los ODS para 2030, es necesario un enfoque integral, que incluya sensibilización, educación, medidas legislativas y protección infantil”, subraya Concha López, directora general de Plan International. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina el 6 de febrero, la ONG Plan International hace un llamamiento para poner fin a esta grave violación de los derechos humanos con carácter urgente para evitar que los millones de niñas y jóvenes que todavía corren el riesgo de ser mutiladas en los próximos diez años no sean obligadas a someterse a esta práctica. Consecuencias de la MGF La MGF puede tener consecuencias físicas como hemorragias, problemas urinarios y, a largo plazo, cistitis, infecciones, infertilidad, complicaciones en el parto y aumento el riesgo de mortalidad de la madre y el bebé, así como efectos psicológicos duraderos en las niñas y mujeres que pueden conducir a problemas de salud mental y disfunción sexual. Debido a que la MGF es una forma de violencia de género, debe abordarse teniendo en cuenta las causas fundamentales de la desigualdad de género, así como otras prácticas perjudiciales asociadas a ésta, como los matrimonios tempranos forzados o los embarazos precoces. “La mayoría de las niñas no van a la escuela y, las que sí lo hacen, es difícil que terminen su educación. Se quedan embarazadas o se ven obligadas a contraer matrimonio a una edad temprana (…) El matrimonio es lo único de lo que te hablan cuando te inician”, explica Sewanatu. Sierra Leona ha sido el último país el prohibir “con efecto inmediato” la mutilación genital femenina. Según datos de Naciones Unidas, con cerca de un 90% de niñas y mujeres que han sido sometidas a esta práctica, este país tiene una de las mayores tasas de MGF en África, siendo uno de los pocos países del continente en el que aún era legal. Trabajo comunitario y nuevos ritos de iniciación En Sierra Leona, al igual que en otros países, la MGF es una tradición muy arraigada, considerada necesaria, ya que forma parte de un rito de iniciación de las niñas en la edad adulta, asentado en creencias acerca de la pureza de las niñas, el control de su sexualidad, el honor de las familias y su preparación para el matrimonio. Estas creencias se derivan de roles y estereotipos de género y privan a las niñas y mujeres de su derecho a decidir. Por este motivo, las leyes no son suficientes para acabar con esta práctica, y es necesario un trabajo a nivel comunitario que permita cambiar las normas sociales y culturales discriminatorias. Plan International ha puesto en marcha diversos programas en comunidades de países africanos para informar a las mujeres de la ausencia de obligación civil o religiosa de someterse a la mutilación genital femenina, así como de las consecuencias tanto físicas como psicológicas que ésta conlleva. La organización también promueve el compromiso de líderes religiosos y políticos para trabajar con los gobiernos y conseguir el fin de esta práctica. Plan International también trabaja para implicar a las niñas y los niños, las mujeres y hombres, los profesores y profesoras, el personal sanitario y los líderes tradicionales y religiosos para que entiendan las graves consecuencias de la práctica y se conviertan en agentes activos de cambio, promoviendo nuevos ritos de iniciación que mantienen el componente de transmisión de tradiciones, pero eliminan la mutilación genital, por lo que no son perjudiciales para la salud y la vida de las niñas. En los países donde hay datos disponibles (los países del África subsahariana donde se practica la MGF), una media del 67% de las niñas y mujeres de 15 a 49 años piensan que la práctica de la MGF debe terminar, y el 63% de los niños y los hombres están de

“Safer Cities for Girls”, nueva iniciativa contra el ACOSO CALLEJERO EN MADRID, BARCELONA Y SEVILLA
En apenas unos minutos, las jóvenes que residan en alguna de las ciudades participantes pueden compartir sus experiencias de forma anónima en una web, señalando los motivos por los que se han sentido seguras o no. La ONG Plan International presenta “Safer Cities for Girls”, una iniciativa para recopilar datos sobre las experiencias de acoso callejero de mujeres jóvenes en tres de las principales ciudades del país, Madrid, Barcelona y Sevilla, con el objetivo de cuantificar y tener datos fiables sobre este tipo de violencia de género y construir ciudades seguras, responsables e inclusivas partiendo de las experiencias y propuestas de las participantes. El proyecto “Safer Cities for Girls”, financiado por la Comisión Europea, pretende estudiar la percepción de las chicas de entre 15 y 25 años sobre su seguridad en estas tres ciudades españolas, donde las jóvenes viven un total de 294.322 jóvenes entre estas edades, alrededor del 5% de la población (173.255 en Madrid, 82.861 en Barcelona y 38.206 en Sevilla, según los