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Plan international celebra la prohibición de la mutilación genital femenina en sierra leona
La MGF es una grave violación de derechos que acarrea traumas y provoca lesiones físicas de por vida, como desequilibrios durante la menstruación, dificultades en el parto, hemorragias o infecciones del aparato urinario. Plan International, organización que trabaja por la defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, ha celebrado la prohibición “con carácter inmediato” de la mutilación genital femenina (MGF) en Sierra Leona, una práctica que supone una violación de los derechos humanos y un riesgo para la salud y el desarrollo de millones de niñas en todo el mundo. “Tres millones de niñas y jóvenes son mutiladas cada año en todo el mundo, pese a estar prohibido por ley o decreto constitucional en la mayoría de los países con mayor prevalencia. Desde Plan International celebramos la prohibición en Sierra Leona, pero pedimos a la comunidad internacional mayores esfuerzos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y acabar con la MGF para 2030”, ha afirmado Concha López, directora general de Plan International. La MGF es una grave violación de derechos que acarrea traumas y provoca lesiones físicas de por vida, como desequilibrios durante la menstruación, dificultades en el parto, hemorragias o infecciones del aparato urinario. En ocasiones, las complicaciones al dar a luz pueden provocar incluso la muerte de la mujer y el bebé. Pese a que en 2016 la Unión Africana aprobó la prohibición de esta práctica en los 50 estados miembro, la mutilación sigue siendo una tradición muy arraigada. Sierra Leona, uno de los países en los que la MGF todavía era legal, tiene uno de los índices más elevados del mundo: nueve de cada diez mujeres y niñas ha sufrido esta práctica, algunas con tan sólo cinco años de edad. Pese a que en 2016 la Unión Africana aprobó la prohibición de esta práctica en los 50 estados miembro, la mutilación sigue siendo una tradición muy arraigada Plan International trabaja en los 29 países de África, Asia y Oriente Medio donde todavía se lleva a cabo la MGF. Además de Sierra Leona (90%), algunos de los países con tasas de mutilación más altos en los que se llevan a cabo programas contra la MGF son Guinea (97%), Egipto (92%), Mali (89%), Etiopía (74%) y Guinea Bissau (50%). El trabajo de la organización para acabar con la mutilación genital femenina no solo se basa en promover cambios legislativos, sino también en el diálogo intergeneracional y la sensibilización en las comunidades, herramientas fundamentales para que las propias víctimas y sus familias sean agentes de cambio de normas sociales y culturales muy arraigadas. Plan International busca la implicación de las niñas y los niños, las mujeres y hombres, los profesores y profesoras, el personal sanitario y los líderes tradicionales y religiosos para que entiendan las graves consecuencias negativas de la práctica y se conviertan en agentes activos de cambio, promoviendo nuevos ritos de iniciación no perjudiciales para la salud y la vida de las niñas.
Plan International reclama enfoque de género en la reforma educativa
En todo el mundo, 130 millones de niñas de entre 6 y 17 años no tienen acceso a la educación, de las que un 75% son adolescentes. Con motivo del primer Día Internacional de la Educación, declarado por Naciones Unidas el 24 de enero, Plan International ha reclamado que la reforma legislativa en curso en España garantice el acceso a una educación inclusiva de calidad que permita superar los roles de género y que las niñas se desarrollen, aprendan, lideren, decidan y prosperen en condiciones de igualdad. La educación inclusiva y de calidad es un derecho humano fundamental, esencial para la realización de todos los demás derechos, reconocido como tal en la Convención de los Derechos del Niño y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. No obstante, 130 millones de niñas de entre 6 y 17 años en todo el mundo, de las que un 75% son adolescentes, no tienen acceso a la educación. “Todas las niñas tienen el mismo derecho a acceder a una educación de calidad, en entornos escolares seguros y libres de prejuicios de género, con referentes positivos, para poder desafiar las normas sociales discriminatorias y promover la igualdad de género”, ha asegurado Concha López, directora general de Plan International. “En el contexto actual de retroceso de derechos en todo el mundo, la educación es más importante que nunca: es necesario que el currículo tenga un enfoque de género para impulsar la participación y el liderazgo de las niñas”. Contar #LaHistoriaCompleta En España, la falta de enfoque de género se hace especialmente evidente en el caso de las STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En España, sólo el 7,6% de los referentes culturales y científicos que aparecen en los libros de texto de la ESO son mujeres. La presencia de las mujeres en los libros de texto disminuye a medida que los niveles de la ESO aumentan: hay un 9,4% en la primera etapa y un 6,4% en la segunda. Un desequilibrio que tiene su reflejo a la hora de elegir en la universidad: hay un 38% de chicos que optan por las carreras STEM, frente a un 15% de chicas, según el estudio Científicas en Cifras. Pero esa brecha ya comienza en la secundaria, cuando la proporción de chicas que quieren estudiar ciencias a los 15 años es tres veces menor que la de chicos. En este sentido, Plan International defiende la necesidad de un currículo de calidad, que tenga en cuenta las necesidades de niños y niñas con discapacidad, y unos materiales educativos con enfoque de género que generen referentes representativos para todos los niños, y en especial para las niñas. Solo enseñando #lahistoriacompleta, sin obviar a las mujeres que desempeñan un papel importante en la historia, se puede impulsar el liderazgo y la participación laboral y social de las niñas y mujeres jóvenes. Una ley de educación con enfoque de género En España, sólo el 7,6% de los referentes culturales y científicos que aparecen en los libros de texto de la ESO son mujeres En España está en proceso de tramitación una reforma de la ley de educación que supone una oportunidad clave de incluir una perspectiva de género real para una educación inclusiva de calidad. Plan International reclama que la nueva ley contemple una educación infantil de calidad con enfoque de género en la que se apliquen metodologías activas y basadas en el juego y que esté destinada a asegurar una transición positiva a la educación primaria. En cuanto al profesorado, debe asegurarse la paridad en todos los niveles y materias. También debe garantizarse su formación en enfoque pedagógicos adaptados, no tradicionales y de género. Asimismo, la organización defiende que la legislación educativa incorpore mecanismos de prevención, detección y respuesta ante la violencia escolar, lo que incluye la violencia de género, los castigos corporales y el acoso escolar. El final de la adolescencia es la etapa de cambio y paso a la edad adulta en la que las chicas deberían poder aprovechar todas las oportunidades de conseguir independencia económica y jugar un papel en el mundo laboral. No obstante, es cuando ellas más abandonan: tres de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años en todo el mundo que no estudian, trabajan ni reciben formación profesional son chicas. La formación técnica y digital, junto con las habilidades trasversales, son la clave para la inserción de niñas y jóvenes en el futuro mercado laboral, según nuestro informe ‘Mujeres jóvenes ante el empleo. Girls get equal job’. La ley también tiene la oportunidad de garantizar que la formación profesional tenga como objetivo brindar oportunidades de futuro a los y las jóvenes, especialmente de las mujeres jóvenes, para que jueguen el papel que les corresponde en el desarrollo económico y social de los próximos
La Campaña Mundial por la Educación reivindica el papel de la educación en la construcción de un mundo más sostenible
Bajo el lema “Defendemos la educación, sostenemos el mundo”, la Campaña Mundial por la Educación (CME) quiere destacar el papel fundamental de la educación en la lucha contra la degradación medioambiental y la trasformación hacia un modelo social y medioambientalmente sostenible, exigiendo a los representantes políticos el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030. Con motivo del Día de la Educación (24 de enero) y del Día Mundial de la Educación Medioambiental (26 de enero), la CME lanza “Defendemos la Educación, sostenemos el mundo”, que visibiliza la importancia de la educación para la supervivencia de nuestro planeta y de sus habitantes. Este año, la coalición Llama la atención sobre la necesidad de transformar nuestros sistemas educativos para que fomenten estilos de vida más sostenibles. El cambio climático constituye un reto global que no sólo tiene graves consecuencias medioambientales, sino un elevadísimo coste humano. Por ejemplo, la contaminación ambiental del aire contribuyó a 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo, 38.000 de ellas en España, según las estimaciones. También se prevé que, en 2050, 200 millones de personas se habrán visto obligadas a desplazarse a causa del cambio climático, cuyos efectos pueden llevar a la pobreza a 122 millones de personas en el año 2030. Este fenómeno afecta también a la educación, una de las primeras actividades que se abandonan cuando se produce un desastre, y tiene también graves repercusiones desde el punto de vista de género, ya que afecta de manera desproporcionada a las niñas y mujeres en crisis y emergencias. El papel de una educación equitativa, inclusiva y de calidad Desde la CME, coincidimos con Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas a la hora de reivindicar el papel esencial que debe desempeñar la educación en el necesario cambio individual y colectivo de nuestros comportamientos y patrones de consumo a fin de salvar nuestro planeta. Una educación equitativa, inclusiva y de calidad puede contribuir a que: Las personas sean capaces de comprender los problemas medioambientales y darles repuesta, así como de adaptarse a sus efectos negativos y reducir su vulnerabilidad. Por ejemplo, investigaciones que demuestran que los agricultores y agricultoras con mayor nivel educativo tienen una mayor capacidad de adaptación ante los efectos del cambio climático. Otros estudios apuntan que, si el progreso educativo se estanca, el número de víctimas de desastres naturales podría incrementarse en un 20% en la próxima década. Sin embargo, universalizar la educación secundaria para 2030 prevendría 200.000 muertes provocadas por desastres naturales en los próximos veinte años. Formar a una ciudadanía consciente de las causas y consecuencias del cambio climático y otros problemas medioambientales, y dotarla de los conocimientos, competencias y actitudes necesarios para buscar soluciones, cambiar sus patrones de consumo y transformar la sociedad. Por ejemplo, el aumento en la educación medioambiental favorece los cambios de valores y comportamientos tanto a nivel individual como colectivo, contribuyendo a modificar los hábitos de consumo y favoreciendo la búsqueda de soluciones a los problemas medioambientales. Semana de Acción Mundial por la Educación: Defendemos la educación, sostenemos el mundo Del 1 al 7 de abril se celebrará la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) bajo el lema “Defendemos la educación, sostenemos el mundo”. En España, habrá actos de movilización en más de 30 ciudades, donde se prevé la participación de más de 40.000 personas, entre estudiantes, docentes y activistas. La actividad de movilización de la SAME será la construcción de Scrabbles de la sostenibilidad por plazas y colegios de toda España. Durante todo el año más de 200 centros educativos y grupos de educación no formal han estado trabajando los materiales didácticos de la CME sobre educación, sostenibilidad y Agenda 2030, y serán ellos los encargados de impulsar distintos actos reivindicativos. Hay muchas formas de sumarse a la SAME. En la página www.cme-espana.org se publicarán las diferentes propuestas y en redes sociales, se difundirán las diferentes acciones bajo los hashtags #SAME2019
Plan International celebra la aprobación del anteproyecto de Ley contra la violencia hacia la infancia