padrones municipales). El estudio también se llevará a cabo en tres de las ciudades de Bélgica con mayor población: Bruselas, Amberes y Charleroi. “En ciudades de todo el mundo, las niñas y las jóvenes sufren a diario acoso callejero, una forma de violencia que se ha normalizado y que les impide disfrutar del espacio público y de su derecho a moverse libremente y a participar en la ciudad. Con este nuevo proyecto, queremos recoger más voces de las propias jóvenes y, con su participación, promover soluciones para que las ciudades sean lugares de inclusión, tolerancia y oportunidades”, ha destacado Sonia González, directora de programas locales de Plan International. En esta web, en apenas unos minutos, las jóvenes que residan en alguna de las seis ciudades participantes pueden marcar el punto en el mapa que quieren registrar, decir si les ha parecido un lugar seguro o inseguro, y dar detalles sobre su experiencia y los motivos por los que se han sentido así. Además, pueden indicar si recibieron ayuda o no, y cuáles son las características que, en su opinión, hacen que un lugar sea más seguro. Además de los puntos recopilados a través de la web https://safercities.poimapper.com/, se llevarán a cabo grupos de discusión con jóvenes y entrevistas a personas expertas. Con todo ello, se realizará un informe con recomendaciones a las instituciones y responsables de la mejora de la seguridad de las chicas en las ciudades y se diseñará una Guía de Recomendaciones para las Ciudades; un documento que Plan International compartirá con otras ciudades de España y Bélgica, así como con la Unión Europea. La iniciativa surge tras la experiencia de “Free To Be”, un proyecto que la ONG llevó a cabo en 2018 en cinco capitales: Madrid (España), Delhi (India), Kampala (India), Lima (Perú) y Sídney (Australia). Con los datos recogidos en esta herramienta, a través de la cual se señalaron 21.200 puntos válidos, se elaboraron tres estudios: “(In)seguras en la ciudad”, “(In)seguras en Madrid” e “(In)seguras en las calles”, que revelaron que el acoso callejero es un problema global que ocurre a todas las horas del día, y que está tan normalizado que miles de niñas y jóvenes de todo el mundo acaban por acostumbrarse y resignarse. ¿Por qué no se denuncia el acoso callejero? En ciudades de todo el mundo, las niñas y las jóvenes sufren a diario acoso callejero, una forma de violencia que se ha normalizado y que les impide disfrutar del espacio público Según los datos del informe de Plan International, “Reportando a las autoridades: experiencias de las jóvenes denunciando el acoso callejero”, elaborado con los datos del proyecto “Free to Be”, solo uno de cada diez casos de acoso callejero que ocurren en Madrid, Lima, Sídney, Kampala y Delhi, son denunciados. De estos, menos de un 30% llegan a tramitarse. Este estudio sobre las denuncias a las autoridades revela que no existen los mecanismos necesarios para responder al acoso callejero. De los 14.500 puntos e incidentes de acoso señalados en el mapa por las chicas, solo 1.270, es decir, menos de un 9% de los casos, fueron reportados y, de ellos, las autoridades no tomaron ninguna medida al respecto en un 67% de los casos (852) que sí fueron denunciados. En lo que respecta a denuncias por acoso sexual, la tasa de respuesta de las autoridades de Delhi es, comparativamente hablando, la más baja de todas las ciudades analizadas: sólo se actuó en un 2% de los casos. Sídney, por el contrario, es la ciudad donde más respuestas hubo por parte de las autoridades, con una cifra de un 34%; seguido de Madrid, 32%; Kampala, 18% y Lima, con un 16%. “El problema es que el acoso verbal no es un delito, así que estoy segura de que, si la policía viera que un tipo te está agrediendo físicamente, obviamente, actuarían en consecuencia e intervendrían. Pero si alguien te dice directamente a ti: “Hola preciosa” …. ¿Se supone que el hombre me ha llamado guapa o que me va a agredir? ¿Qué va a hacer la policía teniendo en cuenta que no es un delito?”, comentaba una de las jóvenes madrileñas participantes en el estudio. Este informe evidencia que, la mayoría de las veces, cuando las chicas denuncian, o bien no se les toma en serio o el sistema no cuenta con los mecanismos necesarios para apoyarlas. En la mayoría de los países de la Unión Europea (a excepción de Francia, Portugal y Bélgica) existe un vacío legal que hace que la mayoría de estos casos no se denuncien, y que cuando se hacen, las denuncias no se procesen. Plan International hace un llamamiento para que se adopten las siguientes medidas con el fin de generar ciudades inclusivas en las que las niñas y las jóvenes se sientan libres y seguras: Normativa: revisión de las ordenanzas locales de manera que se incluyan sanciones para el acoso callejero por razón de género. Simplificar los sistemas de denuncia para que sean claros