Plan International celebra la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una norma clave para garantizar el derecho de los niños y niñas a vivir libres de violencia y que puede convertirse, una vez aprobada, en la más ambiciosa de los países de nuestro entorno en lo que respecta a los derechos de la infancia. “En Plan International valoramos muy positivamente que el Gobierno apruebe de este anteproyecto de ley que consolidará la consideración de los niños y las niñas como sujetos de derechos fundamentales y esperamos que se pueda seguir mejorando el texto normativo para abordar debidamente las formas específicas de violencia que sufren las niñas y adolescentes por su género y su edad”, ha afirmado Concha López, directora general de Plan International. En este sentido, la organización considera que esta ley debería hacer mención expresa a las formas de violencia contra la infancia con marcado carácter de género, como el matrimonio temprano, la violencia callejera por razón de género, la mutilación genital femenina, la trata y la explotación sexual en internet. Como demuestra el informe “Los derechos de las niñas en España 2018”, publicado por Plan International el pasado 10 de diciembre, el ordenamiento jurídico nacional generalmente ha invisibilizado a las niñas como sujeto de especial protección. Por este motivo, debería garantizarse que los datos de violencia contra la infancia se recopilan de forma desagregada en cuanto al género y otras diversidades, para disponer de datos específicos y poner en marcha las medidas pertinentes. Así, sería necesario contemplar medidas, incluidas las educativas, para superar las normas sociales de género que perpetúan las desigualdades y que están en la base de muchas de las formas específicas de violencia que afectan normalmente a las niñas. No obstante, el texto recoge muchas de las peticiones de la Alianza para Erradicar la Violencia contra la Infancia, una plataforma de organizaciones de infancia integrada por Plan International, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Save The Children, Unicef Comité Español y World Vision, con el apoyo de la Plataforma de la Infancia. Entre éstas peticiones están los protocolos contra la violencia en todos los colegios y prescripción más larga para los delitos sexuales contra menores, que recoge el anteproyecto de ley aprobado hoy Es crucial que las fuerzas parlamentarias sigan demostrando consenso en torno a este tema; los derechos de las niñas y los niños no pueden esperar y definen la altura ética de nuestra sociedad Plan International insta al gobierno y el parlamento a que la tramitación del anteproyecto de ley sea lo más breve posible, e invita a todas las fuerzas parlamentarias a acelerar su aprobación, tal y como se comprometieron en las reuniones celebradas durante la visita de Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Infancia. “Es crucial que las fuerzas parlamentarias sigan demostrando consenso en torno a este tema; los derechos de las niñas y los niños no pueden esperar y definen la altura ética de nuestra sociedad”, ha añadido Concha
Plan International celebra la aprobación de la PNL para un Pacto de Estado por la infancia
Este martes 18 de diciembre se ha debatido y aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la Proposición no de Ley (PNL) relativa a un Pacto de Estado por la infancia, un acuerdo que reivindicaban Plan International y todas las organizaciones que constituyen la Plataforma de Infancia. “Este Pacto por la Infancia servirá para garantizar a largo plazo los derechos de todos los niños y niñas, especialmente de los más vulnerables, independientemente del partido de gobierno o la situación económica, acercándonos a un modelo de país que pone a la infancia en el centro de sus políticas”, ha afirmado Concha López, directora general de Plan International. El pasado 13 de noviembre la mayoría de las fuerzas parlamentarias llegaron a un acuerdo para registrar la Proposición no de Ley para un Pacto por la Infancia a la que, finalmente, se sumaron todos los grupos parlamentarios. La PNL recoge las peticiones que se han trasladado desde la Plataforma de Infancia y sus organizaciones miembros, como Plan International, en materia de inversión en infancia, compromiso con la educación de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, y refuerzo del sistema de protección. España destina alrededor del 1,3% del PIB a protección de la familia y la infancia, frente a la media europea del 2,4%, según Eurostat. La PNL de Pacto por la Infancia propone incrementarla de manera progresiva hasta alcanzar la media de la Unión Europea. Propone, además, incluir indicadores específicos para garantizar la identificación de las partidas destinadas a la infancia en los presupuestos públicos y mejorar las partidas que más reducen la pobreza infantil, como la prestación por hijo a cargo. Estas medidas beneficiarían a unos 2.485.000 niños y niñas y reduciría las tasas de riesgo de pobreza infantil y de pobreza infantil severa en un en un 18% y un 30%, respectivamente, teniendo un impacto considerable también en las cifras de pobreza de los adultos. Por otra parte, el sistema educativo en España no logra compensar las desigualdades de origen, de forma que el nivel socioeconómico condiciona la trayectoria y el éxito educativo de niños, niñas y adolescentes, perpetuando la pobreza y la desigualdad. Ejemplo de ello es que el abandono educativo temprano ha caído para todos los niveles de renta entre 2008 y 2015 salvo para el 20% más pobre, en el que el 43% de niños y niñas abandona sus estudios. Por ello la PNL de Pacto por la Infancia propone establecer una cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para financiar conjuntamente la creación de 70.000 plazas públicas en escuelas infantiles que deberán ser gratuitas para las familias con menos recursos. De esta manera la tasa de escolarización en educación infantil se situaría en el 40,26%. Además, se ampliará la inversión en becas y ayudas al estudio para alcanzar la media europea del 0,44 % PIB en 2022. Además, el Pacto de Estado por la Infancia deberá destinar recursos a reforzar el sistema de protección de la infancia y la adolescencia en nuestro país para garantizar la correcta implementación de los cambios que introdujo la ley 26/2015 del 28 de
Plan International denuncia la invisibilidad de las niñas en la legislación sobre derechos humanos
En España, las niñas fueron jurídicamente invisibles hasta el año 2007, cuando la Ley de Igualdad las reconoce como sujeto explícito de una especial protección. En el último año, la legislación ha avanzado en la protección de sus derechos, pero siguen sin estar reflejadas de forma explícita. En el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Plan International ha presentado la actualización 2018 del informe ‘Los derechos de las niñas en España’, que analiza la legislación española y la aplicación al derecho nacional de diferentes tratados internacionales para identificar en qué medida el ordenamiento jurídico español considera los derechos y las necesidades específicas de las niñas. El informe, realizado con el apoyo de expertos de la firma Herbert Smith Freehills, concluye que las niñas fueron prácticamente invisibles en las leyes españolas hasta 2007, cuando se las reconoce por primera vez como sujeto explícito de una especial protección en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pero dentro de la categoría de ‘mujeres con especial vulnerabilidad’, no como sujeto de mayor vulnerabilidad respecto a la mujer. Según la actualización de 2018, en el último año la legislación ha avanzado en la protección de sus derechos, pero siguen sin estar reflejadas de forma explícita pese a sus necesidades específicas. Debe designarse una relatoría especial de Naciones Unidas que vele por la realización efectiva de sus derechos Relatoría especial por los derechos de las niñas Plan International ha lanzado una serie de recomendaciones destinadas a poner fin a la situación de invisibilidad de las niñas en el ordenamiento jurídico. Entre ellas, la creación en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de una relatoría especial sobre los derechos de las niñas que visibilice sus necesidades específicas, emita informes con recomendaciones concretas para que los Estados protejan debidamente sus derechos y pueda realizar misiones a aquellos países donde los derechos de las niñas están más en riesgo. “Setenta años después de la aprobación de la declaración de derechos humanos, las niñas siguen siendo prácticamente invisibles en el derecho internacional y nacional, por lo que consideramos necesaria una relatoría especial de Naciones Unidas que vele por la realización efectiva de sus derechos en todo el mundo e identifique cómo les impacta la intersección entre la edad y el género”, ha asegurado Concha López, directora general de Plan International. Además, la organización pide a los Estados que inviertan en la generación de datos desglosados por edad y género, que permitan reflejar adecuadamente las realidades de las niñas y diseñar planes de acción específicos para ellas. “A pesar de los avances de la legislación española en igualdad de género e infancia, este estudio pone en evidencia que el ordenamiento jurídico nacional generalmente invisibiliza a las niñas como sujeto de especial protección”, ha afirmado Miguel Riaño, socio director de la oficina de Herbert Smith Freehills en Madrid. Plan International incorpora a la lista de recomendaciones la necesidad de aprobar una Ley integral de protección ante la violencia contra la infancia que contemple acciones y recursos específicos para proteger a las niñas; la aprobación de un Plan Nacional de Acción contra la violencia hacia las niñas y la necesidad de contar con datos desagregados, por sexo y edad, que permitan diseñar e implementar políticas eficaces destinadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Plataforma por los derechos de las niñas Plan International ha lanzado hoy también la Plataforma de los Derechos de las Niñas en español, un repositorio que permite buscar y consultar 1.300 leyes y tratados internacionales y regionales, convenciones y resoluciones de Naciones Unidas para analizar cómo protegen los derechos humanos de las niñas. La plataforma online, lanzada en febrero y ahora disponible en español, es una base de datos integral e interactiva sobre derechos humanos que proporciona un fácil acceso a los textos emanados de Naciones Unidas y organismos regionales, tanto vinculantes como no vinculantes, para consulta de políticos, juristas, activistas y otros grupos de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos.
Celebramos que la declaración del G20 se comprometa con los derechos de las mujeres y las niñas
Destaca especialmente los compromisos detallados para promover el empoderamiento económico de las mujeres; trabajar con el sector privado para mejorar las condiciones laborales; y para reducir la brecha salarial de género. La ONG Plan International celebra la declaración final del G20, emitida el 1 de diciembre bajo el título ‘Construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible’, por sus claros compromisos por los derechos de las niñas y las mujeres. Los líderes de las naciones del G20 se han comprometido no solo a incorporar la perspectiva de género en toda la agenda del G20, sino también a fortalecer la participación de los grupos menos representados y más vulnerables en el entorno laboral. También han mostrado su compromiso para mejorar la situación laboral de los y las jóvenes y tomar medidas para erradicar el trabajo infantil y forzado, así como la trata de personas y la esclavitud moderna, temas que afectan de manera desproporcionada a niñas y mujeres jóvenes. La organización celebra especialmente los compromisos detallados del G20 para promover el empoderamiento económico de las mujeres; trabajar con el sector privado para mejorar las condiciones laborales; y para reducir la brecha salarial de género. También considera importante el énfasis en promover el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo y toma de decisiones, así como al desarrollo de habilidades digitales y la participación de niñas y mujeres en STEM y en los sectores de alta tecnología. Los líderes del grupo del G20 también subrayaron la importancia de la educación para las niñas y destacaron la necesidad continua de iniciativas para poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, así como la violencia de género. Para Plan International, la declaración final de la cumbre del G20 representa un paso positivo hacia el objetivo de conseguir un mundo justo e igualitario para las niñas y las mujeres y un futuro positivo y más seguro para todos los niños y niñas.