y tengan la opción de presentar las denuncias de forma anónima. Además, todas las denuncias deben tomarse en serio y con respeto, sin importar la gravedad percibida por quien registra el incidente. Planificación urbana: adopción de un enfoque con perspectiva de género en el diseño y planificación urbana, que tenga en cuenta las necesidades de las niñas y de las chicas en los espacios públicos. Participación: promover la participación de las chicas y mujeres jóvenes en la toma de decisiones acerca del diseño y planificación urbana, así como en la adopción de políticas y medidas para prevenir y erradicar el acoso callejero y en la recopilación de datos. Campañas de sensibilización: destinadas a que la sociedad deje de normalizar el acoso callejero y comience a condenarlo como una forma inadmisible de violencia contra las niñas y las chicas, que las niñas y mujeres pueden denunciar y que cualquier persona que sea testigo debe actuar. Dichas campañas deben poner en el foco la persona que ejerce el acoso, no quien lo recibe, y deben estar destinadas a que la población masculina tome conciencia y se responsabilice sobre sus actos. Obtención de datos: deben obtenerse datos e información científica y rigurosa sobre el acoso callejero, de manera desagregada por edad y género actualizados para conocer la dimensión del problema. Inversión: aumento del presupuesto municipal para luchar contra todas las formas de violencia que afectan a las chicas y a las niñas por su género y su edad, tanto en educación y prevención como en detección y atención.

los resultados DE LA COP25 ignoran la EMERGENCIA y las voces de las niñias
Los resultados de la COP25 no reflejan urgencia, ambición ni foco en los derechos humanos. Los resultados de la COP25 no reconocen la urgencia de la crisis climática global y posponen la toma de decisiones clave al próximo año. Se ha hecho evidente una desconexión total entre lo que la ciencia demanda, lo que los y las jóvenes activistas exigen y lo que se ha conseguido en las negociaciones. Esta falta de ambición y de acuerdos tendrá un gran impacto en las vidas de millones de niñas en las comunidades más vulnerables, que serán quienes sufran los peores efectos y consecuencias del cambio climático, como las migraciones. Muchos de los países que más contaminan rechazaron aceptar y pagar por su responsabilidad histórica en la contribución a la emergencia climática, especialmente en lo que se refiere a pérdidas y daños, mientras que también se negaron a aceptar la ambición necesaria para cumplir el Acuerdo de París de 2015. Las voces de las niñas: ignoradas Plan International muestra su decepción con que los países no se hayan comprometido a incluir a los niños, niñas y jóvenes en la revisión de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés), planes de los países que explican cómo cumplirán las metas mundiales acordadas sobre emisiones y adaptación. Las generaciones más jóvenes están impulsando el movimiento mundial por la justicia climática y hubo una presencia significativa de niños, niñas y jóvenes en la COP25, pero es poco probable que sus voces sean incluidas en los planes de los países, que deben ser actualizados para finales de 2020. Una falta de reconocimiento a su potencial como agentes de cambio, como demuestra la nueva investigación de Plan International, Brookings Institution y UNICEF, que destaca que los niños y los jóvenes sólo se mencionan en el 42% de los actuales planes nacionales, mientras que sólo el 7,5% considera a la infancia como agente de cambio y sólo el 4% valora a los niños y niñas como partes interesadas en la toma de decisiones. Marinel, una joven activista filipina que participó en la COP25, dijo: “Los adultos siempre nos dicen que saben lo que es mejor para nosotros, pero si lo supieran, ¿por qué ahora nos enfrentamos a este futuro que han creado?” Un retroceso en Derechos Humanos La organización ha expresado su decepción por el retroceso general en el lenguaje sobre derechos humanos en los resultados de la COP25, que amenaza con socavar el Acuerdo de París. Como resultado, los gobiernos no están reconociendo plenamente las implicaciones sociales del cambio climático y no están respondiendo a los riesgos a los que se enfrentan los más vulnerables. Este retroceso tendrá un profundo impacto en las vidas de las niñas vulnerables que ya sufren una mayor discriminación como resultado del cambio climático. Por ejemplo, la investigación de Plan International y sus socios muestra que en la actualidad sólo una de las contribuciones determinadas a nivel nacional analizadas menciona la educación de las niñas, a pesar de su importancia para responder a la crisis climática: por cada año adicional de escolarización que recibe una niña, la resiliencia de su país ante los desastres climáticos mejora. Esta es una brecha significativa en la respuesta