150 millones de niñas están en riesgo de ser obligadas a casarse hasta 2030
Los países del sur y sureste asiático siguen teniendo altos niveles de matrimonio infantil y forzado. Bangladesh tiene una de las más altas del mundo, con un 52% de las niñas casadas a los 15 años. A pesar de que las iniciativas puestas en marcha en el sur y sureste asiático contra el matrimonio infantil forzado están dando resultados, es necesario y urgente dedicar mayores esfuerzos e inversión para proteger a los 150 millones de niñas que están en riesgo de ser obligadas a casarse hasta 2030. Esta es la principal conclusión del nuevo informe regional lanzado hoy por Plan International y el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA por sus siglas en inglés), “Hora de actuar: acelerando los esfuerzos para eliminar el matrimonio infantil forzado en Asia”. El estudio detalla intervenciones e iniciativas efectivas puestas en marcha en la región que están contribuyendo al objetivo global de acabar con el matrimonio infantil y forzado para 2030, como marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Jóvenes activistas de todo Asia se han reunido en Bangkok para el lanzamiento del estudio junto con diplomáticos, agencias de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos de la Infancia, el secretariado de ASEAN (Asociación de Países del Sureste Asiático), organizaciones internacionales, legisladores y centros de estudios. Los jóvenes activistas han compartido sus experiencias luchando contra el matrimonio infantil y han pedido que las próximas generaciones de niños y niñas puedan vivir libres de esta violación de derechos que limita sus oportunidades y pone en riesgo su vida. Los países del sur y sureste asiático siguen teniendo altos niveles de matrimonio infantil y forzado. Bangladesh tiene una de las más altas del mundo, con un 52% de las niñas casadas a los 15 años, mientras que en Camboya un 19% de las niñas está casada o en unión civil a esa edad. Los embarazos adolescentes también han aumentado en Asia, donde hay un 43% de estos embarazos precoces no intencionados, algunos dentro del matrimonio. Los embarazos no buscados en la adolescencia también aumentan las tasas de aborto de la región, que en muchos casos son abortos no seguros. Los países del sur y sureste asiático siguen teniendo altos niveles de matrimonio infantil y forzado. Bangladesh tiene una de las más altas del mundo, con un 52% de las niñas casadas a los 15 años “Tenemos que acelerar nuestros esfuerzos y nuestro trabajo para acabar con el matrimonio infantil y forzado y para abordar las causas del embarazo adolescente”, ha asegurado Bjorn Andersson, director regional de UNFPA para Asia y el Pacífico. “Conseguir eliminar la violencia de género y las prácticas dañinas como el matrimonio infantil forzado es uno de los principales resultados transformadores que busca la UNFPA. Podemos conseguirlo reforzando las medidas para proteger y empoderar a las niñas, y trabajando conjuntamente con la sociedad para abordar las causas profundas de estos problemas, como son la desigualdad de género, la vulnerabilidad y la pobreza”. Las normas sociales profundamente arraigadas en torno a los roles y valores asociados a las niñas contribuyen al matrimonio infantil y forzado, mientras que las circunstancias económicas y sistémicas que empujan a las familias a forzar a las niñas a casarse persisten. Esto afecta a la salud y el bienestar de las niñas, exponiéndolas a violencia y embarazos no deseados, y limitando su educación y oportunidades de empleo. Es una práctica dañina que está restringiendo el desarrollo económico y social de naciones enteras. “El matrimonio infantil y forzado es una práctica dañina que afecta enormemente al desarrollo económico y social de los países. Con este informe, solicitamos mayor inversión y poner en marcha más acciones para asegurar que el matrimonio infantil es un problema del pasado”, ha asegurado hoy Concha López, directora general de Plan International. “Es necesario consolidar los progresos conseguidos y acelerar el cambio para asegurar que ninguna niña se queda atrás”. Las medidas necesarias, basadas en los datos y experiencias, pasan porque los y las jóvenes puedan influir en las decisiones políticas y promover educación sexual comprensiva, acceso a servicios de salud, colaboración de los hombres y los niños para entender las consecuencias de las relaciones desiguales de poder y empoderamiento de las niñas para asegurar que sus decisiones son respetadas, escuchadas y valoradas. La voluntad política y la legislación son clave para prevenir el matrimonio infantil y forzado y apoyar a los jóvenes para que tengan libertad de elegir como adultos con quién, cuándo y si quieren casarse. Globalmente, 12 millones de niñas se casan cada año antes de los 18 años. Si no se toman medidas sostenibles para abordar este problema, más de 150 millones de niñas más habrán sido obligadas a casarse para 2030.