al cambio climático. Plan International hace un llamamiento a todos los gobiernos para que incluyan la educación de las niñas en la revisión de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Plan de acción de género: un paso hacia adelante Sin embargo, Plan Internacional acoge con satisfacción la adopción de un Plan de Acción de Género revisado que hace referencia a los derechos humanos, la transición justa hacia una economía ecológica y la promoción del liderazgo y la participación de las niñas en la ciencia, la investigación, el desarrollo y la tecnología. Los gobiernos deben aplicar ahora el Plan de Acción de Género para asegurar que las niñas y las mujeres tengan la oportunidad de asumir funciones de liderazgo por el clima ahora y en el futuro, y para llevar a cabo una acción climática que también promueva la igualdad de género. “La COP25 no ha conseguido la acción y la ambición que la juventud está pidiendo. El retroceso general del lenguaje de derechos humanos en todos los artículos que se están negociando es profundamente preocupante y amenaza con deshacer el núcleo mismo del Acuerdo de París. Esto es particularmente decepcionante cuando cada COP debería ser más avanzada y ambiciosa. Debemos seguir presionando para proteger y defender los derechos de las niñas que ya se encuentran en la primera línea de la crisis climática”, asegura Jessica Cooke, especialista en Resiliencia y Cambio Climático de Plan International.

Las estrategias climáticas no tienen en cuenta la contribución de niñas y jóvenes
Ninguna de las estrategias climáticas recoge explícitamente que invertir en la educación de las niñas es un gran avance para la estrategia climática. Las estrategias climáticas ignoran las preocupaciones sociales, así como las contribuciones que podrían realizar las niñas y las mujeres jóvenes. Así lo revela el estudio de Plan International “Los derechos de las niñas en las estrategias climáticas”, presentado con motivo del día de género de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25). La investigación, que se llevó a cabo junto con la Brookings Institution y UNICEF, tiene como objetivo cuantificar la medida en la que las estrategias climáticas tienen un enfoque en la educación de las niñas como herramienta para combatir el cambio climático. Para ello, se ha realizado una búsqueda de palabras clave como “mujeres”, “niñas”, “género”, “juventud”, “habilidades” o “generaciones futuras” en 160 de los documentos presentados por los diferentes países a la ONU en materia de adaptación al cambio climático (las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, NDC por sus siglas en inglés) y en 13 planes nacionales de adaptación (NAP) en inglés, español y francés. Si bien el 43% de los países hace referencia a los términos “mujeres” o “género”, en gran medida fue “en el contexto de las mujeres como grupo vulnerable”, y no como “partes interesadas que contribuyen con la mitigación o adaptación al cambio climático”. “Las mujeres y las niñas están a la vanguardia de la acción climática y, sin embargo, no están representadas en la toma de decisiones. A pesar de que la educación de las niñas es una de las mejores herramientas para combatir el cambio climático, la mayor parte de las estrategias nacionales sobre clima se centran en soluciones tecnológicas, dejando de lado las preocupaciones sociales y las contribuciones que pueden hacer las personas, en particular las niñas y las mujeres jóvenes “, subraya Concha López, directora general de Plan International España. Ninguna de las estrategias climáticas recoge explícitamente que invertir en la educación de las niñas es un gran avance en su estrategia climática, mientras que solo siete NDCs hacen referencia a niños, niñas y jóvenes como grupos específicos que deben participar en la toma de decisiones o en la acción climática. En este sentido, Plan International hace un llamamiento a los gobiernos, a los responsables de la formulación de políticas y a la sociedad en general para que garanticen la inclusión de las niñas en la acción contra el cambio climático. La investigación también desveló que las niñas desempeñan un papel fundamental en las soluciones contra el cambio climático. Educar a las niñas es una de las formas más efectivas de mitigar el cambio climático. De hecho, por cada año que una niña permanece en la escuela, la adaptación de su país contra el cambio climático mejora notablemente. El cambio climático aumenta las desigualdades que ya sufren las niñas, como el poco acceso a la salud y la educación sexual y reproductiva, los matrimonios infantiles, los embarazos precoces, la violencia y la trata de personas. Por eso, Plan International está participando en la COP25, que se celebra en Madrid, con el fin de que se aborden los riesgos específicos a los que se enfrentan las niñas en la acción climática.

Menos del 1% de los países aprueban en igualdad en su acción climática, según el Índice de Género de los ODS
España ocupa la posición número 23 del ranking de igualdad en ODS, por debajo de países como Alemania (7), Francia (14), Reino Unido (17) o Italia (19). Los resultados de los 129 países analizados en el Índice de Género de los ODS de la coalición Equal Measures 2030 revelan que el mundo está lejos de cumplir con la igualdad de género, también en sus medidas para combatir el cambio climático. Solo 13 países (Alemania, Eslovenia, Etiopía, Irlanda, Japón, México, Namibia, Nueva Zelanda, Perú, República Checa, Suazilandia, Suecia y Tailandia) aprueban en los indicadores que miden la igualdad en el ODS 13 sobre acción por el clima. El Índice de Género de los ODS, lanzado hoy en España por Plan International y KPMG en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25), es la herramienta más completa para medir, con cifras reales, los avances en materia de igualdad de género de cada país siguiendo los ODS. Este Índice analiza 14 de los 17 Objetivos y mide el desempeño de los países en 51 temas que abarcan desde la salud, la violencia de género, el cambio climático y el trabajo decente, entre otras. El ODS 13, el referente a la acción climática, es el segundo con peor puntuación a nivel mundial, obteniendo una calificación media “muy deficiente” de 51,2 puntos de 100. Además, 64 países, la mitad de los analizados, presentan puntuaciones “muy bajas”. Para evaluar la igualdad en este ODS, el Índice mide tres indicadores: representación de mujeres en las delegaciones nacionales de negociación climática en Naciones Unidas, compromiso para la reducción de riesgo de desastres y nivel de vulnerabilidad ante el cambio climático. “Faltan poco más de 10 años para cumplir la promesa de la Agenda 2030 y este índice revela que ninguno de los 129 países está adaptando totalmente sus leyes, políticas o decisiones presupuestarias en la medida necesaria para alcanzar la igualdad de género. En concreto, en cuanto a la acción climática, la COP25 que se celebra en Madrid es una oportunidad para que los países se comprometan a incorporar el enfoque de género en sus planes nacionales de adaptación o dejaremos atrás el potencial de las más vulnerables a los impactos de esta crisis: las niñas y jóvenes”, ha subrayado Concha López, directora general de Plan International España. En España, los Objetivos de Desarrollo Sostenible más avanzados son los relacionados con las medidas para la protección de la salud, la erradicación de la pobreza y aquellos relativos a cuestiones sanitarias, que se cumplen en al menos un 90%. El objetivo específico sobre igualdad de género, el ODS 5, alcanza una puntuación de 90,2. Por el contrario, aquellos temas en los que España necesita hacer más esfuerzos son los relativos a la acción por el clima y a la generación de alianzas y redes con socios para promocionar la igualdad de género, que presentan una puntuación por debajo del 50%. El gran reto de nuestra era El ODS 13, el referente a la acción climática, es el segundo con peor puntuación a nivel mundial. En España, los indicadores sobre acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos son los que peores resultados obtienen República Checa, Tailandia y Nueva Zelanda son los tres países que mejores puntuaciones obtienen en cuestiones de igualdad de género en la acción por el clima, mientras que Chad, Mauritania y Yemen obtienen los peores resultados a nivel mundial. España ocupa el puesto número 56 del ranking, superado por países como Irlanda (5), México (7), Namibia (9) o Nepal (10). Los Estados frágiles y la región del África subsahariana, donde las brechas de género son muy significativas, son los que ocupan los 20 últimos puestos del ranking sobre acción climática, ya que reciben puntuaciones muy bajas en cuanto a