Una niña sursudanesa fue subastada para matrimonio a través de Facebook
Un hombre de Sudán del Sur ha organizado una subasta en Facebook para casar a su hija de 16 años, en una venta en la que han participado cinco hombres, entre ellos altos cargos del Gobierno sursudanés. Un hombre de Sudán del Sur ha organizado una subasta en Facebook para casar a su hija de 16 años, en una venta por la que ha recibido 500 vacas, tres coches y 10.000 dólares y en la que han participado cinco hombres, entre los que había altos cargos del Gobierno sursudanés. La niña se ha casado el 3 de noviembre con el mejor postor en una ceremonia celebrada en el estado oriental de Lagos. “Este uso perverso e inhumano de la tecnología tiene reminiscencias de los últimos días de esclavismo. Que en nuestros días una niña pueda ser vendida para matrimonio en la mayor red social del mundo es algo casi increíble. Aunque la dote es una práctica común en los matrimonios de la cultura sursudanesa, no puede justificar el trato de objeto que ha recibido esta niña, vendida al mejor postor a cambio de la mayor cantidad de bienes y dinero”, ha asegurado George Otim, director de Plan International en Sudán del Sur. “Plan International hace un llamamiento al gobierno de Sudán del Sur para que se investigue este caso y suspenda a todos los cargos del Gobierno que participaron en la subasta. Pedimos que se respeten las leyes del país, que prohiben el matrimonio infantil, y animamos a todas las niñas que se encuentren en situaciones similares a que denuncien sus casos a la policía”, ha añadido Otim. Las niñas forzadas a casarse a una edad muy temprana ven vulnerados sus derechos humanos y también están en riesgo de embarazos prematuros, mortalidad materna y aislamiento social El artículo 15 de la constitución transicional de la República de Sudán del Sur afirma que cualquier persona en edad legal de matrimonio tiene el derecho a formar una familia, y el artículo 17 garantiza el derecho de las mujeres a consentir su matrimonio. Este artículo también define la edad legal adulta a los 18 años y asegura que el interés superior del niño debe ser protegido en todos los asuntos que afecten a su vida, prohibiendo que sean sometidos a prácticas de explotación y abuso. “El matrimonio infantil es una grave violación de los derechos humanos y una forma de violencia contra la niñas. Tiene profundas consecuencias para su bienestar, salud, educación, desarrollo y supervivencia. Las niñas forzadas a casarse a una edad muy temprana ven vulnerados sus derechos humanos y también están en riesgo de embarazos prematuros, mortalidad materna y aislamiento social, alejadas de su familia, amigos y otros apoyos”, ha explicado Emilia Sánchez, directora de incidencia política de Plan International en España. Plan International ha puesto en marcha clubes de derechos de la infancia en Sudán del Sur para informar a las comunidades sobre el impacto negativo del matrimonio infantil y forzado en la vida de las niñas. La organización también trabaja para que las niñas continuen su educación y para facilitar su empoderamiento económico, dándoles alternativas que les permitan conseguir sus propios ingresos e impedir que sean forzadas a casarse. La organización trabaja en Sudán del Sur desde 2006, incluso antes de la independencia del país, para garantizar el derecho de los niños y niñas a la educación, la salud, la protección y la seguridad económica. Plan International lleva a cabo proyectos ahora con 326.000 niños y niñas sursudaneses para conseguir cambios a largo plazo en un país que sufre ya décadas de conflictos.
42 ONG advierten que el regreso de los refugiados a Myanmar ahora sería peligroso y prematuro
La ONU ha declarado repetidamente que las condiciones en Myanmar en este momento no son propicias para regresar. Los refugiados siguen huyendo de Myanmar y facilitar la repatriación ahora sería prematuro Las agencias humanitarias y de la sociedad civil que trabajan en el estado de Rakhine en Myanmar y en los campos de refugiados de los rohingya en Bangladesh han expresado su profunda preocupación por la repatriación de refugiados que comenzará a mediados de noviembre, según un anuncio del Grupo de Trabajo Conjunto de los Gobiernos de Bangladesh y Myanmar, el 30 de octubre. Los gobiernos de Myanmar y Bangladesh han asegurado a los refugiados y a la comunidad internacional que la repatriación solo ocurrirá cuando sea segura, voluntaria y digna. Hacemos un llamamiento a ambos gobiernos para que cumplan con sus compromisos. La ONU ha declarado repetidamente que las condiciones en Myanmar en este momento no son propicias para regresar. Los refugiados siguen huyendo de Myanmar y facilitar la repatriación ahora sería prematuro. El regreso involuntario de refugiados de Bangladesh a Myanmar, donde sus vidas y su seguridad siguen en grave riesgo, es una violación del principio fundamental de no devolución. Los refugiados siempre han dicho que quieren regresar a sus propios hogares y lugares de origen, o a los lugares de su elección. Quieren garantías de poder disfrutar de los mismos derechos y de la ciudadanía. Quieren garantías de que cesarán las extremas violaciones de derechos humanos que han sufrido, y que los responsables de la violencia de la que huyeron serán llevados ante la justicia. No quieren volver a las condiciones de confinamiento sin libertad de movimiento, ni acceso a servicios y medios de subsistencia. Temen que estas condiciones se vuelvan permanentes, como la situación en el estado de Rakhine Central, donde 128.000 rohingya y otros musulmanes han estado confinados en campamentos sin libertad de movimiento durante más de seis años. Sobre todo, los refugiados nos dicen que tienen miedo. Huyeron a Bangladesh para buscar seguridad y están muy agradecidos con el gobierno de Bangladesh por brindarles un refugio seguro. Sin embargo, están aterrorizados por lo que les ocurrirá si son devueltos a Myanmar ahora, y se sienten angustiados por la falta de información que han recibido. “Realmente queremos regresar, pero no sin la ciudadanía (…) Deben otorgarnos la ciudadanía y una vida normal, como las otras personas que viven en Myanmar. Tienen que dejarnos en paz y no hacer. Tengo un hermano en Myanmar. Todavía tienen miedo de dormir por la noche. Todavía tienen miedo de que los maten en sus camas. Después de venir aquí, gracias a las bendiciones de Alá y el gobierno de Bangladesh, podemos dormir por la noche. Pero mi hermano no puede dormir por la noche”, explica una mujer refugiada de 30 años, que vive en