la vulnerabilidad climática y a su compromiso con la reducción del riesgo de desastres. Los países con peores resultados entorno al ODS 13 son: Camboya, Bangladesh, Yemen, Mauritania y Chad. Muchos de los países cuyas economías están creciendo más rápido como Bangladesh (124), Camboya (123) y China (107) tienen un desempeño “deficiente” entorno a la igualdad en la acción climática. “La preocupación por la emergencia climática es un asunto presente en todas las conversaciones sobre el futuro del mundo. Su impacto está teniendo consecuencias económicas y sociales de gran magnitud, y se incrementan las desigualdades ya de por sí agudas. El Índice de Género de Equal Mesures 2030 pone de manifiesto con sus datos que las mujeres y las niñas están sufriendo duramente a causa de las sequías, las migraciones involuntarias por motivos climáticos o el incremento de la pobreza añadida. Existen grandes expectativas sobre esta COP25. Es preciso y urgente buscar soluciones que aceleren la transición ecológica y el desarrollo social sin ralentizar la competitividad y el avance económico. El diálogo y la colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad entorno a este propósito común, será lo que permita avanzar con ambición hacia un futuro nuevo lleno de oportunidades para todos”, ha señalado Jerusalem Hernández, directora de Sostenibilidad de KPMG en España. En las crisis y períodos de inestabilidad, aumentan los abusos y la violencia sexual y de otros tipos a los que las niñas y adolescentes tienen que hacer frente. El número de matrimonios tempranos forzados se ha incrementado como consecuencia del cambio climático. En épocas de sequía, cuando los medios disponibles escasean, las niñas son las primeras en abandonar la escuela para ocuparse de las tareas del hogar, como ir a buscar agua. Las niñas que se convierten en refugiadas climáticas y migrantes también están más expuestas al tráfico infantil y otras formas de explotación. Plan International insta a la comunidad internacional a que reafirme los compromisos adoptados en el Acuerdo de París y ponga a las niñas y jóvenes de todo el mundo en el centro de las políticas nacionales para que sean ellas quienes lideren el movimiento contra el cambio climático. El reto de adaptación, mitigación y reducción de los impactos del cambio climático solo se resolverá si garantizamos el acceso a la educación, la participación y el liderazgo de las niñas y jóvenes. Para conseguir avances reales, todos los países deben abordar temas pendientes como cambio climático, violencia de género o presupuestos públicos con perspectiva de género, teniendo en cuenta aquellos grupos que podrían estar siendo invisibilizados por razón de religión, u orientación sexual. Suspenso mundial en igualdad Según esta herramienta, los ámbitos en los que el mundo está más atrasado en cuestiones de igualdad de género son las finanzas públicas y los datos (ODS 17), el cambio climático (ODS 13), la industria y la innovación (ODS 9) y el propio objetivo de igualdad de género (ODS 5). A nivel mundial, Dinamarca encabeza el ranking, seguido de cerca por Finlandia, Suecia, Noruega y los Países Bajos. Por el contrario, los países con las puntuaciones más bajas son: Níger, Yemen, Congo, República Democrática del Congo y Chad; todos ellos, estados frágiles o afectados por conflictos en los últimos años. España ocupa el puesto 23, situándose por debajo de países como Alemania (7), Francia (14), Reino Unido (17) o Italia (19). En total, 2.800 millones de niñas y mujeres viven en países que obtienen una calificación “muy deficiente” (con una puntuación de 59 o menos) o “deficiente” (60 – 69) en igualdad de género. Solamente el 8% de las niñas y mujeres de todo el mundo vive en países que lograron un puntaje “bueno” (80 – 89) y ningún país logra un puntaje “excelente”, es decir, una nota de 90 o más.