campamentos. Como agencia de la ONU que tiene como misión proteger a los refugiados, ACNUR debe desempeñar un papel clave en cualquier proceso de retorno organizado, que incluya proporcionar a los refugiados información objetiva, actualizada y precisa en los idiomas y formatos pertinentes para permitirles tomar decisiones libres e informadas sobre si les gustaría ejercer su derecho a regresar y cuándo, obteniendo su consentimiento y monitoreando que las condiciones sean seguras para el retorno en Myanmar. Hacemos un llamamiento a los gobiernos de Bangladesh y Myanmar para que cumplan con sus compromisos, y aseguren que los refugiados en Bangladesh puedan tomar decisiones libres e informadas sobre el retorno, basándose en el acceso a información completa e imparcial sobre las condiciones en el estado de Rakhine. Las agencias de la ONU deben tener acceso sin trabas a todas las partes del estado de Rakhine para proporcionar esta información y monitorear la situación en áreas de posible retorno. Nota a los editores: Para más información sobre las condiciones necesarias para la seguridad y el retorno voluntario consulte la declaración conjunta de las ONG internacionales en Myanmar emitida el 8 de diciembre de 2017. El Primer Ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, afirmó públicamente el compromiso de su país de no devolver a los refugiados rohingya a Myanmar hasta que las condiciones fueran propicias, incluyendo “garantizar la protección, los derechos y el camino a la ciudadanía para todos los rohingyas” en su declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2018 en Nueva York. El gobierno de Myanmar también ha hecho declaraciones públicas de que los refugiados deben regresar “voluntariamente con seguridad y dignidad”. Para obtener más información sobre las condiciones de los derechos humanos dentro de Myanmar, consultar el informe completo de la Misión Internacional de Investigación en Myanmar que se publicó el 18 de septiembre de 2018. El principio fundamental de la no devolución es la piedra angular de la protección internacional de los refugiados y evita el retorno o expulsión de un refugiado “de cualquier forma a los territorios donde su vida o libertad se verían amenazadas por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política” (Artículo 33 de la Convención de Refugiados de 1951). Incluso los Estados que no son signatarios de la Convención de Refugiados de 1951 están obligados por el principio de no devolución, que es un principio reconocido del derecho internacional consuetudinario. La Ley de Derechos Humanos (la Convención de la ONU de 1984 contra La tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966) también prohíben el regreso o expulsión de una persona a un país donde corra peligro de ser torturado o perseguido. Para obtener más información, consulte la Nota de ACNUR sobre el Principio de no devolución. Para más información sobre las normas internacionales relativas al voluntariado, repatriación, ver el Manual del ACNUR sobre Repatriación Voluntaria.
Tres de cada cuatro chicas participantes han sufrido acoso callejero verbal en Madrid
Pese a ser una ciudad segura, las niñas y chicas jóvenes no se sienten completamente libres en Madrid. Piropos no deseados, miradas insistentes, manoseos y exhibicionismo son algunas de las formas de acoso callejero con las que conviven diariamente. El acoso callejero es un fenómeno global que experimentan las niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo. En Madrid, una de las ciudades más seguras, las chicas tampoco se sienten completamente libres y sin miedo en el espacio urbano, según el estudio “(In)seguras en Madrid” de Plan International. Casi tres de cada cuatro de las niñas y mujeres jóvenes participantes han experimentado acoso callejero verbal: piropos no deseados, silbidos o miradas insistentes que generan sensaciones que van de la incomodidad al miedo. “El informe pone de relieve que el acoso callejero es algo habitual y normalizado: las chicas lo viven con resignación. Sin embargo, tiene su origen en relaciones desiguales de poder y afecta directamente a sus derechos: limita su libertad e impide que puedan vivir la ciudad en condiciones de igualdad”, ha explicado en el acto Emilia Sánchez, directora de Incidencia Política de Plan International. En un acto organizado hoy por ONU Hábitat en el marco del II Foro Mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz, Plan International ha presentado los resultados del informe “(In)seguras en Madrid”, un estudio que analiza las experiencias sobre la seguridad e inseguridad de las chicas y mujeres jóvenes en la capital española, recogidas a través de la plataforma web Free to Be. Los resultados de Free to Be en Madrid En abril de 2018 Plan International puso en marcha la iniciativa Free to Be, una plataforma web que durante dos meses ha permitido a niñas y mujeres jóvenes de Madrid, Kampala, Sídney, Lima y Nueva Delhi señalar en mapas online los lugares dónde se sentían más o menos seguras en sus ciudades y explicar, de forma anónima, el por qué. El informe “(In)seguras en Madrid” recoge y analiza las 951 respuestas de las jóvenes de entre 16 y 30 años que han participado en la capital española, la mayoría estudiantes. El 84% de los puntos recogidos en Madrid están asociados a experiencias de acoso, de los que el 72% corresponden a acoso verbal callejero, sin contacto físico: piropos no deseados, miradas insistentes, silbidos, acercamientos. Esta fue la principal causa de preocupación de niñas y jóvenes en Madrid, puesto que crea sensación de inseguridad y vulnerabilidad y conlleva el constante miedo de escalada a formas más evidentes de violencia. El informe pone de relieve que el acoso callejero es algo habitual y normalizado: las chicas lo viven con resignación La mayoría de las experiencias desagradables se concentran en los espacios de “la calle” y el “transporte público”, lo que en algunas ocasiones condicionó sus actividades cotidianas. En el caso de la calle, los puntos positivos supusieron el 52% y los negativos el 67%, concentrados sobre todo en zonas de aglomeración de gente, como la Puerta del Sol, la estación de tren de Atocha, las calles Gran Vía y Hortaleza y las calles Argumosa, Ave María y Tribulete en Lavapiés. Las chicas son conscientes de que esto les ocurre por ser mujeres: en el 78% de los testimonios de experiencias negativas, las participantes identificaron como razón la discriminación por razón de género. Uno de los principales y más preocupantes resultados del informe es la normalización del acoso por parte de la sociedad. Las jóvenes sienten que es un problema minimizado, y que, especialmente el verbal, no es considerado como una agresión. El 48% de las chicas señaló que sucede con tanta frecuencia que ya están acostumbradas. Como resultado las jóvenes tuvieron que adoptar sus mecanismos de defensa: tras una situación de acoso el 39% evitó volver a pasar sola por el lugar, el 10% nunca volvió al sitio y, un 1% llegó a dejar los estudios o el trabajo a raíz de una experiencia de acoso. En general el acoso no se denuncia. Apenas el 8% de las jóvenes participantes se animaron a acudir a las autoridades y cuando esto ocurre la respuesta es mínima o nula: en el 73% de los casos señalaron que las autoridades no actuaron como ellas esperaban. Muchas formas de acoso no están tipificadas como delito en la mayoría de los países. Recomendaciones para hacer ciudades más seguras Además de los datos recogidos en la plataforma, para elaborar el informe Plan International ha llevado a cabo una serie de grupos de discusión con las jóvenes, 11 estudios de caso y 17 entrevistas a expertos. De ellos se extraen una serie de recomendaciones para abordar la problemática y construir una ciudad más segura e inclusiva. Comenzando por educar en igualdad en las instituciones, el ámbito familiar y las escuelas, las chicas piden también educación sexual para disponer de información y herramientas para mantener relaciones sanas y en igualdad, así como la colaboración de los hombres y chicos en la lucha por la igualdad, empatizando con sus experiencias. En el plano público, los expertos señalan que es “necesaria la planificación urbana apostando por la inclusión de las mujeres”. Las chicas solicitan que los medios de comunicación cambien la narrativa sobre el acoso callejero, para poner el foco en la persona que ejerce el acoso y no en quien lo recibe, y que la sociedad condene todas las formas de acoso y abuso. En este sentido, también piden una revisión del código penal que admita como delito todas las formas de violencia, entre las que se incluye el acoso en la vía pública, para que las fuerzas de seguridad puedan y sepan actuar al respecto. El programa Safer Cities de Plan International La iniciativa Free to Be forma parte del programa Safer Cities que la organización Plan International desarrolla actualmente en Nueva Delhi (India), Hanoi (Vietnam), El Cairo (Egipto), Kampala (Uganda), Nairobi (Kenia), Lima (Perú), San Francisco (Paraguay) y Honiara (Islas Solomon), en asociación con ONU Hábitat y Women in Cities International. El objetivo global del programa es promover la construcción de ciudades seguras e inclusivas para las chicas de entre 13 y 18 años. El programa pone foco en mejorar el acceso a los espacios públicos, aumentar la participación de las jóvenes en el desarrollo urbano y el gobierno de la ciudad, además de facilitar su movilidad en la
Solicitamos atención prioritaria para las niñas de la caravana migrante de Centroamérica
Los estados deben garantizar un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género e infancia en sus políticas migratorias y garanticen los derechos de los niños y niñas, independientemente de su condición migratoria. Plan International, organización humanitaria que trabaja por los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, hace un llamamiento urgente para que se dé atención prioritaria las necesidades de los más de 2.000 niños y niñas que forman parte de la caravana de desplazados de Honduras y Guatemala que se dirije hacia Estados Unidos. En los últimos días, un grupo de 7.233 personas salió de Honduras para dirigirse a Estados Unidos, entre las que se encuentran 2.377 niños y niñas, según fuentes oficiales. Plan International alerta de que muchos niños y niñas se encuentran en zonas inseguras, lo que les pone en grave riesgo de violencia, abusos y explotación. Las niñas y mujeres migrantes se enfrentan a peligros específicos por su edad y género, y a menudo sufren violaciones de sus derechos, con especial incidencia de violencia sexual. Además, muchas niñas, niños y jóvenes corren el riesgo de ser separados de su familia en las fronteras. “Todos los niños, niñas y jóvenes desplazados de Honduras y Guatemala son titulares de derechos, recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario, y deben ser garantizados independientemente de su condición migratoria o de las razones por las que han emigrado”, ha explicado Emilia Sánchez, directora de incidencia política de Plan International España. “Es fundamental que los estados receptores prioricen un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género e infancia, en sus políticas migratorias. Hacemos un llamamiento a los gobiernos de Guatemala, México y Estados Unidos para que atiendan las necesidades específicas de la infancia, y en especial de las chicas adolescentes, y aseguren que ningún niño o niña sea separado de su familia bajo ninguna circunstancia”, ha asegurado Débora Cóbar, directora regional de Plan International en Latinoamérica y el Caribe. Todos los niños, niñas y jóvenes desplazados de Honduras y Guatemala son titulares de derechos, recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario, y deben ser garantizados independientemente de su condición migratoria Plan International trabaja en Honduras y Guatemala y su respuesta a la crisis migratoria se centra en ofrecer apoyo psicosocial y atención médica a las mujeres y niños y niñas no acompañados que vuelven a Honduras, en conjunto con el Ministerio de Salud del país. También busca facilitar su transporte hasta sus comunidades cuando es necesario. En Lempira, en el sureste del país hondureño, Plan International trabaja con la Fundación Corazón de Gracia para dar apoyo psicosocial y formación. En Guatemala, Plan International colabora con organizaciones de la sociedad civil para monitorear la situación de los niños y niñas migrantes y se prepara para responder a la crisis si la situación se deteriora. Las fuentes oficiales indican que 1.107 personas han vuelto a Honduras en los últimos días, entre los que hay 126 niñas y niños. Desde 2014, más de 42.000 niños, niñas y jóvenes migrantes han retornado a Honduras. “Tenemos el compromiso de seguir esta crisis de desplazados y seguiremos trabajando con los estados, la sociedad civil y Naciones Unidas para ofrecer asistencia humanitarian a los niños y niñas desplazados y sus familias”, ha agregado Cobar. “Son necesarias soluciones urgentes para garantizar su supervivencia y bienestar”.
